MARTES Ť 25 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
MEXICO S.A.
Ť Carlos Fernández-Vega
A PARTIR DE AYER, el Banco de Crédito y Servicio (Bancrecer) ya no será una molestia para el IPAB, aunque la carga económica que ha implicado el "salvamento" de dicha institución se mantiene como un dolor de muelas para el erario nacional.
LA JUNTA de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario adjudicó 100 por ciento de las acciones representativas de Bancrecer a Banorte, con Roberto González Barrera a la cabeza, por la irrisoria cantidad de mil 650 millones de pesos, 0.66 por ciento del valor contable de ese banco. Traducido al castellano, el IPAB, en el peor negocio desde su fundación, vendió pesos a 1.6 centavos, si se toma en consideración que el gobierno utilizó recursos públicos por 102 mil 200 millones de pesos para la "capitalización" de esa institución.
POR FIN, el heredero del Fobaproa se pudo deshacer de esa institución bancaria, que en septiembre de 1993 el salinismo reprivatizó a favor de Roberto Alcántara Rojas, Librado Padilla, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldberg mediante el pago (se presume) de 425 mil 131 millones de viejos pesos (alrededor de 125 millones de dólares de entonces).
BANORTE Y SCOTIABANK INVERLAT quedaron como únicos competidores por Bancrecer, luego de que ING Baring, Banco de Sabadell y Corporativo Mexicano Oconahua decidieron no involucrarse en esta nueva adjudicación. Así, el banco que encabeza González Barrera recibe Bancrecer lavado, planchado y perfumado, por un mínimo precio, con su generoso pagaré Fobaproa por más de 45 mil millones de pesos (utilidad más que garantizada), casi 750 sucursales y 6 mil 500 empleados.
SI SE TOMA como referencia el precio originalmente pagado por Roberto Alcántara Rojas y sus coinversionistas en la reprivatización de Bancrecer (125 millones de dólares), el negocio resulta más que redondo para el erario público: 125 millones de dólares en 1993, contra alrededor de 11 mil millones en 2001, una nada despreciable diferencia de 8 mil 800 por ciento.
LOS EX dueños de Bancrecer, en voz del presidente del consejo de administración, Roberto Alcántara Rojas, aseguraban en 1999, cuando el IPAB toma el control, que perdieron alrededor de 900 millones de dólares en el intento de "sacar adelante" al banco. El país sólo perderá aproximadamente 10 mil millones de dólares.
EL BANCO DE CRÉDITO Y SERVICIO (originalmente Bancreser y después de la reprivatización Bancrecer) fue constituido el 6 de diciembre de 1976, como resultado de la fusión de varias instituciones de crédito: Crédito Refaccionario Industrial, Financiera y Fiduciaria Mexicana, Financiera Colón y Banco Hipotecario Metropolitano. Un año después se acordó fusionar con Bancreser a Financiera de Fomento y Financiera Monterrey y el 15 de noviembre de 1978 se incluyó a Financiera México. El 30 de noviembre de 1981 los accionistas decidieron fusionar Polibanca Innova a la institución.
EN ESTA ETAPA, previa a la expropiación lopezportillista, el consejo de administración era presidido por una familia y un grupo de empresarios que posteriormente (en la reprivatización salinista de la banca) comprarían el Banco Internacional: Antonio del Valle Talavera, Manuel del Valle Talavera, Luis Berrondo Martínez y Manuel Cortina Portilla. Como vocales participaban Benito Alvarez Ordóñez, Antonio Ariza Cañadilla, Andrés Baños Delgado, Gonzálo Barrutieta Onaindía, Harry Beja Algranti, Juan Cortina del Valle, Antonio del Valle Ruiz, Eduardo Esteve Campdera, José Gómez Gordoa, Ignacio Hernández Alvarez, Juan López Silanes, Pedro Milán Elías, Fermín Perochena Laurnagaray, Adolfo Roldán Gil, Mateo Toca Martínez, Olegario Vázquez Raña, Eduardo Ampudia Jr., Luis Berrondo Avalos. Adolfo del Valle Ruiz, Jorge Esteve Campdera, Joaquín de Gárate Irezabal, Juan Faus Pujol, Benito Marín Pinillo, Gerardo Reynaud Plantier, Isidoro Rodríguez Fernández, José Luis Sánchez Colina, Fernando Lavalle Rangel. El comisario fue Alfonso Solloa Junco.
EN EL PROCESO de reprivatización, la Casa de Bolsa Finamex, presidida por Eduardo A. Carrillo Díaz y el Grupo Zaidenweber, de Jacobo Zaidenweber e Isaac Becker Kanacnic, perdieron ante el precio cubierto por el grupo de inversionistas que encabezaban Roberto Alcántara Rojas, Carlos Mendoza Guadarrama y Rubén Goldberg, quienes ofrecieron 424 mil 131 millones de pesos, equivalente a 2.53 veces el capital contable de Bancreser. Dichos empresarios representaban los intereses de 16 inversionistas de Guanajuato, estado de México y Distrito Federal, dedicados a las industrias del calzado, la construcción, agrícola, turística y del transporte, así como al sector financiero. Fiel a la tradición de los grandes empresarios del país, Roberto Alcántara Rojas y su enorme flota de camiones de pasajeros sirvieron con gusto y dedicación en distintas campañas políticas del otrora invencible partido tricolor, de manera destacada en la de Carlos Salinas de Gortari. La factura por el servicio venía después.
LUEGO DE la privatización, en 1993, el consejo de administración del rebautizado Bancreser se integró por los siguientes personajes: Roberto Alcántara Rojas, Librado Padilla Padilla, Jesús Alcántara Miranda, Enrique Aranda Flores, Luis Rodrigo González Fuentes, Jose Haua Afif, Sergio Martínez Alvarez, Javier Miguel Afif, Alejandro Morales Mega, Alejandro Portilla Garceran, Enrique Portilla Ibargüengoitia, Hector Ruiz Guzmán, Arturo Alcántara Rojas, José Luis Alcántara Rojas, Gustavo Cárdenas Monroy, Jorge Garcés Cruz, Luis Méndez Jiménez, Arnulfo Padilla Padilla, Rafael Yamín Saade, José Ramon Elizondo Anaya, Manuel Fernández Hernández, Francisco Javier Gaxiola Ochoa, Rafael Herrera Fernandez, Alberto López de Nava, Carlos Machorro Camarena, Carlos Mendoza Guadarrama, Enrique Ríos López, Ricardo Valencia Tejeda, Manuel García Guerra, José G. González Rubio, Eduardo Morales Fillad, Jesús Santana Nava, Ramiro Trevizo Gutiérrez.
EL APLICADO comisario de la sociedad no era otro que el actual vocal del IPAB, Humberto Murrieta Necoechea.
Las rebanadas del pastel:
Lento, pero seguro, el Grupo Azucarero México, ahora presidido por Carmen Arreola Steger, decidió interponer ayer, una demanda de amparo contra la expropiación de 27 ingenios azucareros, decidida por el gobierno del cambio a principios de mes. Para el consorcio, las centrales pertenecientes a GAM "no califican dentro de las consideraciones enumeradas" en decreto expropiatorio. Los adeudos del grupo con entidades gubernamentales, de acuerdo con su propia información, "no representan más de 3 por ciento de la cartera que tiene la industria azucarera con dichas entidades".
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