MARTES Ť 25 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť El plazo para presentar controversias constitucionales vence este miércoles
La Corte ha admitido 307 recursos contra ley indígena
Ť Las autoridades de Acapulco, Tlaxiaco y Malinaltepec interpusieron ayer inconformidad
JESUS ARANDA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió ayer tres controversias constitucionales más en contra de las reformas en materia de derechos y cultura indígenas, con lo cual suman -según datos oficiales- 307 los recursos admitidos, a escasas horas de que venza el plazo legal (el próximo 26 de septiembre) para que los interesados interpongan su recurso legal ante el máximo tribunal.
De acuerdo con la Unidad de Controversias Constitucionales de la Corte, a partir del pasado 14 de agosto, fecha en que fue publicada la Ley de Cultura y Derechos Indígenas en el Diario Oficial de la Federación, es que se contabilizan los 30 días hábiles para la interposición de demandas en contra de dicha legislación, plazo que vence este miércoles.
De manera que todos los recursos legales que se interpongan después de esa fecha corren el riesgo inminente de ser rechazados por extemporáneos.
En el transcurso del día, representantes del municipio oaxaqueño de Tlaxiaco, y de los ayuntamientos guerrerenses de Acapulco y Malinaltepec interpusieron las controversias en contra del procedimiento de aprobación de la reforma constitucional en materia indígena.
En lo que se refiere a Tlaxiaco, el cual fue relegado por el gobierno de José Murat cuando apoyó la presentación en bloque de 247 controversias presentadas por el mismo número de municipios que se rigen por "usos y costumbres", el síndico procurador Ricardo Bautista Pimentel fue el encargado de entregar la demanda ante la Oficialía de Partes de la Corte.
La argumentación
Además de argumentar que con la nueva legislación indígena los municipios oaxaqueños perderían derechos adquiridos, la controversia plantea la falta de cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga al gobierno mexicano a realizar una consulta amplia a la población indígena, en caso de que pretenda aprobar una ley que le afecte directamente. Cosa que no sucedió.
Como parte de la argumentación presentada, se señala que al menos en 17 congresos estatales se violaron los procedimientos internos de aprobación de la reforma constitucional, lo que sería suficiente para invalidar la legalidad de dicha legislación.
En este contexto se incluyen diversas violaciones procesales que tuvieron lugar en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Sonora y Chihuahua (no se anexó el ejemplar de la publicación del dictamen en el periódico oficial de esta entidad), Campeche, Nuevo León (el dictamen no refirió si fue por mayoría simple o calificada) y Querétaro (el Congreso local se habría atribuido facultades excesivas al considerar que la ley entraría en función una vez que se publicara en el Diario Oficial de la Federación).
Por otra parte, el municipio de Acapulco interpuso también una controversia constitucional sobre el mismo tema, en la que se señala que dicha reforma se contrapone a lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, además de que el gobierno federal no cumplió con su obligación de no escuchar a los indígenas. Tan sólo en ese puerto están asentadas organizaciones importantes como 500 Años de Resistencia Indígena y otras.
En sesión de cabildo se comisionó a la síndica procuradora, Adela Romero Ocampo, para interponer la controversia ante la Corte.
Por otra parte, en el transcurso de la tarde se informó que representantes del municipio de Malinaltepec interpusieron su demanda, y que lo mismo hizo el muncipio de Chilapa (también de Guerrero) en las horas siguientes.