VIERNES Ť 14 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Emilio Pradilla Cobos
Política industrial para la megalópolis
La política de reindustrialización impulsada por el Gobierno del Distrito Federal, sintetizada en su programa de parques industriales de alta tecnología, termina con dos décadas de opción desindustrializadora y es correcta en sus lineamientos generales. Pero la escasez de suelo apropiado para industria, las dificultades para la dotación de agua y la operación del drenaje, la saturación de la vialidad y el transporte, así como los altos índices de contaminación en el DF y toda la zona metropolitana restringen la posibilidad de nuevas plantas industriales; adquiere así mayor importancia la preservación, revitalización y reconversión tecnológica e infraestructural de las zonas fabriles prexistentes, para darles sustentabilidad, reconstruir sus ventajas de aglomeración y reintegrar las cadenas productivas.
La reindustrialización en la magnitud necesaria y posible sólo puede desplegarse en el territorio de la ciudad-región, la megalópolis del centro de México. La región central, con 32.9 millones de habitantes-consumidores en el año 2000, de los cuales 26.8 millones se aglomeran en la megalópolis con sus seis zonas metropolitanas y 276 municipios integrados, concentraba en 1996 41.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, y 47.1 por ciento del PIB industrial, lo que la hace el polo dominante de la economía y la industria mexicanas. Pero en las últimas dos décadas ha perdido su dinamismo, lo que ha significado una caída de 9.4 por ciento de su participación en el PIB industrial total. A la ventaja comparativa de la concentración de consumidores en la megalópolis se añaden las economías derivadas de la aglomeración industrial, comercial y financiera, el mayor nivel de desarrollo de la infraestructura energética, vial, de transporte, comunicaciones, y de otras condiciones generales de la producción; la mayor calificación de la fuerza laboral en todos sus niveles, y la concentración de unidades universitarias de investigación y desarrollo científico y tecnológico.
Es en el ámbito de la ciudad-región que, a partir de un programa regional integral de desarrollo, podrían diseñarse e implantarse nuevas formas territoriales para la producción industrial, como distritos industriales, tecnopolos y parques tecnológicos ambientalmente sustentables e integrados de maneras horizontal y vertical, para dar un nuevo impulso a la economía megalopolitana, absorber el desempleo y la informalidad y elevar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, es un avance muy importante el acuerdo alcanzado por los gobiernos estatales de la región, presentado recientemente al gobierno federal (La Jornada, 25/8/2001).
El papel de los gobiernos locales en este proceso no debe limitarse a proveer el suelo y promover y facilitar el desarrollo inmobiliario, al que el neoliberalismo los ha reducido. La complejidad de estas intervenciones requiere de mayor participación pública en diversos ámbitos: la planeación estratégica de largo plazo para definir las localizaciones y las necesidades infraestructurales, regular las acciones de todos los actores e institucionalizar sus compromisos colectivos, orientar los flujos poblacionales y sus asentamientos, y garantizar la satisfacción de las necesidades sociales; promover la participación de los distintos sectores sociales en los proyectos, sobre todo de los obreros fabriles, los residentes y sus organizaciones, institucionalizarlos en acuerdos y convenios de beneficio compartido, de los que sería garante, y desarrollar las instituciones públicas y mixtas que garanticen los derechos de los sectores más débiles: los trabajadores. Si algo está claro hoy es que la mano invisible del libre mercado neoliberal ha agravado notoriamente la inequidad distributiva, partera de conflictos sociales; a ello deben oponerse acciones reguladoras, consensos vinculatorios, institucionalización de derechos y creación de instituciones que los garanticen, e inversiones públicas correlacionadas, sustentadas por un Estado socialmente responsable.
Para que estos proyectos tengan viabilidad, los empresarios deben variar sus ópticas y prácticas; entre otras cosas, para mejorar la rentabilidad de su inversión, asumir que las nuevas formas territoriales de integración productiva son más competitivas que la implantación dispersa; articularse con los centros locales de investigación y desarrollo tecnológico e invertir en ellos; mejorar las condiciones materiales de vida de sus trabajadores como condición necesaria de su mayor productividad y competitividad, y aceptar que si sólo ellos ganan, los inconformes minarán la viabilidad de los proyectos. Parece llegado el momento de construir formas nuevas de acción estatal en los ámbitos local y regional, sobre todo para la equidad distributiva, que avancen en la democratización real de la sociedad y den sustento objetivo a una reforma del Estado que no puede ser sólo administrativa y de papel.