MARTES Ť 11 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Con ellos concluyó el saneamiento de Inverlat y Serfin
Desvió el IPAB recursos por $7 mil 515.7 millones
Ť Analizan diputados un documento sobre la revisión de la Cuenta Pública
CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO
El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) desvió recursos por 7 mil 515.7 millones de pesos para concluir el saneamiento del Grupo Financiero Inverlat y Banca Serfin, en lugar de hacer frente a las obligaciones garantizadas y los financiamientos contratados, refiere un documento del Informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, que se conoció ayer en la Cámara de Diputados.
Se advierte también que el instituto no ha informado respecto del avance de las averiguaciones previas y de los procesos penales correspondientes a las transacciones reportables del grupo C, sobre dos créditos y un faltante por 523.4 millones de pesos.
Parte de la revisión consistió en verificar que los apoyos financieros otorgados en el periodo de revisión del IPAB para atender los programas de apoyo a deudores se aplicaran de acuerdo con la ley. En 1999 se asignó al instituto recursos por 18 mil millones de pesos, a 7 mil 515.7 millones se les dio un cursos distinto al previsto originalmente.
Se destaca también que desde septiembre de 2000 la Cámara de Diputados solicitó al IPAB una auditoría para detectar irregularidades identificadas por el auditor Michael Mackey como A, es decir, los créditos que se adquirieron violando las normas originales de compra de cartera del Fobaproa, recomendación que a la fecha el instituto no ha cumplido.
De acuerdo con versiones del IPAB, se llevaron a cabo intentos para dar inicio a estas auditorías, pero se enfrentaron a la negativa de las instituciones bancarias, argumentando que el instituto no tiene facultades para llevar a cabo esa revisión, ya que requiere de la aprobación de los bancos que suscribieron un nuevo programa de capitalización.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Manuel Galán Jiménez, confirmó que en el texto se advierte que ''ha habido una serie de incumplimientos por parte del IPAB en cuanto a sus funciones, incumplimientos que de alguna forma han sido propiciados también por la negativa de los bancos a que se les audite, y las medidas que debamos de tomar serán consecuentes precisamente con esa negativa y con esas acciones que no se han podido llevar a cabo.''
El priísta sostuvo que la Cámara de Diputados debe pedirle al gobierno de Vicente Fox que los bancos sean auditados para que el IPAB recupere créditos irregulares y reduzca el monto de la deuda.
Se advierte también la necesidad de que la Secodam verifique que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB y el Fobaproa den cumplimiento a la Ley de Protección al Ahorro Bancario para que, de identificarse irregularidades, se finquen las responsabilidades a aquellos funcionarios que incurrieron en anomalías.
En el documento se manifiesta preocupación, porque la actitud de las instituciones bancarias al oponerse a las auditorías, y de los organismos responsables de llevarlas a cabo, por no llevar a cabo medidas para ello, evitan que haya transparencia en la compra de flujos de cartera, lo que permite suponer que pueden existir operaciones ilegales.
Se insiste en el texto que no hay voluntad por parte de instituciones como Banco Internacional, Mercantil del Norte, BBVA Bancomer y Banco Nacional de México, para cumplir con los artículos transitorios de la Ley del IPAB -que establecen la obligatoriedad del instituto de regresar a los bancos los créditos reportables-, y que las autoridades de la CNBV, el Fobaproa y el IPAB no han sido capaces de poner en práctica las medidas para auditar y regresar esos créditos a las instituciones bancarias.
En cuanto a transacciones reportables del grupo A -que de acuerdo con Mackey son 18 mil 468 operaciones por 24 mil 778.2 millones de pesos-, las listas incluyen partidas en las que los créditos están protegidos por una clave o encriptados. Sin embargo, los créditos individualizados suman mil 948 y los encriptados 13 mil 173, lo que deja sin registro 3 mil 347 respecto de lo informado por el auditor.
