Ť La ley aprobada, insuficiente, replica el secretario ejecutivo del instituto

Acusan diputados al IPAB de favorecer sólo a los banqueros

Ť La próxima sesión será con la Secodam y la PGR, advierten

CIRO PEREZ SILVA Y ROBERTO GARDUÑO

Mientras el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, justificó el ''pobre desempeño'' del instituto porque la ley que aprobaron los diputados es insuficiente y está llena de lagunas, los legisladores le reclamaron la ''interpretación sesgada'' de la misma para favorecer sólo a los banqueros, y le advirtieron que la próxima reunión no sería con él sino con la Secodam y la PGR, ''porque seguramente con su actitud allá lo vamos a ir a ver.''

Desde el comienzo de la comparecencia los puntos de vista de ambas partes chocaron. Para el funcionario federal, los diputados confunden al Instituto de Protección al Ahorro Bancario con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y le exigen que ejecute acciones que la ley le impide. No obstante, Méndez fue más allá y reviró a los diputados con una solicitud para que intervengan ante los bancos y éstos accedan a ser auditados:

''Permítanme solicitar el valioso apoyo de esta soberanía para que se establezca a la brevedad un diálogo con las instituciones bancarias y podamos resolver o llegar a la búsqueda del consenso necesario''. Esta solicitud se desprende de la negativa de los bancos a apegarse a la normatividad que exige una revisión de las transacciones AA, que a la fecha suman más de 14 mil millones de pesos, operaciones que no cumplieron con los criterios originales del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Las decisiones del instituto no son discrecionales...

En el Salón Verde de la Cámara de Diputados, la acusación contra el funcionario redundó en su probable protección a los intereses bancarios, pero esa imputación fue rebatida por el mismo Méndez: ''Las decisiones del IPAB no son discrecionales, nosotros no hacemos las cosas ni para apoyar a alguna persona o a algún grupo.'' Incluso mencionó que al 30 de junio, el monto de la reserva para la protección del ahorro acumuló 2 mil 848 millones de pesos y el universo de ahorradores, cubiertos por el seguro del instituto, tenía más de 29 millones de cuentas y contratos. Además, dijo, el costo promedio de la deuda del instituto en 1999 era de Cetes más 1.2 puntos porcentuales, y pasó a ser, el 30 de junio, de sólo Cetes más .87 puntos porcentuales.

La respuesta correspondió al diputado perredista José Antonio Magallanes, quien dijo: ''Julio de 1999, el estudio de Mackey se entrega a la Cámara de Diputados, la cual también le manda una copia a usted; prácticamente dos meses después el IPAB de una manera impresionante hace que se adhieran los bancos al nuevo programa de capitalización, y naturalmente ahí está la trampa en la cual nos han confundido a lo largo de muchos meses. Es un estudio el de Mackey, nunca fue determinado como auditoría, sin embargo, alguien en el IPAB o el secretario ejecutivo o la junta de gobierno, junto con los banqueros, inmediatamente los asumieron como que era la auditoría, e inmediatamente se adhirieron a esta programa de capitalización, y ahí está el argumento de los banqueros para no permitir una nueva auditoria. Ese es un problema de la junta de gobierno o del secretario ejecutivo.''

La presentación de Méndez se inició con un dato que pasó desapercibido entre los asistentes a la comparecencia. El saneamiento de Bancrecer, que se encuentra en sus últimas etapas, arrojó resultados que podrían concluir en serias irregularidades. Durante las auditorías practicadas a esa institución se detectaron ''conductas posiblemente ilícitas que relacionan a 44 grupos económicos, para las cuales se desarrollan las sanciones correspondientes.''

Sin abundar en ese tema, el funcionario del IPAB refirió que hasta ahora se ha llevado a cabo el saneamiento de cinco grupos bancarios cuya responsabilidad recayó en primera instancia en el Fobaproa, y concluyéndose por completo los del Grupo Financiero Inverlat, Banca Promex y Serfin, además de informar que en octubre recibirá la banca intervenida.

