MARTES Ť 25 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Delimita su intervención ante las adopciones ilegales denunciadas por la CNDH
El tráfico de menores jaliscienses, en manos de las autoridades judiciales, señala el DIF
Ť Precisa el organismo que los casos fueron del conocimiento de las anteriores autoridades
Tras la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el pasado 19 de septiembre a Javier Ramírez Acuña, gobernador de Jalisco, y a Lázaro Arias Pérez, presidente del Congreso del estado, para que investiguen a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad, del Registro Civil y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como del Consejo Estatal para la Familia DIF por estar ligados a nueve adopciones ilegales, Samuel Martínez Aceves, director de Asistencia Jurídica del DIF nacional, señaló que dada que su intervención está limitada, la única competencia en el asunto puede darse en el ámbito de "tratar de conciliar a las partes".
En un comunicado el DIF sostiene que en el momento en que "tuvo conocimiento de la situación, "todos los asuntos se encontraban ya en manos del Ministerio Público y de los jueces competentes del estado de Jalisco, lo cual limitaba" sus participación.
No obstante, se manifiesta por que "las autoridades competentes investiguen a fondo los hechos, respetando el interés superior de los menores involucrados", de los cuales siete fueron dados en adopción de manera fraudulenta a ciudadanos españoles, debido a que además de no seguirse el procedimiento correcto se falsearon datos referente a su orfandad, la cual era inexistente, pues "sí tenían progenitores", señaló a este diario hace unos días el segundo visitador de la CNDH, Raúl Plascencia.
El DIF agrega que esta controversia data de la administración anterior y da a entender que si no se medió en esa época fue debido al cambio de administración y, por ende, de funcionarios. Así, el encuentro de mediación entre las partes en conflicto, los agredidos y los agresores, fue programada por Elba Cárdenas, la entonces subdirectora general del DIF nacional para principios de enero de este año, pero debido a lo explicado no pudo llevarse a cabo.
Las nuevas autoridades de la Subdirección de Asistencia Jurídica y Adopciones "mantuvieron contacto con las partes durante los meses de febrero y marzo del año en curso, reiterándoles el ofrecimiento de Cárdenas para reunirse y buscar salidas que permitieran que los menores involucrados no resultaran afectados". Sin embargo, no se explica por qué esa me-diación no se concretó.
Asimismo asegura que la "intervención se vio limitada no sólo por la legislación aplicable (ya que cada sistema estatal es autónomo en materia de adopción nacional e internacional, según lo dispuesto por los Códigos Civil y de Asistencia Social del Estado de Jalisco y por las declaraciones adoptadas por México al ratificar la Convención para la Protección a Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional), sino también porque los asuntos se encontraban ya en poder de autoridades ministeriales y judiciales".
CAROLINA GOMEZ MENA