MARTES Ť 11 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť González Gálvez recomienda cautela al respecto
Difieren las posiciones de funcionarios respecto a la Corte Penal Internacional
ROSA ELVIRA VARGAS, VICTOR BALLINAS E ISRAEL DAVILA ENVIADOS Y CORRESPONSAL
Mientras desde la cancillería se impulsa que México sea uno de los primeros 60 países en ratificar la creación de la Corte Penal Internacional y se apresta a enviar la documentación respectiva al Senado de la República, así como una iniciativa que modificaría el artículo 21 constitucional para reconocer la jurisdicción de los tribunales previstos en los tratados de los que el país forme parte, el embajador Sergio González Gálvez, jefe de la delegación que asistió a la Conferencia de Roma de 1998, pidió a los senadores "tomar su tiempo'' para analizar el asunto y no temer a posibles señalamientos de que "estamos defendiendo la impunidad''.
Al participar en Toluca en el foro internacional La soberanía de los Estados y la Corte Penal Internacional, González Gálvez pidió que el Senado analice los artículos de la Constitución que son incompatibles con los de esa instancia supranacional.
Indicó que México debe seguir pugnando porque esa Corte sea independiente del Consejo de Seguridad de la ONU, pues -argumentó- no se puede crear un tribunal únicamente para "ciertos países, los más débiles, dejando a salvo a las naciones desarrolladas, que son las que muchas veces cometen violaciones''.
En el mismo foro, al que asistió el juez ibérico Baltasar Garzón, y en un tono contrastante, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, anunció que en breve el Ejecutivo enviará su proyecto de reforma constitucional al artículo 21 sobre el reconocimiento de tribunales internacionales. Al mismo tiempo, en la ciudad de México, el director de Derechos Humanos de la cancillería, Juan José Gómez Camacho, transmitió la misma información y auguró que en el Senado la iniciativa será sometida a un intenso debate político.
Ser de los primeros 60 países que aprueben la creación de la Corte Penal Internacional confiere un estatuto especial a los Estados para efectos del desarrollo que sigue el organismo, entre ellos la designación de jueces, de fiscales y demás. "Al ser México uno de los Estados originarios, eso le concedería una serie de facultades adicionales en el futuro y por supuesto tenemos un interés enorme en ello, tenemos mucha prisa''.
Sin embargo, las razones de González Gálvez para proceder con cuidado y cautela son también de mucho peso: "hay incompatibilidad entre nuestras leyes y el estatuto (que crea la Corte) y es necesario realizar las adecuaciones'' y pidió a la cancillería que inicie gestiones internacionales que resuelvan por la vía política y jurídica los temas relativos a la dependencia del Consejo de Seguridad, así como el que no quedó claro que el uso de las armas nucleares constituye también un delito.
Desde un ángulo de pragmatismo jurídico, Eduardo Ibarrola Nicolín, subprocurador de Asuntos Legales Internacionales de la PGR, advirtió que hay preceptos jurídicos nacionales que no son compatibles con ese estatuto, como el que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito y el asunto de la inmunidad para funcionarios, y ante ello demandó que se haga una revisión y las reformas necesarias para adecuar las leyes.
A su vez, el presidente de la CNDH, José Luis Sobernes, destacó que formar parte de la Corte Penal Internacional "no significa que serán juzgados los hechos del pasado, pues no tiene retroactividad. Sólo se juzgarán hechos por venir''.
El jurista y ex procurador general de la República, Sergio García Ramírez, estableció en su oportunidad que la definición que funda la jurisdicción penal internacional tiene que verse desde principios éticos, políticos y jurídicos.