Sobre este particular, el IPAB informó que ha estado trabajando en la desagregación de las partidas y en la conciliación del número de créditos reportables, con un avance de 80 por ciento. No obstante, el instituto considera que difícilmente se podrá desencapsular toda la información, por lo que es necesario que el IPAB detalle todas las partidas que integran las transacciones reportables del grupo A, y concilie su información con la de Mackey.
Por lo que se refiere a los contratos que celebraron las instituciones de banca múltiple con el Fobaproa, en las bases de capitalización se consideraron pérdidas compartidas con los bancos de 25 por ciento en promedio, siendo necesario que el IPAB, a fin de reducir el costo fiscal de la cartera que no logre recuperarse, prevea un mayor porcentaje de pérdida compartida por parte de los bancos en los contratos que va a celebrar con las instituciones participantes del nuevo programa que sustituye al de capitalización y compra de cartera.
En cuanto a las transacciones de Bancomer, Bilbao Vizcaya-México y Banco Internacional, que suman 349.8 millones de pesos, la Junta de Gobierno del IPAB autorizó el canje de los créditos por otros a su entera satisfacción. Para ello, se solicitó que el monto estimado de recuperación de los créditos sustituidos, fuera similar o superior al de los créditos por sustituir, que cumplieran con los requisitos que estableció originalmente el Fobaproa y que no afectaran el costo fiscal del IPAB, entre otras condiciones.
Esas tres instituciones propusieron al instituto la sustitución de los créditos correspondientes al grupo AB, previa validación de los créditos sustituidos por la CNBV. Sin embargo, el informe de la auditoría advierte que el hecho de que el IPAB considere que las transacciones del grupo AB puedan sustituirse por créditos de mayor monto, podría incrementar el costo fiscal, contrariamente a lo que dispone la ley.
Por lo que corresponde a las 12 instituciones bancarias que intervino la CNBV de 1994 a 1998, a la fecha la comisión no ha puesto a disposición del IPAB la titularidad de las instituciones intervenidas, haciéndose necesario que el órgano interno de control de la CNBV actúe en el ámbito de sus atribuciones y dé inicio al procedimiento administrativo correspondiente, por no haberse transferido la titularidad de la administración de la banca intervenida al IPAB.
En su informe, Mackey incluyó 422 transacciones reportables en el grupo B, que ascendían a 42 mil 242.2 millones de pesos y correspondían a 15 instituciones de banca múltiple, de las cuales 12 estaban intervenidas y tres fueron saneadas.
En cuanto a las transacciones reportables del grupo C, se observó que subsiste la diferencia de dos casos entre el número de operaciones de esta naturaleza informados por Mackey, y el de las listas desagregadas, determinándose una diferencia de 523.4 millones de pesos entre el monto de las averiguaciones previas -2 mil 141.5 millones- y los procesos penales -3 mil 374.1 millones- que reportó el IPAB y las cifras que presentó el auditor.
A la fecha el instituto ha informado del avance en averiguaciones previas y en procesos penales, por lo que es necesario aclare sobre dos créditos faltantes, la diferencia de 523.4 millones de pesos y el avance obtenido en las averiguaciones previas y en los procesos penales del grupo C.
LOS GRUPOS
A. Créditos que no satisficieron los criterios originales establecidos por el Comité Técnico para créditos que fueran a ser adquiridos por el Fobaproa a través del Programa de Capitalización y Compra de Créditos.
B. Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamiento a partes con las que estaban relacionados o afiliados y que plantean cuestionamientos sobre la cobrabilidad de tales créditos.
C. Transacciones que hayan sido revisadas o que lo estén siendo por la CNBV y/o ciertos bancos, ya sea porque determinó que eran ilegales o porque pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos.
Ť Informe final de la Revisión de la Hacienda Pública 1999
Recibieron Nafinsa, Banrural y Fina recursos de forma irregular
Ť Incumplieron ISSSTE, ASA y Fonacot seguimiento de recuperación de cuentas por cobrar, revelan auditorías
ROBERTO GARDUÑO Y CIRO PEREZ S.
