LUNES Ť 24 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Preocupa la suspensión de ayuda de la Cruz Roja Internacional, en diciembre
El Centro Fray Bartolomé documenta 2 mil 534 desplazados en Chiapas
Ť Demandan castigo a paramilitares, pago de daños e indemnización por pérdidas humanas
VICTOR BALLINAS
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal, Chiapas, destaca en un estudio sobre comunidades desplazadas en ese estado a partir de 1995 en las zonas centro, Altos y selva que a partir de ese año se han visto afectadas 2 mil 534 personas, que integran 668 familias y requieren apoyos por casi 30 millones de pesos por daños, robo de sus pertenencias y destrucción de sus viviendas.
En todos estos casos, resalta dicho centro, " se sabe que la ayuda que proporciona la Cruz Roja Internacional en Chenalhó y los Altos ya no se brindará a partir de diciembre, eso es preocupante porque son comunidades que viven en la miseria y en riesgo de violencia por parte de grupos de contrainsurgencia".
Los desplazados son originarios de las comunidades Cimarrón, en el municipio de Villa de Corzo; Carmelitas Matzán, en Cintalapa; Río Salinas Cruz, de Marqués de Comillas; Guanal, Plan de Guadalupe, Amador Hernández y Prado Pacayal, en Ocosingo; Jesús Carranza, Tzaquil, Quintana Roo, Bebedro y Los Mayos, en Sabanilla; Ejido Progreso, en Salto de Agua; El Limar, Cruz Palenque y Usipá, en Tila. Se trata de casi 700 familias que reciben ayuda de organismos no gubernamentales nacionales.
Marina Patricia Jiménez Ramírez, directora de dicho centro, dijo a este diario que "el estudio que se elaboró no abarca a todos los desplazados, pero sí a una gran parte. Ellos demandan castigo para los grupos paramilitares que los obligaron a dejar sus comunidades".
El estudio, explica, se inició a partir de un encuentro de derechos humanos que organizó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, en el cual participaron 98 personas que representaban a 11 mil desplazados".
Los desplazados demandan "castigo para los grupos paramilitares y los caciques y han pedido que el gobierno del estado genere las condiciones para que puedan regresar a las comunidades de donde fueron expulsados o inducidos a salir".
Legalización de tierras
La directora del centro destaca que aunque los desplazados quieren regresar a sus tierras, "ellos dicen que si no pueden volver porque no hay condiciones, entonces que el gobierno legalice las tierras donde ahora están, y que para reparar el daño les dote de nuevas superficies de cultivo".
El centro de derechos humanos insiste en que la reconciliación "no es borrón y cuenta nueva. Parte de la reparación del daño es la indemnización, que se haga justicia, y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés".
Destaca que en la zona centro se tienen registradas 89 personas desplazadas de la comunidad de Cimarrón, en Villa de Corzo, y actualmente se encuentran ubicados en el Rancho La Piedrita, en el mismo municipio. Lo que esas 15 familias requieren es: viviendas, apoyo en la compra de los predios de La Piedrita y Arroyo del Sáuz, el pago de pérdidas y daños por un total de 6 millones 295 mil 221 pesos.
Respecto a los desplazados de la zona de los Altos, del municipio de Cintalapa, se encuentran hoy en Tenejapa. Estas personas demandan castigo a los culpables, indemnización por pérdida de pertenencias por un total de un millón 525 mil 164 pesos. Indemnización por la muerte de la niña Mariana López Intzin; vivienda, ayuda humanitaria y compra de tierras en el Rancho Rincón de las Minas.
En la zona de la selva hay 614 familias desplazadas en diversas comunidades: Río Salinas Cruz; Guanal, Plan de Guadalupe, Amador Hernández, Pacayal, Paraíso, Jesús Carranza, Tzaquil, Quintana Roo, Bebedero, Los Mayos, Edio Progreso y El Limar. Sus necesidades ascienden a 20 millones de pesos en las diferentes comunidades y piden ayuda para vivienda, dotación de tierras, castigo a grupos paramilitares, el pago a viudas e indemnización.