VIERNES Ť 21 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť El acuerdo debe ampliar facultades en materia de presupuesto y seguridad pública, dicen
Apremian los 16 jefes delegacionales a concluir la reforma política del DF
Ť Demandan participar en la mesa de discusiones y abrirla al conjunto de los capitalinos
BERTHA TERESA RAMIREZ
Los 16 jefes delegacionales consideran urgente llevar a cabo la reforma política del Distrito Federal.
Tanto los 11 delegados de filiación perredista como los cinco de Acción Nacional coinciden en que el acuerdo político que actualmente discuten el Gobierno del Distrito Federal y los representantes de los partidos políticos debe ampliar facultades y atribuciones a las delegaciones en materia de presupuesto y seguridad pública.
Entrevistados por La Jornada advierten que cualquier acuerdo que se tome en torno a la reforma administrativa de la capital afectará a los gobiernos delegacionales, que constituyen la instancia administrativa más cercana a los ciudadanos.
Luego de plantear una autonomía administrativa a fondo para que los delegados puedan ejercer su propio presupuesto y tener el mando de la policía, y demandar que se definan claramente las atribuciones de los gobiernos federal y local en el nombramiento del procurador de Justicia y del secretario de Seguridad Pública, los delegados en Tlalpan y Gustavo A. Madero, Gilberto López y Rivas y Joel Ortega, respectivamente, criticaron que el acuerdo político se discuta "sólo en los espacios del gobierno central y la Asamblea Legislativa".
Tras argumentar que el PRD no se debe alejar de su demanda histórica para crear el estado 32 y la municipalización de las delegaciones, López y Rivas dijo que la discusión debe abrirse al conjunto de los ciudadanos, pero también de los jefes delegacionales, quienes han permanecido fuera de las conversaciones.
En el mismo sentido se manifestó Joel Ortega, quien exigió que "la discusión baje de las elites", pues se requiere de un acuerdo político que surja desde una amplia convergencia para que no se convierta en una reforma "incomprendida y sin arraigo para la ciudadanía".
Se expresó a favor de que el mandatario estatal cuente con autonomía para la contratación de deuda y se obligue al gobierno federal a realizar aportaciones al Sistema de Transporte Colectivo-Metro, así como para salvaguardar la seguridad pública que se ve alterada por el crimen organizado.
A la demanda de que sean convocados a participar en las discusiones de la reforma política del Distrito Federal se sumó la delegada en Milpa Alta, Guadalupe Chavira, quien señaló que una reforma a fondo no puede dejar fuera la experiencia de gobierno en todas las delegaciones políticas. Agregó que se requiere de una legislación para las delegaciones rurales.
El delgado en Iztapalapa, René Arce Islas, a su vez expresó que enfrentan problemas por no tener facultades amplias, y puso como ejemplo el de la seguridad pública. "Es un problema muy delicado no contar con los mandos suficientes y por supuesto muchas cuestiones de orden administrativo que a veces impiden ejercer adecuadamente el presupuesto."
La delegada en Coyoacán, María Rojo, dijo que se requiere una reforma administrativa que ajuste las atribuciones del sector central, ampliando las de los gobiernos delegacionales.
El delegado en Magdalena Contreras, Carlos Rosales, demandó la cancelación de los "trámites que impiden a las delegaciones actuar con celeridad y autonomía en materia de adquisiciones, obra pública y contratación de personal". En el mismo sentido se manifestaron los delegados en Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, Elena Tapia, Francisco Martínez y Juan González.
Delegados panistas
El jefe delegacional en Benito Juárez, José Espina, señaló que deben contar con las herramientas jurídicas administrativas y políticas que "nos permitan responder de mejor manera con las expectativas, necesidades y demandas de los ciudadanos en cada delegación".
Dijo que el PAN ha expresado su disposición a renunciar a su demanda histórica de crear el estado 32, ya que "lo más importante es que todos los partidos políticos estén dispuestos a construir consensos para darle a la ciudad las mejores herramientas jurídicas, políticas y administrativas que eleven las condiciones de vida de los capitalinos".
En Azcapotzalco, Margarita Saldaña planteó que además de facultades plenas equiparables a las de cualquier municipio, debe considerar reformas a las leyes de seguridad pública, adquisiciones, obras públicas y vivienda, así como el reglamento de construcción.
En lo que se refiere al ejercicio del presupuesto, las delegaciones sufren un retraso increíble para su entrega por parte del gobierno central, agregó.
Guadalupe Morales, delegada en Venustiano Carranza, consideró urgente la reforma, ya que "en la medida de ello se tendrá mayor independencia y se podrá dar mejores resultados a los ciudadanos. Los 16 jefes delegacionales hemos manifestado estar atados; dependemos mucho del gobierno central". Hay obras que se llegan a retrasar hasta tres meses debido a trámites burocráticos "increíbles".
Arne aus den Ruthen Haag, delegado en Miguel Hidalgo, señaló que la falta de autonomía administrativa se refleja en problemas como el manejo de personal y el ejercicio del presupuesto. "Se llega a dar el caso de que tenemos hoyos en las calles y tenemos el dinero para taparlos, pero no tenemos facultad para contratar el personal que requerimos."
Luis Zuno, titular de la delegación en Alvaro Obregón, dijo que "la reforma política es un tema que no le interesa al GDF, lo cual quedó de manifiesto durante su primer Informe, donde no se refirió ni una sola vez a las delegaciones políticas". Agregó que se requiere la autonomía, "pues es en las distintas delegaciones donde se conocen los problemas de la comunidad, necesidades imperiosas que no pueden esperar lentos planes realizados desde el escritorio del gobierno central".
El delegado en Cuajimalpa, Francisco de Souza, comentó que la reforma política debe considerar 20 delegaciones políticas y avanzar para que éstas se conviertan en municipios. Se manifestó porque la reforma otorgue a las delegaciones la facultad de cobrar el agua y el predial para que esos ingresos se queden en éstas.