Ť En medio siglo perdieron la mitad de su territorio por invasiones de mestizos

Una nueva generación de huicholes espera poner punto final al problema de la tierra

Ť Los viejos promueven para cargos a jóvenes preocupados por su cultura, pero con aires de
transformación Ť Cuatro comunidades impugnarán ante la Suprema Corte la reforma indígena

MARIA RIVERA ENVIADA

Tuxpan de Bolaños, Jal., 21 de septiembre. Las asambleas de las comunidades wixaritari de Santa Catarina Cuexcomatitlán, San Andrés Cohamiata, San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños interpondrán en los próximos días juicios de amparo contra la recién aprobada ley indígena, por considerar que no garantiza a los pueblos indios un territorio donde ejerzan su cultura y forma de gobierno, ni gocen de plenos derechos sobre el uso de sus recursos naturales.

''La ley Bartlett-Cevallos no nos sirve, ¿acaso alguien nos pidió nuestro parecer? -pregunta Leocadio López, del consejo de ancianos de Tuxpan de Bolaños. Esas leyes nacieron muertas, como la Constitución, que dice que todos somos mexicanos aunque sigue la diferencia entre indígenas y mestizos. Cómo vamos a ser iguales si nosotros no tenemos agua, caminos y ni siquiera podemos estudiar en las ciudades porque nos malvén. Por eso queremos la autonomía, para organizarnos entre nosotros mismos, para que se respeten nuestras tierras y nuestros usos y costumbres, para que nadie nos diga lo que sí y lo que no".

Explica que si la legislación nacional es limitada, la estatal todavía lo es más y tampoco en este caso se les pidió su opinión. "Los diputados ni nos preguntaron lo que queríamos, quesque ellos saben todo".

Juan González Bañuelos, gobernador tradicional de la comunidad, también coincide con ese punto de vista. "Su voz y su palabra" nunca son tomadas en cuenta a la hora de decidir sobre situaciones que les competen, lamenta. "Como los de Chiapas, también nosotros queremos que se respete nuestro territorio, nuestra autonomía, nuestro gobierno. Quién va a saber mejor que uno los problemas que hay aquí", plantea.

Cambio, pero con directrices

Los vientos de cambio están presentes no sólo en el discurso sino en el ambiente de las comunidades wixaritari. Los viejos, que finalmente son los que rigen, están promoviendo para cargos comunitarios a muchachos preocupados por su comunidad, pero que tienen contactos con el exterior. Consideran necesaria una transformación en su cultura, pero la están orientando.

Armando Hernández encarna mejor que nadie a los nuevos dirigentes indígenas. Tiene 25 años y fue elegido por su comunidad como enlace con el Congreso Nacional Indígena (CNI). Su anterior trabajo en el Instituto Nacional Indigenista no sólo le dio "verbo", como él explica, sino información para valorar lo mejor de su pueblo y rechazar lo negativo. Por ejemplo, rescata las tradiciones comunitarias que permiten a los huicholes rechazar la alternativa del narcotráfico, pero no está de acuerdo con la poligamia que acostumbra la mayoría. Aunque su matrimonio fue arreglado por su familia -como es norma en esa cultura-, sólo tiene una esposa.

También está interesado en que su hija mayor, de doce años, que acaba de terminar la primaria, continúe sus estudios. "A muchas niñas las casan desde los once años pero la mía no, primero tiene que estudiar".

Esta generación es la que tendrá la responsabilidad de poner punto final a la tenaz lucha de los huicholes por recuperar su territorio. En este punto no transigen. Cada metro lo pelean con todas las armas legales a su alcance. Y no es para menos: tan sólo entre 1895 y 1968, según relata Fernando Benítez en su libro Los indios de México, llevaban perdida la mitad de sus tierras a manos de los mestizos invasores.

