Ť Antonio Gershenson

El clima bélico y nuestro gas

Sea quien sea el que lo planeó, el atentado de los aviones no sólo fue un asesinato masivo y una destrucción de bienes, sino que se trató de una gigantesca provocación. Ahora se plantea una especie de guerra mundial sin un enemigo claramente delimitado, sólo una definición de ese enemigo como "el terrorismo". Hay una definición discrecional de los límites del mismo, sin tribunal internacional ni marco legal. El "enemigo" puede incluir no sólo a un ejército, sino a civiles e incluso a países enteros.

Con el recuerdo de la llamada "guerra sucia" en parte de Sudamérica, esto es como para preocuparse. Afortunadamente, la enérgica reacción pública y en el Senado lograron cambiar o por lo menos matizar las iniciales posiciones de funcionarios mexicanos apoyando esa línea con entusiasmo, y volviendo la espalda a la tradición política mexicana de autodeterminación y no intervención, y a nuestra propia Constitución.

Con este ambiente, el secretario de Energía planteó, ante la Cámara de Diputados, que el gas natural se podría convertir en un problema de seguridad nacional. Dijo que las importaciones han llegado a 30 por ciento del consumo. Señaló el gran retraso en las inversiones. Entre las alternativas posibles, planteó un nuevo régimen fiscal para Pemex. Afirmó que hay que modificar el porcentaje de gas de nuestro consumo de energía, entendiéndose que hay que reducirlo.

En realidad, el gas natural ya es un problema de seguridad nacional. Dependemos de que no se cierre la llave de entrada de las importaciones, que vienen todas de Estados Unidos. Si vuelve a subir el precio allá, volverán a cerrar plantas como sucedió en los primeros meses de este año. Si alguien que tenga que ver con la llave, sea la empresa que la opera, la autoridad local o estatal o la federal, decide cerrarla, eso nos afectará seriamente. Es más, por ejemplo Tijuana, cuyo gas viene exclusivamente del exterior al no haberse desarrollado recursos locales ni construido ductos del interior del país, se pararía completamente. Allá el gas natural ya no sólo se usa para generar electricidad, sino para cocinar, para el baño de agua caliente, para todo lo que es consumo de energía.

Sí, hay que diversificar fuentes de generación de electricidad hay que cambiar el régimen fiscal de Pemex y del sector eléctrico. Hay que suprimir subsidios, pero no sólo está subsidiado el consumo eléctrico doméstico en pequeña escala y para riego agrícola, pues es más dinero el que se destina a subsidiar a grandes empresas. Esta supresión de subsidios en electricidad y algunos combustibles, para no provocar un cierre de empresas, debe ser gradual, programado, anunciado y acompañado de una política de apoyo a la modernización tecnológica y de normas de calidad que dejen de estimular el que transnacionales manden aquí su chatarra, sus líneas de producción ya descontinuadas en sus países de origen, y que den financiamiento barato para el cambio tecnológico en términos de las necesidades del país. Y la inversión debe dirigirse especialmente a eliminar la dependencia en relación con las importaciones de insumos estratégicos como el gas natural.

Por encima de todo, y después de tantas declaraciones y tan pocos hechos, los mexicanos tenemos pleno derecho a exigir que a las palabras del secretario les sigan los hechos. El que dijo lo mencionado anteriormente es la máxima autoridad en materia de energía. ¿Por qué no ha hecho lo que dice que se debe hacer?

Una de las razones, tal vez la decisiva, es que el actual gobierno dejó mucho del anterior, especialmente en materia de política económica. Si las líneas generales del periodo de Ernesto Zedillo, e incluso funcionarios clave, siguen siendo las mismas, eso bloquea un posible cambio. No sólo en energía se han frenado inversiones, en otra nota del mismo día podemos ver que la única obra completada por el nuevo gobierno con recursos federales fue una clínica de diez camas en Chihuahua. Y es que el poder omnímodo de la Secretaría de Hacienda le permite, para bajarle uno o dos puntos porcentuales al aumento del índice de precios, frenar el gasto de todo el gobierno federal y dependencias descentralizadas del mismo. Dejan al país sin nada de dinero para inversión, para lucirse con un numerito que, además, poco tiene que ver con los precios que se deben pagar en el mercado o en la tienda.

El asunto está a discusión en el Congreso de la Unión. Es allí donde deben cambiarse las leyes, pero no sólo en materia fiscal sino también en cuanto a facultades de la Secretaría de Hacienda, por un lado y por otro, en el sentido opuesto, de los organismos descentralizados, y en materia de facultades fiscalizadoras del propio Congreso.