MIERCOLES Ť 26 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Desde el año pasado la comisión solicitó que se investigara cada uno de los casos

Ante el tráfico de menores en Jalisco, la CDH estatal pidió suspender procesos de adopción

Ť Podría haber más niños en albergues con padres que no pueden probar parentesco

VICTOR BALLINAS

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco constató desde noviembre del año pasado que el Consejo Estatal de la Familia y agentes del Ministerio Público incurrieron en "reiteradas irregularidades" en los procesos de adopción y que incluso "hubo complicidad de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado para que la Ministerio Público María de Lourdes Alvarez González se robara a una recién nacida".

Ante esos hechos, descubiertos por la CEDHJ luego de una investigación realizada a raíz de una serie de denuncias de familiares afectados por "procesos de adopción ilícitos" que habría tramitado el Consejo Estatal de la Familia, la comisión solicitó a dicho consejo que frenara -desde noviembre del 2000- todos los procesos adoptivos y que se investigara cada uno de los expedientes de los menores que se encontraban en los albergues, para constatar si tenían o no familiares.

Teresa Medina Villalobos, cuarta visitadora de la CEDHJ y quien se hizo cargo del asunto de las denuncias recibidas, afirmó a este diario que "la decisión de frenar los procesos de adopción se tomó porque se comprobó que los menores a los que se pretendía entregar -a matrimonios españoles- todos tienen familia, pero al carecer de documentos que acrediten dicho parentesco no han podido demostrar que son sus hijos".

Las irregularidades registradas tanto en el Consejo Estatal de la Familia y el Ministerio Público "hacen suponer que hay más casos de menores que se encuentran en esta situación, es decir, que están en los albergues pero que sí tienen padres o parientes cercanos. Ante lo ocurrido, hay sospechas de que podría haber otros niños en los albergues".

Medina Villalobos confió en entrevista telefónica con este diario: "En referencia a la recomendación 20/2001 de la CNDH sobre irregularidades en los procesos de adopción en Jalisco lo que detectamos es que, en efecto, hubo irregularidades, no actos ilícitos ni delitos, por parte de funcionarios del Consejo Estatal de la Familia y de la Procuraduría General de Justicia del Estado en los procesos de adopción.

"De los nueve casos a que hace alusión la CNDH, no todos son procesos de adopción. Ahí tenemos dos casos de robo. Uno, el que cometió la Ministerio Público María de Lourdes Alvarez González en complicidad con sus empleados. En este caso la CEDHJ propuso acuerdo por la vía de la conciliación para sancionar a los funcionarios responsables y que se diera trámite a la averiguación previa que existe. Estábamos a punto de lograr que la funcionaria fuera retirada de su cargo para proceder a la investigación, cuando el caso lo atrajo el órgano nacional de defensa de los derechos humanos.

"El otro robo es el del hijo recién nacidode la señora Martha Alicia González Cisneros, y que fue entregado por el amante de la señora al matrimonio Navarro Hernández. En esos dos casos se trató de robo de infantes y ahí no tuvo nada que ver el Consejo Estatal de la Familia".

Se trata, explicó la cuarta visitadora general de la CEDHJ, de casos de niños "maltratados y torturados por sus padres. Son niños abandonados a los que nadie reclamó, porque si bien es cierto que existen denuncias penales y las quejas en este órgano y en la CNDH, éstas fueron presentadas entre dos y cuatro años después de que los menores ingresaron a los albergues".

La visitador advirtió: "no voy a dar los nombres de los afectados. Eso no lo podemos hacer. Uno de los cinco casos investigados es el de una madre a la que su hijo le es arrebatado en la calle porque se le encuentra drogada. El niño ingresa a un albergue y nadie lo reclama porque no tienen acta de nacimiento. La mamá muere, y se aparece una tía, que lo reclama ante los tribunales pero no puede acreditar el parentesco. La supuesta tía está bien asesorada, porque apeló al juez para que el menor no fuera dado en adopción y el niño sigue en el albergue".

Ese caso, por la descripción de las personas, es el de la señora María Elena Alvarado Rodríguez y su sobrino Jona-than Alvarado Rodríguez.