Si bien desde los sesenta se abocaron a legalizar su situación agraria, no fue sino hasta la década pasada cuando comenzaron a ver los resultados. Los juicios que entablaron entre 1993 y 1994, que les permitirán recuperar 65 por ciento de esas tierras, están por resolverse. Por lo pronto la primera sentencia y la revisión les fueron favorables, ahora sólo faltaría la última instancia para concluir la trama jurídica.

Pero saben que ahí no terminan sus problemas. La ejecución de las órdenes seguramente conllevará la resistencia de los mestizos afectados. "Estamos preocupados porque Xóchitl Gálvez nos ha dicho que no hay dinero para un plan de indemnizaciones'', explica su asesor legal Carlos Chávez. El esquema de ofrecer a los afectados tierras en otra parte permitiría desmontar el conflicto social que puede desprenderse de la ejecución judicial de sentencias. ''El PRI, con todo y sus corruptelas, era más sensible a estos temas, en cambio el PAN, por su inexperiencia, carece de visión política. Quieren resolverlo todo a través de la fuerza policiaca, dejando de lado la paz social de la zona".

Indica que finalmente mestizos e indígenas tendrán que convivir y más vale preparar las bases para la reconciliación. Para ello no ve otra opción que ir construyendo espacios y proyectos comunes. " Tenemos que pensar en un esquema sustentable, para lo cual la reconciliación es fundamental. Todos los que comparten el ecosistema -huicholes, coras, tepehuanos y mestizos- tienen que intervenir en las decisiones".

Chávez, también dirigente de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (Ajagi), explica que los wixaritari necesitan encontrar alternativas propias y viables, que los alejen de las que les ofrecen el narcotráfico, los madereros o gente del gobierno, que ya está hablando de llevarles maquiladoras.

Ofrece un ejemplo de que este es un pueblo abierto al cambio pero que exige respeto. Hace una década los venados empezaron a escasear en algunos lugares de la sierra norte de Jalisco. Si se considera que la vida religiosa de los huicholes está presidida por la trilogía venado-maíz-peyote, se entenderá la magnitud del problema que se suscitó. Las cacerías organizadas por los centros ceremoniales los hacían alejarse cada vez más de sus comunidades, exponiéndolos a toda clase de peligros. Cuando llegaban a invadir terrenos particulares, no sólo arriesgaban la pieza, sino incluso su libertad.

Un día Ajagi propuso a los comuneros de San Andrés Cohamiata, una de las comunidades más afectadas, imponer una veda y establecer un criadero. El ofrecimiento fue rechazado. "Desde el momento en que la mazorca echa sus primeros cabellitos y nace el venado, este ya tiene indicado para quién va a ser, le respondieron, los que nos ofrecen no tienen corazón, no nos sirven".

Durante dos años y medio los huicholes ignoraron a los animales del criadero de Ajagi. Hasta que un buen día los ancianos soñaron que podían ser aceptados. Entonces dijeron a Carlos Chávez: "Tráelos". Mediante una ceremonia los presentaron a sus antepasados y a partir de ese momento se volvieron venados con corazón.

En el tiempo que lleva la veda -más de siete años- los wixaritari tuvieron que reinterpretar su religión. Ahora, aunque se les aparezca un venado, no pueden matarlo. Este hecho ejemplifica mejor que nada que son una cultura viva, que acepta los cambios, siempre y cuando se den en un marco de respeto con su visión del mundo.

Ť Fueron interpuestas por varias etnias de Chiapas

Cinco demandas y una controversia contra la reforma a la ley indígena

Ť Autoridades municipales de Nicolás Ruiz acuden a la SCJN

ELIO HENRIQUEZ Y ERNESTO MARTINEZ CORRESPONSALES

Indígenas de Chiapas de varias etnias interpusieron este viernes ante el Poder Judicial de la Federación cinco demandas de amparo y una controversia constitucional contra las reformas sobre derechos y cultura indígenas que aprobó el Congreso a finales de abril pasado.

La controversia constitucional fue interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por las autoridades municipales de Nicolás Ruiz, las cuales le piden "invalidar el dictamen de reformas indígenas", porque "van en contra de los acuerdos de San Andrés", firmados entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 16 de febrero de 1996.

