Ť Instaurarán programa piloto que ha sido practicado en países latinoamericanos

Sancionarán a médicos que no denuncien casos de víctimas de violencia familiar: Victoria Viloria

Ť Asegura que si hay dinero, la Ssa lanzará una campaña masiva para prevenir el fenómeno

 CAROLINA GOMEZ MENA /II Y ULTIMA

Durante tres años, en seis países de América Latina, incluido México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con agrupaciones de la sociedad civil, llevó a cabo un programa sobre mujer y desarrollo que se orientó a establecer una "ruta crítica" para la atención de las víctimas de la violencia familiar, a fin de disminuir las repercusiones del fenómeno.

Este programa piloto -que está próximo a concluir y que incluye detección de los casos, sensibilización del personal médico, apoyo psicológico, atención médica de segundo nivel en los casos necesarios, reparación del daño, seguimiento y registro- será presentado del 24 al 26 de octubre próximo a la totalidad de los secretarios estatales de salud en la reunión nacional que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. Allí "se les convocará a tomar las experiencias aprendidas y (reproducirlas) en cada una de sus entidades", informó Victoria Viloria Varela, coordinadora nacional del Programa Regional de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, de la Secretaría de Salud (Ssa).

En entrevista, la especialista detalló que este proyecto, que comenzó el 28 de febrero de 1998 en Argentina, República Dominicana, Paraguay, Venezuela y Brasil, no sólo permitió sentar las bases del porqué del problema y su atención, sino también incentivar en los médicos la denuncia ante las autoridades legales.

En México el programa piloto se aplicó en Monterrey, Torreón, Cuetzalan y en el hospital pediátrico en la colonia Moctezuma de la capital y para instalarlo se estableció un convenio tripartito entre la asociación civil Alternativas Pacíficas -refugio para mujeres maltratadas-, la Secretaría de Salud estatal y la Ssa. El modelo que se empleó fue uno desarrollado por la Universidad de Texas, el cual fue "adaptado a la realidad nacional".

La estrategia del programa consiste en establecer centros de atención dentro de las unidades familiares y en los nosocomios de la Ssa, ISSSTE e IMSS y en hospitales privados en los que participen médicos especialistas, enfermeras, psicólogos, pediatras, ginecobstetras, trabajadoras sociales y personal administrativo, así como delegados de las ONG que colaboren.

Viloria Varela adelantó que la "punta de lanza", es decir, el primer estado en reproducir el plan será precisamente Nuevo León, donde ya se comenzaron los preparativos para extenderlo por los centros médicos de la entidad, razón por la cual será la sede de la reunión nacional.

Uno de los ejes principales del proyecto radica en capacitar y sensibilizar al personal médico para detectar a las víctimas, pues en ocasiones el maltrato no es evidente. Se le informará mediante cursos cuáles son sus obligaciones profesionales ante la atención de personas involucradas en este fenómeno. Aunque la norma oficial Ssa1-1999 sobre criterios médicos de la atención a estos afectados establece sanciones penales y profesionales al galeno que no denuncia estos actos, muchos de estos profesionales o no se dan cuenta del trance por el que pasa la víctima o no lo reportan, "por lo que hasta ahora han corrido con suerte".

Pero esto no seguirá igual si se instaura el modelo, porque éste establece que, sin excepción, cuando hay indicios de que un menor, una embarazada, un discapacitado o un adulto mayor fueron víctimas de agresión, debe investigarse y, en su caso, denunciarse. De no hacerlo, tanto el médico como el nosocomio en que labora pueden ser sancionados profesional y penalmente.

Así, a este personal se le capacitará con material escrito y pláticas para que desde una primera visita sea capaz de descubrir, mediante la observación, exploración y cuestionario si su paciente es o no víctima de hostilidades físicas o psicológicas por parte de otro integrante de su familia.

A estos profesionales se les informará que por lo general el fenómeno se da en familias disfuncionales, en núcleos en los que "las relaciones y los problemas no se resuelven dialogando, sino mediante el conflicto". Asimismo, se les instruirá sobre el abuso de poder por parte de uno de los integrantes de la familia, generalmente el padre o padrastro, ello debido al "machismo que aún impera", siendo las principales víctimas las mujeres y los hijos, y en ocasiones sólo estos últimos, debido a la tendencia a no considerarlos "como sujetos en desarrollo capaces de decidir y opinar".

De igual forma, en el terreno preventivo se les hará ver que existe un ciclo de la violencia, por lo cual al primer indicio de ésta se debe intervenir para evitar un riesgo mayor, que puede llegar al homicidio, generalmente por celotipia.

En los ciclos de la violencia se ha comprobado que comienzan con la suma de tensiones durante el conflicto hasta que se llega a la situación de crisis en la que se puede dar el maltrato que en primera instancia puede ser sólo psicológico, pasada esta etapa viene la reconciliación y el arrepentimiento y prosigue la acumulación de tensiones, etapa que se hace más breve hasta que explota la crisis con manifestaciones más violentas. Así, los ciclos son cada vez más breves y su resolución más hostil, "primero el insulto, luego el golpe, después la fractura y a lo mejor el homicidio", comentó.

Aunque las agresiones psicológicas son más difíciles de dilucidar, pues no hay evidencias corporales, el personal deberá saber reconocerlas, pues por estas vejaciones las víctimas suelen presentar somatizaciones de enfermedades, estrés, depresión, desgano y a veces miedo.

La experta refirió que se prevé que la Ssa repartirá materiales de difusión para la comunidad sobre derechos humanos y los números telefónicos de las redes de atención local que se vayan estableciendo; se acudirá a escuelas a sensibilizar a los menores y si más adelante hay recursos suficientes se emprenderán campañas de difusión en medios masivos.