JUEVES Ť 12 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Se benefició a personas que no cumplían requisitos, revela análisis de la Cuenta Pública de 99
Detectan anomalías en la asignación de pensiones en Nafin y Bancomext
Ť Irregularidades en la aplicación del presupuesto de Medio Ambiente, STPS y Sagar
Ť En la SCT las partidas no siempre se canalizaron a los programas carreteros prioritarios
CIRO PEREZ Y ROBERTO GARDUÑO
El Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera incurrieron en anomalías administrativas en la asignación de jubilaciones y en el reconocimiento de pensiones, algunas de las cuales se autorizaron a pesar de que el beneficiario no cumplía con los requisitos establecidos en las condiciones generales de trabajo.
En el informe sobre la revisión de la Cuenta Pública de 1999 se advierte que en: Lotería Nacional, Secretaría de Medio Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Agricultura, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría del Trabajo y Luz y Fuerza del Centro se hallaron irregularidades sustantivas en la aplicación del presupuesto.
En el Banco Nacional de Comercio Exterior, la Auditoría Superior de la Federación revisó 74 expedientes del personal jubilado en los que encontró que se autorizaron jubilaciones sin que el beneficiario contara con la edad requerida, se reconocieron antigüedades improcedentes y a 14 jubilados se les reconoció antigüedad de otras instituciones de banca de desarrollo y de banca múltiple, por lo que no se recibieron las reservas de pensiones ni las indemnizaciones correspondientes.
En Nacional Financiera fueron revisados 65 expedientes del personal jubilado y en 20 de ellos se encontró que las decisiones de las autoridades contravinieron lo dispuesto en las condiciones generales de trabajo. En tres casos los directores generales en turno otorgaron pensiones "de manera discrecional". En otros siete se autorizaron pensiones sin fundamento jurídico. En diez más no se cumplieron los requisitos mínimos de edad ni los años de servicio. En seis expedientes se encontró que los beneficiarios recibieron pensiones sin haber sido objeto de estudios de antigüedad, por lo que se determinó que no cumplieron con los años mínimos de servicio.
En ambos casos se solicitó la intervención del órgano interno de control y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en Nacional Financiera, para que actúen en el ámbito de sus responsabilidades.
Para Nacional Financiera la recomendación principal es que evalúe la posibilidad de reorientar sus programas de fomento económico, porque "los recursos canalizados a través de intermediarios financieros no bancarios se destinaron en 90.7 por ciento a grandes empresas y sólo 9.3 a las pequeñas y medianas".
Uno de los estudios más importantes fue el de la evaluación del programa de conservación de carreteras de la red federal libre de peaje. En este caso la auditoría consistió en estudiar el desempeño de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ese campo. Se determinó un cumplimiento parcial de los objetivos porque los costos se incrementaron, los puntos de conflicto no se atendieron en su totalidad, las obras de reconstrucción y conservación periódica presentaron rezagos en su cobertura, no se logró prolongar la vida útil del patrimonio vial y en la planeación de las obras no siempre se canalizaron los recursos a las prioridades.
"Como resultado de lo anterior se determinó que el ritmo de inversión necesario para los próximos 18 años para construir y recuperar carreteras tendrá que superar los 57 mil 799 millones de pesos".
Por lo que toca a las autopistas de cuota de la SCT, se determinó que las autoridades no prevén el plazo para que los particulares paguen la contraprestación por la explotación y operación de las carreteras, lo que ha provocado problemas recurrentes, ya que los concesionarios no cubren la contraprestación, pagan imparcialidades, no están obligados al pago o cubren una cuota simbólica equivalente a un peso anual.
A la Secretaría de Medio Ambiente se le aplicó una auditoría que determinó anomalías en el otorgamiento de títulos de concesión porque no cumplieron con el reglamento, lo que evidencia la falta de mecanismos de control entre las unidades administrativas; falta de supervisión y de apego a los plazos señalados en la normatividad para otorgar los permisos correspondientes.
Luego del análisis sobre el ejercicio presupuestal en la Secretaría del Trabajo se determinó que los cursos de capacitación impartidos por esa dependencia no guardan relación alguna con las oportunidades de empleo que se ofrecen en esa dependencia.
En la Comisión Federal de Electricidad se observó que la entidad no cumplió con el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública para realizar el proyecto de generación energética en el estado de Chihuahua, ya que no se elaboró el estudio para garantizar que esa obra generara los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asumieran.