Floreciente industria del secuestro
En Guerrero florece la industria del secuestro, con 50 o 60 casos ocurridos en lo que va del año. Las únicas actividades agrícolas prósperas en la entidad son la siembra de mariguana y amapola, coincidieron dirigentes agrarios e indígenas, y el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Manuel Popoca.
"La extrema pobreza es el caldo de cultivo de la guerrilla, la delincuencia y el narcotráfico; esa es la batalla que estamos perdiendo al no brindarles a los campesinos opciones rentables", reconoció el funcionario, quien señaló: "como secretario me la he pasado de bombero rural apagando los fuegos que existen en el campo guerrerense, en el contexto de la crisis del agro mexicano".
La inseguridad y la violencia se agudizan, sobre todo en las zonas de Tecpan y Atoyac, en la Costa Grande, y en las comunidades de Tlacoachistlahuaca y Ayutla, en la Costa Chica, pese a que en esas zonas hay una fuerte militarización y son frecuentes las incursiones de policías federales y estatales con el pretexto del combate a la guerrilla y el narcotráfico.
Como resultado de lo anterior hay un éxodo de la gente que tiene algunos recursos, de las regiones más inseguras hacia las ciudades, paralizándose actividades productivas. También hay sectores sociales -como el de los ganaderos de Atoyac, que recientemente realizaron una manifestación para exigir que se les permita armarse- que se están organizando "para su autodefensa".
En Atoyac, desde el 14 de septiembre comenzaron protestas por parte del Movimiento para la Seguridad de los Pueblos -incluyendo bloqueos momentáneos de carreteras o "retenes informativos"- para exigir la destitución del director de la Policía Judicial, Epifanio Hernández Vélez, a quien además de acusarlo de ser cacique del ejido El Paraíso, señalan en los volantes que reparten que "cuenta con adornos como su relación con el narcotráfico, protección a bandas de asaltantes, enriquecimiento ilícito, acopio de armas prohibidas y varios asesinatos".
Por el lado de la Costa Chica, en Ayutla -donde el Ejército perpetró el 7 de junio de 1998 la matanza (enfrentamiento fue el reporte oficial) de El Charco, en la que murieron 11 presuntos guerrilleros del ERPI y hubo cinco heridos y 22 detenidos- y en Tlacoachistlahuaca -municipio este último de donde se desgajaron indígenas mixtecos que están luchando por que se les reconozca el municipio autónomo Rancho Nuevo de la Democracia, lo que les ha costado por lo menos una decena de muertos- continúan los ataques contra luchadores sociales.
El último caso denunciado fue el asesinato, el 26 de agosto pasado, de Andrés Marcelino Petrona, uno de los dirigentes de la comunidad de El Charco, al parecer con disparos de AK-47. Al respecto el presidente municipal de Ayutla de los Libres, Fortino Caballero, denunció en La Jornada-El Sur que este asesinato fue otro "ajusticiamiento político" perpetrado por "grupos no identificados" contra líderes perredistas indígenas que han apoyado a sus comunidades.
El historiador Andrés Rubio, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en la Costa Chica, mencionó que el problema principal de la región es la pobreza extrema, y en vez de que el sistema responda con proyectos económicos no asistenciales, "responde militarizando la región.
"En lo inmediato sigue habiendo muertos. O sea, la militarización no solucionó el problema de la violencia, y se da un proceso de ampliación de los cultivos clandestinos, de la amapola, y esto en consecuencia genera más violencia. Pero además la presencia militar, independientemente de que inhibe el derecho de tránsito, ahuyenta las inversiones. Por eso la primera demanda es la desmilitarización y el castigo a los responsables de la matanza de El Charco, además de exigir la indemnización de las viudas y los hijos de los indígenas asesinados".