VIERNES Ť 14 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Envió recomendación al gobernador de Guerrero para que indemnice a los 16 afectados
Investigar esterilización de mixtecos, insiste CNDH
Ť Personal de la Secretaría de Salud los amenazó con retirarlos de Progresa y Procampo
VICTOR BALLINAS
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que en las comunidades La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán, del municipio de Ayutla, en Guerrero, personal de la Secretaría de Salud de esa entidad "violó los derechos humanos de 16 mixtecos al practicarles la vasectomía con engaños y falsas promesas de entregarles dinero y bienes materiales, además de amenazarlos con excluirlos de Progresa y Procampo".
Por esos hechos, la CNDH turnó al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros, la recomendación 18/2001, por medio de la cual solicita al mandatario estatal que se indemnice a los mixtecos conforme a derecho por reparación del daño, en virtud de que se les forzó a la intervención quirúrgica, la cual les provocó daños irreversibles, y que se investigue y sancione a los responsables de las violaciones.
Asimismo, el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, recomendó al gobernador Juárez Cisneros que su administración cumpla la recomendación 041/99, que desde el 19 de diciembre de 1999 emitió la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.
Los hechos se denunciaron desde 1998
Los hechos a que hace referencia esta recomendación ocurrieron a finales de 1997, pero fueron denunciados en asambleas comunitarias el 5 y 12 de mayo, así como el 27 de septiembre de 1998.
En las asambleas comunitarias, los indígenas denunciaron que el médico Ernesto Guzmán León, la enfermera Mayra Ramos Benito y el promotor Rafael Almazán Solís, integrantes de la tercera brigada de salud de la jurisdicción sanitaria número 6, los obligaron a practicarse la vasectomía.
La CDHG emitió el 17 de diciembre de 1999 la recomendación 041/99 al secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, en la cual solicitó que el personal de la brigada tres fuera investigado por incurrir en violaciones a los derechos humanos de 16 indígenas; que se cumpliera con lo prometido a los afectados por habérseles provocado daño patrimonial y moral; que se instruyera al personal que labora en las comunidades a que su actuación fuera normada por el artículo cuarto constitucional y el convenio 169 de la OIT para respetar la dignidad y autonomía de los pueblos indígenas, y que los servicios de salud se ampliaran en cobertura y mejoría de calidad en las zonas indígenas.
Dos días después, el titular de Salud del estado respondió al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de la entidad, Juan Alarcón Hernández, que aceptaba la recomendación, y que en 20 días hábiles remitiría las constancias de cumplimiento.
Sin embargo, relata la CNDH, el 20 de enero de 2000, el secretario de Salud del estado, De la Peña Pintos, notificó al organismo estatal de defensa de los derechos humanos que "aceptaba, bajo ciertas precisiones, dicha recomendación, en lo relativo a los puntos 1 y 4, pero que rechaza el 2 y 3".
Esto es, el funcionario del gobierno del estado aseguraba que "no se acreditó que las esterilizaciones hayan sido forzadas, ya que según se asienta, los agraviados otorgaron su consentimiento, aunque éste fuera motivado por supuestas promesas que se les hicieron, y resaltaba que la queja se presentó por el incumplimiento de las promesas y no por la falta de consentimiento a la vasectomía".
Respecto a la indemnización, el funcionario referido argumentó: "no existen elementos jurídicos que permitan aceptarla o cumplirla , además de que no se convino con los afectados pago alguno".
El ombudsman local respondió al funcionario estatal -el 28 de enero de 2000- que "hasta en tanto no se tuviera el resultado de cumplimiento de lo recomendado, se le seguía considerando como aceptada sin cumplimiento".
La CNDH precisa que su intervención en ese asunto obedeció al recurso de impugnación que los afectados presentaron por incumplimiento a la recomendación 041/99. Como resultado de la investigación realizada, este órgano nacional concluye que "hubo violación a los derechos humanos de los mixtecos, y que en los reportes que el gobierno del estado entregó a la comisión estatal no acreditó el cumplimiento total de la resolución que fue aceptada por el secretario de Salud".
La CNDH sostiene que "los miembros de la brigada tres de salud de la sección 6 incumplieron con la obligación de informar a los indígenas sobre los métodos anticonceptivos disponibles para hombres y mujeres, su presentación, su efectividad e indicaciones. Menos aún ha quedado precisado por parte de la Secretaría de Salud del estado que se proporcionó apoyo a los indígenas con traductor, en tal virtud, el procedimiento llevado a cabo por las autoridades responsables, que culminó con la vasectomía de los quejosos, evidentemente constituye una afectación a sus derechos fundamentales".