Ť Diversas organizaciones sociales denuncian la falta de apoyo al campo

Difícil panorama en Guerrero por baja en turismo

Ť Los programas de ayuda a afectados por la sequía son utilizados con fines electorales

ROSA ROJAS ENVIADA

Atoyac, Gro., 21 de septiembre. Las arterias que unen a la Montaña y las costas Grande y Chica de Guerrero con Los Angeles, Chicago, Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, que permitían dar salida, vía la migración, a la irritación social por la extrema pobreza en el campo, se van esclerosando a resultas de los atentados terroristas en el vecino país.

El propio gobernador del estado, René Juárez Cisneros, reconoció en declaraciones a la prensa local que los efectos se resentirán en los principales artículos de exportación del estado: los jornaleros, y la principal actividad económica: el turismo. De hecho ya hay cientos de cancelaciones en reservaciones hoteleras.

Entre tanto, campesinos e indígenas guerrerenses se quejan de que están perdiendo la guerra contra las trasnacionales que manipulan los precios del café y la copra, debido a la falta de apoyo de los gobiernos federal y estatal.

El gobierno federal, aseguran, "solapa" la competencia desleal en la importación de aceite de coco que -a precios de dumping- llega de Filipinas, Malasia e Indonesia, y café de Vietnam y Guatemala.

La sequía, que siniestró 23 mil hectáreas de cerca de 25 mil productores, dejó sin maíz -alimento básico- a decenas de miles de personas, sobre todo en la Costa Chica, que tradicionalmente era autosuficiente, y en la Montaña, crónicamente deficitaria.

En contraparte, en Tierra Caliente, donde se logró una producción excedente de 20 mil toneladas del grano, los productores empiezan a desesperarse porque no hay mercado para su producto.

El programa de empleo temporal, mediante el cual se pagan jornales a los indígenas y campesinos afectados, mitad en maíz y mitad en dinero, es "absolutamente insuficiente", coinciden tanto organizaciones sociales como funcionarios.

Además hay un subejercicio de por lo menos 145 millones de pesos en los programas federales de Alianza para el Campo. "No se ven en ningún ejido", afirmó el lider estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Moisés Carvajal. Son generalizadas las quejas desde todos los ámbitos, en el sentido de que se le da un uso clientelar a los programas de apoyo al campo.

El problema del estiaje

La sequía afectó severamente parte de la Costa Grande, la Montaña baja y la Costa Chica. En la región hay tierra, agua y fuerza de trabajo, pero hace falta infraestructura de riego. Cada vez más en los pueblos se están quedando las mujeres, los niños y los ancianos, ya que los jóvenes están emigrando, explicó Lauro García Vázquez, del Movimiento Indígena por la Autonomía Rancho Nuevo de la Democracia (MIA).

García Vázquez señaló que las siembras de maíz se malograron porque en junio no llovió. A las milpas que se habían salvado les cayó ahora la plaga de la gallina ciega. "Si no hay cosecha de maíz, la gente va a sufrir. Vamos a presionar al gobierno del estado para que nos apoye, porque el Presidente de la República pura plática."

El programa de trabajo emergente, que se supone iba a poner en marcha el gobierno estatal para auxiliar a los afectados por la sequía, dijo, "no lo conocemos. Este gobierno está acaparando todos los programas, bajo condición de que en la próxima contienda electoral votemos por el PRI. El Progresa sólo se lo dan a los priístas."

Mencionó que tienen algunos proyectos, junto con la Organización de los Pueblos del Sur, para meter cultivos de chile, tomate y sandía en la parte alta de Rancho Nuevo, aparte de un programa de reforestación, porque el bosque se lo acabaron los madereros en los años 60. Presentaron estos programas al gobierno del estado, "pero sólo contestan que no hay dinero", por lo que los van a presentar al Instituto Nacional Indigenista, a Xóchitl Gálvez y al Fonaes.

Marcelino Isidro de los Santos, a quien ser presidente municipal autónomo de Rancho Nuevo le costó un año de cárcel, señaló que aparte de las carencias en servicios básicos, no llega el apoyo de los programas de Alianza para el Campo. El Procampo "le llegó sólo a los priístas, a los perredistas no", y de 214 mujeres con hijos en la escuela, sólo 124 reciben las becas de Progresa.

Cirino Plácido, dirigente del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, mixteco de San Luis Acatlán, explicó que la sequía afecta también a San Luis, Azoyú, Cruz Grande, Igualapa... "La gente se va a tener que salir de la costa. Los de la Montaña pueden sobrevivir porque pueden sembrar frijol y hay plátano y piña", aunque después comentó que ni esos productos ni el café ni el aguacate tienen precio. El café se los están pagando a 1.50 pesos el kilo de cereza, lo que no alcanza ni para pagarle a los peones que lo cortan, que apenas cobran 25 o 30 pesos al día.

