JUEVES Ť 20 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Recomienda la CNDH al gobernador de la entidad investigar a responsables
Varios funcionarios jaliscienses, implicados en sustracción de menores para su adopción ilegal
Ť Demanda la creación de una comisión especial para el caso en el Congreso estatal
Ť Involucrados, trabajadores del DIF, del Registro Civil, del MP y del DIF de la entidad
VICTOR BALLINAS
En el estado de Jalisco, funcionarios de la Procuraduría General de Justicia, del Registro Civil, del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), y del Consejo Estatal de la Familia incurrieron en "irregularidades" en los trámites de adopción nacional e internacional y violaron los derechos humanos de nueve menores - entre ellos bebés de meses - y de sus familiares. Los hechos ocurrieron entre septiembre de 1997 y marzo de 1998.
Al comprobar las violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia, además de los derechos humanos de los infantes y sus familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 20/2001 dirigida al gobernador del Estado, Francisco Javier Ramírez Acuña, para que ordene la investigación penal y sancione a los funcionarios responsables de los ilícitos , que se forme una comisión especial dentro de la Comisión de derechos humanos del Congreso para que vigile y supervise los trámites de adopción y que los menores sean reintegrados a sus familias.
Pide la CNDH proceso administrativo contra servidores públicos señalados
La recomendación también se turnó al presidente del Congreso del Estado de Jalisco, Lázaro Arias Pérez para que "inicie y determine, conforme a derecho, un procedimiento administrativo de investigación en contra de los servidores públicos involucrados y se ordene la realización de una investigación con plena autonomía e independencia".
En estos nueve casos los menores afectados son Federico de Jesús Navarro Hernández, Alvaro Germán de Jesús Amezcua, Gilberto Avalos Rodríguez, Yajaira Monserrat y María Guadalupe Lara Godinez, Jaime Jonathan Alvarado Rodríguez, Diana Jazmín Alvarez González y Diego Alejandro y Abraham de Jesús Sánchez Ruvalcaba.
Las denuncias para que la CNDH atrajera la investigación de estos casos, precisa éste órgano, fueron presentadas este año por los señores Marta Alicia González Cisneros, María de los Angeles Orta Molina, María Elena Alvarado Rodríguez, y Luis Guillermo Alvarez del Castillo, en representación de María Ignacia Amezcua Reynoso, José Enríque de Jesús Séptimo, Estela Rodríguez Rivas, Marcelino Sánchez González y María del Rocío Lara Godínez.
En el caso de la señora Martha Alicia González Cisneros y su hijo recién nacido Federico de Jesús Navarro Hernández, la CNDH acreditó la violación a sus derechos humanos por parte del presidente municipal de Arandas, Jalisco, ocurrida el 9 de octubre de 1998, ya que en ausencia del oficial del Registro Civil, registró al menor como hijo de Federico Navarro Díaz y Angelina Hernández Orozco.
Al respecto la investigación de la CNDH resalta que la señora González Cisneros tuvo un hijo el 29 de septiembre de 1998, y que su concubino Andrés González Galindo lo entregó al matrimonio Navarro Hernández.
De esto presentó denuncia ante la agente del Ministerio Público de Arandas, María de Lourdes Alvarez González. "Esta última dejó de observar las obligaciones que tenía", señala el órgano nacional de defensa de los derechos humanos.
Agente del MP de Yahualica, Jalisco robó a una menor y la registró a su nombre
En el caso de la señora María de los Angeles Orta Molina y su hija recién nacida, Diana Jazmin Alvarez González, se acreditó por parte de la CNDH, la violación a los derechos humanos, ya que la Agente del Ministerio Público en Yahualica, Jalisco, María de Lourdes Alvarez González sin mandamiento legal alguno, se apoderó de la niña y la registró a su nombre.
Por lo que hace al caso de la señora María del Rocío Lara Godínez y sus hijas menores María Guadalupe de un año y Yajaira Monserrat Lara Godínez se acreditó la violación a sus derechos por parte del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco, y del Consejo Estatal de la Familia, quienes cambiaron los apellidos de las menores y las dieron en adopción internacional al matrimonio español Montalt Tabu.
Por lo que respecta a la denuncia presentada por el señor Marcelino Sánchez González y sus hijos Diego Alejandro y Abraham de Jesús Sánchez Ruvalcaba de cinco y un año respectivamente, se comprobó que a petición del Consejo Estatal de la Familia el Registro Civil de Guadalajara registró a los menores con apellidos distintos a los originales para darlos en adopción internacional.
Dos trabajadoras del DIF raptaron a un niño y lo retuvieron "en custodia"
Otra denuncia por violación a derechos humanos en contra del señor José Enríque de Jesús Séptimo y María Ignacia Amezcua Reynoso, así como del menor Alvaro Germán de Jesús Amezcua de cinco años de edad, fue constatada por la CNDH.
En este caso, dos trabajadoras del DIF, Ana María Guadalupe García Sánchez y Esperanza Bravo Barrera, sustrajeron al menor de su domicilio para trasladarlo al Ministerio Público de Chapala, y posteriormente Bravo Barrera se quedó con el menor en custodia.
La Recomendación 20 de la CNDH también incluye el caso de la señora Estela Rodríguez Rivas y su hijo Gilberto Avalos Rodríguez, ya que al menor sin consentimiento de la madre, el Consejo Estatal de la Familia y el Agente del Ministerio Público de Guadalajara Jalisco, registraron al menor con apellidos distintos e iniciaron los trámites de adopción internacional.
De igual forma, la CNDH investigó el caso de la señora María Elena Alvarado Rodríguez y su sobrino Jaime Jonathan Alvarado Rodríguez, de 7 años. La madre del menor, Delfina Alvarado Rodrígfuez, fue detenida y el agente del MP ordenó trasladar al menor Consejo Estatal de la Familia. Posteriormente el Ministerio Público, pese a conocer que el menor tenía familia, ordenó cambiarle los apellidos para darlo en adopción al matrimonio Chamizo Calvet.