En relación con lo publicado por este diario, en el sentido de que el IPAB desvió 7 mil 550 millones de pesos para terminar el saneamiento de Inverlat y Serfin, datos que proporcionó la Auditoría Superior de la Federación en los resultados del análisis de la cuenta pública 1999, Méndez negó la veracidad de estos datos citando diversos artículos de la ley del IPAB, aun cuando todos los diputados tienen en sus manos el informe respectivo.

''En algunos medios se ha publicado que el instituto ha incurrido en desvío de recursos. ¡Esto es falso! Como se aclaró en su momento ante los medios de comunicación, el instituto ha actuado conforme a la ley'', dijo.

El diputado de Convergencia por la Democracia José Manuel del Río respondió: ''Reconozco que Fobaproa e IPAB se relacionan con robo, con corrupción, con daño a la nación, con tranza y con vergüenza nacional. Usted dice que no hay desvíos hacia Inverlat y Serfin, y fundamenta su decisión en los artículos 28 y 68 de la ley en la materia. He tenido mucho cuidado en leer la ley. El artículo 28, le ruego a los diputados sean tan generosos en leerlo, no dice lo que el representante del IPAB nos viene a contar. Los artículos 28 y 68 se refieren a otra cosa. ¡Esto es muy grave! Y lo es porque el IPAB es una institución del gobierno para los mexicanos. Solamente se les relaciona con cosas de corrupción y cosas mal hechas.''

Rosalinda López, del PRD, recordó por su parte que el instituto fue acusado por el procurador fiscal de la Federación de tener conflicto de intereses, porque su secretario ejecutivo no ha cumplido con las recomendaciones del auditor superior, aprobadas por la junta de gobierno del IPAB desde septiembre de 2000.

''A la sociedad mexicana le parece absurdo, escandaloso y ofensivo que mientras muchos banqueros y defraudadores se encuentran caminando impunemente por las calles, o vendiendo bancos que fueron rescatados con recursos públicos, el IPAB haya pagado intereses a los bancos durante el primer semestre de este año por aproximadamente 12 mil 500 millones de pesos, según cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores".

El diputado del PAN José María Eugenio Núñez pidió cuentas claras y se sumó a la demanda de PRD y PRI para que se explique por qué no se han realizado las auditorías que, por ley, tendrían que existir: ''La postura de Acción Nacional es muy clara: ¡No a la impunidad! Aquellas personas, empresas, funcionarios públicos o bancos que hayan aprovechado las circunstancias adversas para beneficio propio, deben ser sujetas de la ley y procederse conforme a derecho para castigar a los culpables.''

Por parte de los priístas, el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid Cordero, enfatizó que respecto a la eficiencia de la institución, su estructura de gobierno tiene vicios de origen que dificultan su buen funcionamiento; que algunos de lo vocales que integran la junta de gobierno ''están inmersos en serios conflictos de interés'', y que la falta de agilidad en la toma de decisiones tiene un impacto negativo en el valor de la recuperación de los bienes por parte del IPAB.

Abel Trejo, también del tricolor, recordó que los pasivos del instituto ascienden a más de 675 mil millones de pesos. ''La pregunta es muy concreta: ¿qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se va a hacer? ¿O dentro de un año vamos a seguir aquí con las mismas preguntas y las mismas respuestas?.''

El priísta zacatecano Víctor Infante demandó saber qué fue lo que propició los sospechosos retrasos que implicaron prescripciones y gravísimas limitaciones en el trabajo del auditor Mackey, y si detrás de todo esto hay una nueva complicidad entre los consejeros del IPAB y los bancos.

Para los diputados, el secretario ejecutivo del instituto se limitó a evadir todos los cuestionamientos. Julio César Méndez no satisfizo las demandas de los legisladores y sólo reiteró los problemas que impone el marco legal existente. Al final anunció:

''Hemos sometido al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda, cambios a la ley del instituto, que sugieren entre otros la definición de la facultad para interpretar administrativamente la ley; un marco más apropiado para la definición de bienes y la enajenación de los mismos; un replanteamiento de la base de cálculo para las cuotas, así como poderes más claros y efectivos para atender casos futuros de insolvencia.''

Las tres horas que se prolongó la comparecencia fueron insuficientes para aclarar las múltiples dudas que genera desde 1999 ''el fraude más grande a la nación'', como lo llaman muchos diputados de la actual legislatura. Y no pasó nada.