Del programa de empleo temporal indicó que el gobierno estatal tenía que haberle entregado hace cuatro meses al Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia aproximadamente 3.5 millones de pesos para las 11 microrregiones, y todavía están pendientes 3.2 millones.

Respecto a la sequía, el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca, mencionó que el gobierno de Guerrero ya solicitó a la secretarías de Gobernación y Agricultura el uso de recursos del Fondo de Desastres (Fonden) por unos 16 millones de pesos, para otorgar apoyos de 700 pesos por hectárea siniestrada. "En caso de que no califique como zona de desastre, trataremos de gestionar programas de empleos temporales para que los campesinos hagan mejoras en sus parcelas, y el jornal pagárselos mitad en efectivo y mitad en maíz, para poder comprar y trasladar a la Costa Chica, la Costa Grande y la Montaña, maíz de Tierra Caliente y de los valles de Iguala, comprándoselos a 2 mil pesos la tonelada, con lo que además vamos a regular el mercado."

El desastre de la copra

A lo largo de las costas Chica y Grande se extienden plantaciones de altas palmeras en 83 mil 730 hectáreas, que producen 46 por ciento de la copra (la carne seca del coco) del país. Este es uno de los cultivos más importantes del estado, del cual viven más de 25 mil familias.

Sin embargo, ahora, bajo las palmas, en muchos lugares se van diversificando los cultivos y la gente va metiendo maíz, plátano, papaya, lo que se pueda para darle mayor productividad, porque el kilo de copra se los pagan los intermediarios a 2.50 pesos, cuando el año pasado estaba a cinco pesos el kilo.

Además de la competencia desleal con la importación de aceite de coco, sebos y otros sustitutos de la copra que se permite entren sin aranceles, ha habido un proceso de deterioro de las condiciones de vida del campo coprero, que han llevado a que hayan envejecido las plantaciones al no haber dinero para renovar las palmeras ni para combatir las plagas.

Mucha gente ha dejado de regar las palmas también. La consecuencia es una caída en la productividad: de cinco toneladas por hectárea que se lograban antes, ahora se obtienen 1.5 toneladas por hectárea.

En Chilpancingo, Rogelio Alquisiras y Cenobio Flores García, coordinador ejecutivo estatal y representante de ganadería ?respectivamente? de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), que afilia a 19 organizaciones sociales, explicaron que de las tres plantas de Agroindustrias del Sur, organismo público descentralizado creado cuando fue gobernador Rubén Figueroa Figueroa, sólo trabaja la de San Jerónimo.

Esa planta adquiere la copra a cinco pesos el kilo, pero por falta de capital tarda hasta tres meses para pagarla. Como los campesinos requieren el dinero de inmediato, se ven obligados a venderle a los intermediarios, "que son los únicos que se están beneficiando con el subsidio oficial."

Informaron que UNORCA entregó el pasado 8 de agosto una propuesta de reactivación del campo tanto a la Federación como al estado, sobre todo buscando alternativas en materia de comercialización. Criticaron que hay un fuerte sesgo electoral en la aplicación de los programas para el campo.

"Amén de que el presupuesto es insuficiente y mal distribuido, tenemos políticas gubernamentales y estatales de desatención, con una apertura indiscriminada de productos extranjeros en el mercado nacional, que compiten de forma desleal", señalaron al exigir que se ponga freno a dichas importaciones. En esto coincidió el dirigente cenecista Moisés Carvajal, quien señaló la necesidad de que se revise el Tratado de Libre Comercio para acabar con ese problema.

Sobre la importación de aceite de coco, el titular de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca, informó que la Secretaría de Economía estatal elaboró un estudio "donde se demuestra que existe dumping en el precio, por un lado, y por el otro que los productos finales, como jabones y champús, no han tenido baja alguna en el precio al consumidor", lo que ha producido ganancias extraordinarias a las cinco empresas que consumen la copra del país: Oleofinos de Guadalajara, Procter and Gamble, La Corona y otras.

El estudio se le envió la semana pasada a la Secretaría de Economía federal, solicitando el establecimiento de aranceles a la importación de aceite de coco, así como un registro de las importaciones.

