MARTES Ť 11 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Informe final de la Revisión de la Hacienda Pública 1999
Recibieron Nafinsa, Banrural y Fina recursos de forma irregular
Ť Incumplieron ISSSTE, ASA y Fonacot seguimiento de recuperación de cuentas por cobrar, revelan auditorías
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ S.
Las consideraciones finales del Informe de Resultados sobre la Revisión de la Hacienda Pública Federal de 1999 sostienen que Pemex-Refinación no se apegó a las disposiciones legales de los Programas de Infraestructura Productiva (Pidiriegas) y que la Financiera Nacional Azucarera (Fina), Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), Nacional Financiera (Nafinsa) y Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) recibieron recursos "sin haber sido consideradas dentro de los programas de saneamiento financiero de 1999".
El documento señala que en la Policía Federal Preventiva (PFP) se utilizó de manera discrecional la partida para "acciones policiales especiales". En las auditorías al ISSSTE, ASA, Fonacot y Apituxpan se observó que no han realizado un estricto seguimiento de la recuperación de cuentas por cobrar, en el caso de la Lotería Nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNA), Pemex Exploración y Producción, Pemex-Refinación, ISSSTE, SITF y Firco se requirió el fincamiento de pliegos de responsabilidades administrativas, por concepto de pagos indebidos, sanciones no aplicadas por incumplimiento de proveedores
Y en estos organismos "se detectaron irregularidades que requirieron la intervención de instancias judiciales por asuntos relativos a procesos de compra, anticipos no justificados, pagos indebidos, devoluciones de mercancías no reintegradas y recursos no recibidos por beneficiarios".
Pemex refinación y Pidiregas
De la revisión del proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, se constató que Pemex-Refinación "no se ha apegado a las disposiciones legales establecidas para regular los Pidiregas. A pesar de que el proyecto no ha concluido, y por lo mismo no genera los ingresos que permita a la entidad hacer frente a las obligaciones contraídas para su ejecución (en contravención del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública), ésta comenzó en diciembre de 2000 a efectuar los pagos por el servicio de la deuda negociada por los contratistas (la empresa Comproca)... esos pagos estaban condicionados al término de los trabajos convenidos en el contrato, lo cual no aconteció por problemas en la construcción de las obras, atribuibles a Pemex-Refinación como a los contratistas ganadores de la licitación.
"Por tanto, el pago de los servicios financieros por parte de Pemex-Refinación, indica que esta entidad más que garante del cumplimiento del contrato, se ha convertido en el obligado directo de la deuda contraída, al hacer frente a las obligaciones correspondientes con ingresos que no proceden del proyecto en cuestión, dado que aún no ha entrado en operación".
Programas de saneamiento financiero
Las dependencias beneficiadas aun sin haber sido consideradas en los programas de saneamiento financiero son las siguientes:
Financiera Nacional Azucarera (Fina), la cual recibió, vía transferencias, apoyos fiscales del gobierno federal por mil 253 millones de pesos, que sumados a los recursos que se le entregaron a ese organismo desde 1996 hacen un total de dos mil 255 millones de pesos. "No obstante, estos recursos no fueron suficientes para crear una reserva de capital que le permitiera a la institución sanear sus finanzas. La situación financiera de Fina se continuó deteriorando ante la problemática del crecimiento de la cartera vencida".
Sobre el Banco Nacional de Comercio Interior, el informe señala que se recomendó el cierre contable y administrativo en el mes de febrero del 2001, "situación no se ha cumplido".
Por su parte, Nacional Financiera recibió del gobierno federal mil 597 millones de pesos para la operación de programas y saneamiento financiero. Dichos recursos se destinaron al pago parcial de los intereses generados por el Contrato de Crédito Simple, suscrito entre Nafin y el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares (Fideliq), por 20 mil 788 millones de pesos.
El documento señala las recomendaciones a la Cámara de Diputados, porque se identificó que la normatividad establecida para el ejercicio presupuestal de las erogaciones por subrogaciones, pasajes nacionales, y asignaciones a los grupos parlamentarios requiere fortalecerse y actualizarse.
Para la Cámara de Diputados, los lineamientos que norman las asignaciones que reciben los legisladores requieren de mayor precisión.
Y al Poder Judicial se le practicaron seis auditorías, de las cuales tres corresponden al Consejo de la Judicatura Federal y tres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.