Ť Su informe ante los legisladores fue opacado por los hechos ocurridos en Estados Unidos

La fuerza no es alternativa tras el rechazo del EZLN a la reforma indígena, afirma Creel Miranda

CIRO PEREZ, ROBERTO GARDUÑO Y ALONSO URRUTIA

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, aseguró que dentro de los escenarios que considera el gobierno tras el rechazo del EZLN a la reforma indígena "la fuerza no es una de las alternativas".

Indicó que la estrategia gubernamental prevé cinco puntos básicos sobre el tema, entre los que destacó el fortalecimiento de la Cocopa y del comisionado para la Paz, Luis. H. Alvarez, para restablecer los contactos que conduzcan al diálogo.

En el arranque de la glosa del informe presidencial ?opacado por los ataques terroristas en Nueva York?, Creel Miranda fue cuestionado por el PRD y PT. Hablaron de "complicidad" de Vicente Fox con los sectores más retardatarios del PRI y del PRD para aprobar una reforma indígena que cancela los derechos de los pueblos indios.

Tras señalar que si el Ejecutivo no hubiera promulgado la ley habría violentado la Constitución, Creel dijo que el gobierno estará muy atento a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acerca de los recursos interpuestos para actuar en consecuencia. "Somos un pueblo con vocación pacifista, y esta vocación la va a preservar la Secretaría de Gobernación."

Poco antes había señalado que la estrategia de gobierno hacia Chiapas contiene cinco puntos básicos que parten de la preservación de las tres señales que el gobierno había ofrecido cumplir: mantener el repliegue militar de las siete bases que solicitó el EZLN y continuar la liberación de presos zapatistas. Independientemente "de la disposición o no del EZLN a continuar con el diálogo se van a preservar estas señales".

Apuntó que no existe una militarización ni incremento de tropas del Ejército Mexicano, y destacó que dos de las otrora bases militares funcionan como centros de desarrollo comunitario, toda vez que el fortalecimiento de los programas sociales en la zona de conflicto forma parte de la estrategia integral.

La comparecencia fue un tanto desairada por los legisladores, e inclusive el coordinador panista Felipe Calderón planteó a la presidenta de la mesa directiva, Beatriz Paredes, y a los coordinadores priísta Rafael Rodríguez Barrera y del sol azteca, Martí Batres, que se recalendarizara la comparecencia de Creel Miranda, lo que no fue aceptado.

El secretario de Gobernación justificó en la comparecencia la convocatoria presidencial al acuerdo político, "pues la falta de consenso en un sistema presidencial multipartidario, con gobierno dividido, puede producir inestabilidad y estancamiento". Aseguró que el reto de la transición es hacer una democracia gobernable y que "seamos capaces de darnos leyes que sean puntos de convergencia de los programas de las diversas fuerzas políticas".

Fue inevitable abordar el tema de la seguridad nacional en el contexto de los ataques terroristas en contra de Estados Unidos.

Al respecto, Creel Miranda dijo que en breve se propondrá al Congreso una propuesta sobre una ley de seguridad nacional que permita definir una estrategia de Estado y, en tal sentido, que la información de los órganos de inteligencia sea compartido por los tres poderes.

Insistió a que frente a los grupos subversivos no hay más que aplicar la ley, y agregó que la transición del país pasa por el respeto al marco de derecho, y ello implica no transigir con quienes buscan el cambio por la violencia.

La oposición criticó la"inconsistencia" presidencial por el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés y de la promesa de integrar una comisión de la verdad, así como por la concentración de la convocatoria política sólo a tres fuerzas. Sin embargo, sería Beatriz Paredes quien lanzara la advertencia de que el Congreso de la Unión habrá de modificar la legislación, con el fin de que los tres poderes tengan acceso a 12.5 por ciento de tiempo oficial del Estado en medios electrónicos.

En este contexto pidió que la política de comunicación social del Ejecutivo propicie el respeto de los otros poderes y no actúe en detrimento de los mismos.

Mientras se desarrollaba la comparecencia, 400 trabajadores de ingenios ubicados en Morelos y Veracruz irrumpieron en la Cámara de Diputados para exigir les sean pagados 480 millones de pesos.