El funcionario agregó que en respuesta a diversas movilizaciones y bloqueos de carreteras, el gobierno estatal dispuso que la planta de San Jerónimo comprara a cinco pesos el kilo de copra, pero sólo puede absorber 20 por ciento de la producción estatal. Para que no se beneficie sólo a los acaparadores, se dispuso que únicamente se admitan hasta cuatro toneladas al año por productor.

A partir de octubre se va a subsidiar el precio del kilo de copra, sea entregada en la planta paraestatal o a las plantas privadas, con 75 centavos por parte de Aserca, y otro tanto por parte del gobierno del estado para que el precio llegue a cuatro pesos el kilo. "Esto es para productores de hasta cuatro hectáreas y mientras se acaben los 15 millones de pesos" que aportó la Sagarpa para tal efecto, indicó.

La crisis del café

En Atoyac, Zohelio Jaimes Chávez, dirigente de la Coalición de Ejidos de la Costa Grande, que agrupa a 60 comunidades con 2 mil 200 productores que poseen 16 mil hectáreas, explicó que la caída de los precios internacionales del aromático es de tal magnitud que los productores pierden en promedio 900 pesos por hectárea cosechada, ya que se les paga a 60 dólares el quintal (de 52 kilos), menos los castigos de 10 a 12 dólares por cada uno, dependiendo de la calidad del grano. Ahorita se está buscando mantener la cultura del café y se están diversificando proyectos -ganadería, hortalizas, miel- para que los productores sobrevivan.

Unicamente el café orgánico, que se exporta a Dinamarca y Alemania, les deja una ganancia, ya que les pagan 20 o 25 dólares por quintal arriba del precio de la Bolsa, pero sólo 300 campesinos producen cerca de 7 mil quintales de este tipo, contra 30 mil a 40 mil en los que se utilizan agroquímicos.

La coalición, integrante de la UNORCA, por falta de capital no puede recibir todo el café que producen sus socios, así que algunos se los venden a los acaparadores o a compañías de fuera, que pagan a cuatro pesos el kilo de café capulín -cereza, pero seco- o a ocho pesos el kilo de café oro, natural o de exportación.

El programa de café orgánico lo tienen hace 12 años -la coalición se fundó hace 21 años-, pero se maneja poca cantidad porque no todos quieren meterse a ese cultivo pues implica más labores para las plantas, más dedicación, "pero aparte la gente convive con la naturaleza, y uno puede cuidar la ecología y todo eso."

De hecho, indicó Jaimes Chávez, las alternativas para los caficultores son el café orgánico o la promoción del consumo nacional, ya que en México sólo se consume 20 por ciento de la producción nacional -un promedio de un kilo por persona al año, contra ocho de Alemania y entre ocho y 12 kilos per cápita al año de los países escandinavos-. También hay que meterse a tostarlo y molerlo, con marcas para venta al consumidor, pero los productores todavía no están adaptados para la comercialización: la calidad, las mezclas, el empaque, la promoción, todo eso requiere capacitación y capital. Sin embargo, la UNORCA está por sacar su marca propia: Primer Café.

Mencionó que la crisis cafetalera internacional se debe a que anualmente se consumen de 100 a 105 millones de sacos, pero se producen entre 117 y 120 millones. Los excedentes presionan a la baja los precios.

Además, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impulsado la producción con recursos de cooperación a países que han estado en guerra, como Vietnam y Camboya.

Hace 5 años Vietnam no producía ni un millón de sacos, y ahora está produciendo más de 11 millones, "y con todos los recursos que les dan las ONG, si se los pagan a 20 dólares el quintal para ellos es bueno, en cambio nosotros necesitamos 90 dólares mínimo para poder sacar los costos de producción."

Por si fuera poco, el gobierno mexicano está permitiendo la importación de café de Vietnam y Guatemala, algo que han rechazado los caficultores nacionales. "Sentimos que hay una política de desprecio, de aislamiento por parte del gobierno mexicano contra los productores. No hay argumento para las importaciones, lo que pasa es que las grandes compañías transnacionales tienen el poder económico y hay que estar bien con ellos."

Consideró trágico que ante la situación de desastre que se vive en el campo guerrerense la gente esté abandonando la región. "Se van al norte, a Estados Unidos o a las ciudades a trabajar, o se van sus hijos y se quedan los viejos. No tenemos un dato exacto, pero debe haber unas 5 mil personas fuera de la región. En cada comunidad encontramos 15 o 20 casas solas: en Agua Fría, San Francisco, El Tibor, Paraíso, San Andrés, El Cacao, Los Valles... Aparte cada familia tiene una o dos personas fuera, por eso nuestra preocupación es impulsar un proyecto alternativo para que nuestra gente tenga mejores condiciones de vida", concluyó.