Los cinco amparos fueron interpuestos por la organización civil Las Abejas, de Chenalhó, a nombre de tres comunidades del municipio de Amatenango del Valle -La Grandeza, Madronal y la cabecera- y por tres ''presos políticos'' -Salvador López González, Alejandro Méndez Díaz y Gustavo Estrada Gómez-, bases de apoyo del EZLN que están recluidos en el penal de Cerro Hueco, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca.

Dio a conocer lo anterior, en conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas, Pablo Moreno Rodríguez, síndico municipal de Nicolás Ruiz, quien aseveró que su pueblo, de habla tzeltal, considera que las reformas indígenas promulgadas el 14 de agosto pasado por el presidente Vicente Fox "desconocen el caminar histórico y de lucha de los pueblos indígenas junto con el pueblo mexicano".

Aseveró que el Congreso de la Unión "no tomó en cuenta a los pueblos primeros para hacer las reformas, y cambió el texto de la ley Cocopa, donde se recoge la voluntad de los pueblos indígenas". Explicó que la controversia fue presentada esta mañana en las oficinas de la SCJN en la ciudad de México.

''Una verdadera contrarreforma''

Por parte de la agrupación Las Abejas habló Carmela Gómez Hernández, quien señaló que las reformas indígenas "son anticonstitucionales y violaron el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que contiene disposiciones diversas en beneficio de los pueblos indígenas".

Las reformas hechas por el Congreso de la Unión "son una verdadera contrarreforma", subrayó la indígena tzotzil, quien a nombre de su agrupación pidió al Poder Judicial que invalide las modificaciones constitucionales.

Por su parte, Juan López Villanueva, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas -organismo que redactó las solicitudes de amparo y el escrito de controversia constitucional, además de que realiza todos los trámites sobre el caso-, precisó que los amparos fueron interpuestos la mañana del viernes ante el juzgado de distrito ubicado en Tuxtla Gutiérrez.

Al leer un comunicado de prensa del organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, López Villanueva comentó que en su controversia constitucional, las autoridades de Nicolás Ruiz "demandan al Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados que votaron a favor del dictamen respectivo y al Poder Ejecutivo federal por violaciones al debido proceso, al no haber cumplido con la consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas que puedan afectar lo dispuesto por el convenio 169 de la OIT".

Dijo que los tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles y zoques que han hecho la petición de que se anulen las reformas, "reclaman al Poder Judicial federal ceñir a los poderes Legislativo y Ejecutivo al orden constitucional por haber violado la ley en el procedimiento legislativo, al realizar cambios a la propuesta de ley consensada en los diálogos de San Andrés Larráinzar, sin haber consultado a los interesados, así como por la omisión presidencial al no haber realizado las observaciones al dictamen, según sus facultades constitucionales".

En el caso de Chiapas, suman ya cinco las controversias constitucionales interpuestas por igual número de municipios en contra de las reformas indígenas, además de los amparos de organizaciones e individuos; de acuerdo con Juan López, se espera que en los próximos días se interpongan más recursos de estos últimos.

Por otra parte, el juzgado del distrito de Uruapan, Michoacán, otorgó a las comunidades purépechas de Nurío y Urapicho la suspensión de las reformas constitucionales en materia indígena, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto pasado, "para que las cosas se mantengan en el estado que guardan", en tanto se desarrolla el recurso de amparo contra los actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, presentado por los representantes de esas comunidades.

Informó lo anterior Rogelio Mercado Damián, vocero de la región centro-occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), quien informó también que tal como hizo en días pasados el pueblo purépecha, las comunidades nahuas de Aquila, Ostula, Pómaro y El Coire, en Michoacán, emitieron este viernes un decreto en el que declararon su derecho a la libre determinación, con lo que sumaron dos las etnias michoacanas que desconocen de facto las reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígenas.