REPORTAJE

Se niegan paramilitares a reparar tramo carretero que ellos destruyeron

"Desaparecer bases zapatistas", amenaza de Paz y Justicia

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Salto de Agua, Chis., 20 de septiembre. En este municipio ocurrió la primera agresión de los paramilitares contra los simpatizantes zapatistas, a principios de 1995, en la comunidad de Lote 8. Y también la más reciente, el pasado 20 de agosto, en San José Bascán, donde cuatro familias fueron expulsadas por priístas de la Unión Ejidal Emiliano Zapata, con la complicidad de la organización perredista Kichañob.

Por otro lado, la Red de Defensores Comunitarios de los Derechos Humanos de Salto de Agua-Palenque, denunció la destrucción de un tramo del camino a la comunidad de Roberto Barrios, "que estaba siendo reparado por la población perteneciente a las bases de apoyo del EZLN". El acto, descubierto en flagrancia, fue perpetrado por miembros de Paz y Justicia del ejido Puyipá.

La red denuncia agresiones de "los grupos paramilitares de Paz y Justicia, los cuales actúan amenazando y provocando daños y perjuicios a la población local, sin la debida intervención de las autoridades de procuración de justicia estatales y federales". En una denuncia pública, fechada el 13 de septiembre, la red manifiesta: "puesto que ha venido denunciando la presencia de los grupos paramilitares y documentando las acciones emprendidas de manera constante por estos grupos ?en aumento durante los últimos meses?, eleva su más enérgica protesta por la inadecuada atención por parte de la Unidad Especializada para la Investigación de los Grupos Armados, de la Procuraduría General de la República, al problema de la actuación de los grupos paramilitares en el estado de Chiapas, favoreciendo su impunidad".

Los exilios que no terminan

Resulta novedoso recorrer este municipio, tradicionalmente en poder del PRI, donde la efervescencia electoral visible corresponde a todos los demás partidos: PRD, PAN, PT, PVEM. El que menos se ve es el tricolor. No obstante, en apreciación de algunos observadores, como el párroco de Salto de Agua, el PRI podría ganar precisamente por lo mismo. "La oposición está muy dividida", dice. Además, la confusión de los viejos y nuevos priístas, de visita en todos los demás partidos, a ver cuál pega, podría acentuar un abstencionismo, que de por sí se prevé alto, el próximo 7 de octubre. O bien desembocar en "incidentes" poselectorales entre los distintos grupos oficialistas, asociados o no con Paz y Justicia.

El padre Carlos Salcedo Palacios accede a conversar con La Jornada, y además nos ofrece un delicioso y exótico caldo de tortuga del río Tulijá, regalo de unos parroquianos de Salto de Agua. Si bien él llegó a esta parroquia un año después, recuerda que Loma 8, en la parte correspondiente a Toquiapa Bascán, fue el primer lugar donde hubo muertos, amenazas, desplazados, en febrero de 1995.

Impulsados por el clamor nacional que siguió a la ofensiva militar zedillista del 9 de febrero, los indígenas de la sociedad civil se pronunciaron con el "todos somos Marcos". Durante cuatro años, el grupo desplazado estuvo oculto en un pequeño claro de las montañas, y ahora ha regresado, con cuatro muertos en su dolor y mucha incertidumbre respecto a su seguridad y su futuro.

El padre Salcedo considera, no obstante, que en Salto de Agua la situación es menos grave ahora. El número de familias desplazadas es menor al de hace unos años. Un grupo de desplazados fundó un nuevo poblado en Tumbalá, y otros desplazados han retornado dispersamente.

En este municipio, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas registra la persistencia de familias desplazadas en San José Tzibalch'en, La Trinidad, el poblado San Marcos y Jilumil. Pero ahora se deben agregar los nuevos desplazados de San José Bascán. Que no son los mismos que perdieron casas y familiares, allí mismo, hace seis años.

Según Salcedo, el fenómeno de los desplazados fue simultáneo aquí y en el vecino municipio de Tila. Se da la gran concentración de exiliados en Jolnichtié (Tila). Familias de Progreso y Nueva Preciosa iniciaron un exilio que, al menos para la gente de Progreso, aún no termina. "Hubo presos de Salto de Agua y Tumbalá, estuvieron en Cerro Hueco. El gobierno de Julio César Ruiz Ferro se desentiende de la violencia. En agosto de 1997 se recrudece la violencia, hay nuevos desplazados".

En 1998 se inicia el proceso de retorno de "autodesplazados", como se les llama oficialmente. Familias de Tila, Salto de Agua que retornan sin derechos a reunirse, organizarse o protestar. "Se tuvieron que quedar quietecitos, para que no les quitaran sus casas", describe el párroco.

En el pasado, Salto de Agua fue una estación importante del ferrocarril Coatzacoalcos-Mérida, uno de los pocos enclaves ferroviarios en el territorio indígena de Chiapas. Hoy, la estación es un cementerio de trenes, un espacio de juego y travesura, apenas un cobijo para fugitivos. Una niña hace su tarea sentada en un trozo de la banca de piedra, en el que fuera andén. Produce una sensación inmóvil: como si el tiempo hubiera dejado de pasar por la cabecera municipal. Pero es un espejismo: la vida en Salto de Agua camina y cambia, aprisa, peligrosamente, como en el resto de la zona norte del estado, donde no termina el exilio de indígenas en resistencia, ni las causas que lo provocaron.

Camino dañado

En cuanto al caso del camino en Roberto Barrios (el incidente más reciente, de varios ocuridos allí durante el presente año), las autoridades del ejido convocaron a las autoridades civiles y agrarias del ejido Puyipá, de donde procedían los agresores, Juan Díaz Alvaro y Pascual Díaz Alvaro.

En su lugar, informa la Red de Defensores, "se presentó al frente de un grupo de 15 personas el señor Miguel Arcos Alvaro, quien se identificó como delegado de Paz y Justicia".

Los responsables de los daños y el delegado de ese grupo paramilitar "aceptaron que el camino que se está reconstruyendo beneficia a todas las comunidades de la región, y estuvieron de acuerdo en el uso de las piedras y materiales para ello; comprometiéndose a través de un acta de acuerdo a reparar lo destruido". Sin embargo, los afectados denuncian: "además de no reparar el camino destruido, el grupo de Paz y Justicia amenazó con que se están organizando para secuestrar y desaparecer las bases de apoyo zapatistas; secuestrar la camioneta de la comunidad de Roberto Barrios y acusarlos de la comisión de delitos ante el Ministerio Público de Palenque".

Los denunciantes exigen que las autoridades municipales y del estado intervengan para el cumplimiento del acuerdo de reparación del camino de terracería dañado y "responsabilizan de cualquier acto de violencia al delegado del grupo paramilitar Paz y Justicia".