Ť Implicaría nueva ley transparencia en concesiones

Viable, órgano autónomo que regule radio y tv: Gobernación

Ť Más programas hechos en México, propuesta de grupos civiles

ALONSO URRUTIA

En el contexto de la elaboración de un nuevo régimen que regule el funcionamiento de los medios electrónicos en el país, la Secretaría de Gobernación considera como una propuesta viable la creación de un órgano autónomo y ciudadanizado que participe tanto en la supervisión de dichas empresas, como en el proceso de otorgamiento y renovación de concesiones, mismas que se otorgarían bajo nuevas reglas que garanticen la transparencia de criterios.

Para la Secretaría de Gobernación, la reforma legislativa que se discute entre los diversos actores involucrados -que incluye partidos, concesionarios, organizaciones ciudadanas, académicos y organizaciones ciudadanas- implicaría garantizar la competencia entre los concesionarios a partir de un mercado regulado que no favorezca alta concentración en unos cuantos empresarios.

Aun cuando se considera difícil que sea en el actual periodo de sesiones del Congreso de la Unión cuando puedan concretarse las reformas, las discusiones en las mesas que se instalaron para debatir los diversos ámbitos que comprenden los medios electrónicos, el órgano autónomo que ha sido propuesto por sectores académicos y de organizaciones sociales, es visto como viable por parte de la Secretaría de Gobernación, instancia que es hoy la responsable de su regulación.

Por otro lado, entre las principales propuestas que han presentado los representantes de las organizaciones ciudadanas en las mesas de discusión, destacan la incorporación en la Ley Federal de Radio y Televisión un artículo que obligue a los concesionarios de radio y televisión a que -al menos- 50 por ciento de su programación sea producida en México.

A juicio de las organizaciones, la legislación vigente sólo establece la obligatoriedad de los concesionarios a la protección del buen uso del lenguaje, la promoción de las buenas costumbres y la prohibición de difundir programas que atenten contra la seguridad del Estado, pero no garantiza el desarrollo de la producción nacional.

Justificaron que las reformas requieren el consenso entre los representantes de las organizaciones ciudadanas, pero admitieron que la ausencia de un "candado" en este renglón inhibe la producción nacional. Sin esta obligación, los concesionarios no toman en cuenta el interés social en algunos temas que debieran incorporarse en la programación.

La nueva legislación debe favorecer a productores independientes

Vinculado a ello, se plantea que la nueva legislación favorezca el desarrollo de productores independientes, mediante la asignación de algunos tiempos en las estaciones de radio y televisión, destinado a la difusión de programas elaborados por estos productores independientes.

Uno de los aspectos donde existe coincidencia entre Gobernación y las posturas ciudadanas es la urgencia de aplicar mecanismos que obliguen a los concesionarios a respetar los horarios de programación familiar e infantil. Las limitaciones legales que tiene Gobernación para sancionar ha permitido la permanencia de los denominados talk shows.

Para las organizaciones ciudadanas, las insuficiencias legales no deben implicar en los hechos que el gobierno renuncie a su obligación de regular y establecer límites "a los criterios del mercado que dominan prácticamente sin contrapesos en la definición de la programación televisiva y radiofónica.

"Por esta razón, es necesario que se establezcan límites claros a los excesos del rating", pues las experiencias de los talk shows han sido una llamada de atención de la necesidad de contar con elementos legales para imponer criterios éticos "y promueva contrapesos a los programas que se escudan en un alto índice de audiencia para transmitirse".

En el documento que compendia las propuestas de las organizaciones no gubernamentales se subraya que "la libertad de programación que todos los concesionarios gozan es un derecho inalienable, pero éste, como todos los demás, llega hasta donde se impongan las necesidades del cumplimiento del derecho a la educación, salud e información", entre otros.

Otro punto donde existe coincidencia entre la postura de la Secretaría de Gobernación y ONG es en el establecimiento de la obligatoriedad de los concesionarios a garantizar el derecho de réplica.

Para Gobernación, este es un esquema que garantizará el derecho de los ciudadanos pero cuyo cumplimiento pleno implicaría la creación de una instancia creada para vigilar su aplicación. La postura que han asumido las organizaciones ciudadanas en las mesas de trabajo señalan que el derecho de réplica revindica derechos elementales de los ciudadano como salvaguardar su honor y el respeto a la vida privada.