MARTES Ť 25 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Se estudia reformarlo para dotar de transparencia a la gestión pública: Haro Bélchez
Reconoce la Secodam que es insuficiente el marco legal para erradicar la corrupción
Ť El funcionario explica los alcances de reglamentos de Obras Públicas y Adquisiciones
Ť Solvencia para concluir obras, nuevo criterio en el otorgamiento de los contratos
JOSE ANTONIO ROMAN
A menos de una semana de que entraran en vigor los nuevos reglamentos de Obras Públicas y de Adquisiciones y Arrendamientos del sector público, el titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones de la Secretaría de la Contraloría (Secodam), Guillermo Haro Bélchez, reconoció la "insuficiencia" de este nuevo marco legal para poder vencer la corrupción en la administración pública del gobierno federal.
Incluso ante la "insatisfacción" que se tiene con dicho marco normativo, dijo que la dependencia ya estudia futuras reformas con las cuales se pudiera avanzar en la simplificación de trámites gubernamentales y dotar de transparencia y certeza jurídica a la gestión pública.
Y es que, según explicó, este nuevo marco legal tiene especial trascendencia si se parte de que el gobierno federal gasta anualmente 200 mil millones de pesos en adquisiciones y obras públicas, para lo cual se tiene que recurrir a las licitaciones de las mismas. Dijo que entre 31 y el 43 por ciento de dicho monto corresponde a adquisiciones y el restante a obras públicas; los recursos de este último rubro lo erogan 13 dependencias entre las cuales se encuentran el IMSS, el ISSSTE, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras.
Aclaró que los nuevos reglamentos -que entraron en vigor apenas el pasado 19 de septiembre- no evitarán por sí solos la corrupción, sino que es necesario avanzar en el fomento de una nueva cultura de transparencia y honestidad entre los servidores públicos.
En conferencia de prensa, en donde detalló el contenido de ambos reglamentos, el funcionario de la Secodam explicó que si bien la dependencia no tiene ningún padrón de las empresas que le brindan servicio al gobierno federal, sí se han detectado que mil 180 de ellas violaron las normatividad establecida al participar en licitaciones sin haber cumplido con sus obligaciones fiscales, es decir, intentaron brindar servicio a la administración pública federal sin tener al corriente sus pagos hacendarios.
Puntualizó que a la fecha se cuenta con 450 expedientes de empresas a las que se les determinará sí serán sujetas a un proceso administrativo por irregularidades en la prestación de su servicio al sector público.
Ni "ocurrencia" ni "iluminación"
Haro Bélchez señaló, no obstante, que los nuevos reglamentos constituyen un gran esfuerzo, pues no sólo se concentraron en ellos las especificaciones y normas que se encontraban dispersos en varias normas legales, sino que se incluyeron múltiples aportaciones de las entidades del sector público que hicieron recomendaciones en la materia.
"Los nuevos reglamentos no son la ocurrencia ni la iluminación de algunos funcionarios públicos, sino resultado de un proceso de diálogo y consenso" con representantes de las cámaras industriales, colegios de profesionales y diversas dependencias del sector público, entre otros.
Desde su punto de vista esta nueva reglamentación era necesaria debido a que las adquisiciones y las obras públicas estaban basadas en un reglamento que no había cambiado en 20 años.
De los principales beneficios de los reglamentos señalados destaca la eliminación de más de mil 250 disposiciones; las garantías de seguridad jurídica a proveedores y contratistas, dependencias y entidades contratantes; la asistencia de cualquier interesado a los actos de licitación pública con carácter de observador; el impulso de la libre competencia; la inclusión de mecanismos de inconformidad y la incorporación del uso de sistemas electrónicos en las licitaciones.
El funcionario de la Secodam explicó que con este nuevo marco normativo las entidades del gobierno federal no entregarán la licitación no a la empresa que ofrezca sus servicios a menores costos, sino a aquel que presente solvencia suficiente para terminar la obra y el que tenga un mayor margen de costo-beneficio.