Los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono han causado gran cantidad de muertes, pero al mismo tiempo parecen haber resucitado el macartismo y la histeria xenófoba que tantos crímenes cometieron en el pasado. 

Cabe recordar el caso de Sacco y Vanzetti que horrorizó al mundo entre las dos guerras mundiales porque dos inocentes fueron condenados a muerte y ejecutados sólo por ser italianos y, por consiguiente, sospechosos de ser anarquistas. También, durante la guerra fría, los procesos, con sus abyectas confesiones y delaciones forzadas, contra artistas e intelectuales "culpables" de haber apoyado a la República en la Guerra Civil Española o de simpatizar con la izquierda. O la condena a muerte por espionaje de una pareja que no había robado ningún secreto atómico, pero cometió el "delito" de ser judía y comunista. 

Esa fase, que parecía enterrada con el fin de la guerra fría, reapareció el 12 de este mes, cuando los muertos yacían aún bajo los escombros en Manhattan y el humo seguía manchando los cielos. 

De modo que bajo los restos de las torres que eran orgullo de Nueva York están ahora sepultadas también las libertades de las que se enorgullecía igualmente cualquier ciudadano estadunidense, acostumbrado desde siempre a presenciar el terrorismo de Estado y las atrocidades sin nombre y sin fin en el exterior, pero que no acepta que la mundialización haya borrado las barreras entre lo externo y lo interno y haya globalizado el horror.

Ahora una persona, sea ciudadana o no, puede ser detenida durante 48, 72 o más horas antes de ser presentada ante un juez (uno imagina en qué condiciones) solamente por ser sospechosa de acuerdo con el juicio de una policía que mal distingue un árabe de un afgano, un hindú o un oaxaqueño. 

Es posible detener sin explicación ni cargos formales y durante meses a quienes la policía considere "testigos materiales" de un supuesto acto terrorista. Será posible detener y deportar a los inmigrantes, incluso los que tienen documentos, y realizar arrestos secretos y cateos sin explicación alguna. La CIA podrá intervenir todas las comunicaciones y contratar gente juzgada por delitos contra los derechos humanos. 

A los no ciudadanos se les podrá deportar sin explicación alguna ni derecho de defensa y con "pruebas" policiales secretas reales o inventadas. El habeas corpus quedará sin efecto, dejando a los ciudadados sometidos al arbitrio de una policía caracterizada por su gatillo fácil, su brutalidad y su racismo, conocidos y repudiados en todo el orbe. 

Se podrá ser detenido, secuestrado, expulsado, por haber firmado en los ochenta un desplegado contra el apartheid y a favor de la libertad de Nelson Mandela (entonces preso y considerado terrorista y hoy ex jefe de Estado) o por haber apoyado a los palestinos en esa época, cuando eran considerados, en bloque, terroristas.

Es evidente que esta legislación que apunta hacia la instauración de un Estado totalitario no se aplicará sólo a los sospechosos de simpatizar con algún tipo de terrorismo fundamentalista. La amenaza racista y discriminatoria pende sobre la cabeza de todos los que pertenecen a minorías nacionales, sobre todo de color y no presbiterianas, y puede golpear --como enemigos públicos y de la patria-- a quienes protesten por haber perdido su empleo, a quienes rechacen el neoliberalismo, a los que consideren que el régimen es injusto o se opongan a la guerra incluso con los argumentos del Papa, de que la solución vendrá del diálogo y no de las armas. 

Si una milésima parte del dinero que se gastará en la guerra o que se gasta en el Pentágono fuese utilizada para el desarrollo de los pueblos, los terroristas carecerían de apoyo de masas. Si los armamentistas y petroleros que forman el gobierno de Bush intentan responder al fundamentalismo con fundamentalismo y al terrorismo con terrorismo de Estado, enterrando las libertades democráticas en Estados Unidos, sembrarán terrorismo en masa y aislarán aún más a Washington de todos los pueblos que --los nuevos McCarthy pueden estar seguros de ello-- no coinciden por fuerza con la flexibilidad dorsal de sus gobiernos.