Las consideraciones finales del Informe de Resultados sobre la Revisión de la Hacienda Pública Federal de 1999 sostienen que Pemex-Refinación no se apegó a las disposiciones legales de los Programas de Infraestructura Productiva (Pidiriegas) y que la Financiera Nacional Azucarera (Fina), Banco Nacional de Comercio Interior (BNCI), Nacional Financiera (Nafinsa) y Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) recibieron recursos "sin haber sido consideradas dentro de los programas de saneamiento financiero de 1999".
El documento señala que en la Policía Federal Preventiva (PFP) se utilizó de manera discrecional la partida para "acciones policiales especiales". En las auditorías al ISSSTE, ASA, Fonacot y Apituxpan se observó que no han realizado un estricto seguimiento de la recuperación de cuentas por cobrar, en el caso de la Lotería Nacional, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNA), Pemex Exploración y Producción, Pemex-Refinación, ISSSTE, SITF y Firco se requirió el fincamiento de pliegos de responsabilidades administrativas, por concepto de pagos indebidos, sanciones no aplicadas por incumplimiento de proveedores
Y en estos organismos "se detectaron irregularidades que requirieron la intervención de instancias judiciales por asuntos relativos a procesos de compra, anticipos no justificados, pagos indebidos, devoluciones de mercancías no reintegradas y recursos no recibidos por beneficiarios".
Pemex refinación y Pidiregas
De la revisión del proyecto de modernización y ampliación de la refinería de Cadereyta, Nuevo León, se constató que Pemex-Refinación "no se ha apegado a las disposiciones legales establecidas para regular los Pidiregas. A pesar de que el proyecto no ha concluido, y por lo mismo no genera los ingresos que permita a la entidad hacer frente a las obligaciones contraídas para su ejecución (en contravención del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública), ésta comenzó en diciembre de 2000 a efectuar los pagos por el servicio de la deuda negociada por los contratistas (la empresa Comproca)... esos pagos estaban condicionados al término de los trabajos convenidos en el contrato, lo cual no aconteció por problemas en la construcción de las obras, atribuibles a Pemex-Refinación como a los contratistas ganadores de la licitación.
"Por tanto, el pago de los servicios financieros por parte de Pemex-Refinación, indica que esta entidad más que garante del cumplimiento del contrato, se ha convertido en el obligado directo de la deuda contraída, al hacer frente a las obligaciones correspondientes con ingresos que no proceden del proyecto en cuestión, dado que aún no ha entrado en operación".
Programas de saneamiento financiero
Las dependencias beneficiadas aun sin haber sido consideradas en los programas de saneamiento financiero son las siguientes:
Financiera Nacional Azucarera (Fina), la cual recibió, vía transferencias, apoyos fiscales del gobierno federal por mil 253 millones de pesos, que sumados a los recursos que se le entregaron a ese organismo desde 1996 hacen un total de dos mil 255 millones de pesos. "No obstante, estos recursos no fueron suficientes para crear una reserva de capital que le permitiera a la institución sanear sus finanzas. La situación financiera de Fina se continuó deteriorando ante la problemática del crecimiento de la cartera vencida".
Sobre el Banco Nacional de Comercio Interior, el informe señala que se recomendó el cierre contable y administrativo en el mes de febrero del 2001, "situación no se ha cumplido".
Por su parte, Nacional Financiera recibió del gobierno federal mil 597 millones de pesos para la operación de programas y saneamiento financiero. Dichos recursos se destinaron al pago parcial de los intereses generados por el Contrato de Crédito Simple, suscrito entre Nafin y el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares (Fideliq), por 20 mil 788 millones de pesos.
El documento señala las recomendaciones a la Cámara de Diputados, porque se identificó que la normatividad establecida para el ejercicio presupuestal de las erogaciones por subrogaciones, pasajes nacionales, y asignaciones a los grupos parlamentarios requiere fortalecerse y actualizarse.
Para la Cámara de Diputados, los lineamientos que norman las asignaciones que reciben los legisladores requieren de mayor precisión.
Y al Poder Judicial se le practicaron seis auditorías, de las cuales tres corresponden al Consejo de la Judicatura Federal y tres a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.