JUEVES Ť 27 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Complicidades, omisiones y abuso de autoridad

Impunidad total en el caso de las adopciones en Jalisco: CNDH

Ť El segundo visitador culpa a CEDH, DIF local y PGJE

VICTOR BALLINAS

El segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que en el asunto de las ''adopciones irregulares'' en Jalisco -tema tratado ayer en este diario- la CNDH constató que hubo ''complicidades, omisiones, abuso de autoridad'' y violaciones a derechos humanos de los menores implicados y sus padres por parte del Consejo Estatal de la Familia, el DIF local y la Procuraduría jalisciense. En estos casos, subrayó, ''existe impunidad total'' y mentiras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

''La CEDH no sólo no actuó a tiempo para defender las violaciones a derechos humanos de los menores, sino que ofertó a la Procuraduría estatal propuestas de conciliación a su gusto, excluyendo de responsabilidad a funcionarios y empleados que actuaron de manera ilícita en la sustracción de menores de su domicilio sin que mediara orden judicial, y en el caso de robo y doble registro de los infantes'', explicó.

Entrevistado en relación con lo afirmado por la CEDH, en el sentido de que ''no hay ilícitos sino irregularidades en los procesos de adopción'', Plascencia insistió en que ''es evidente que estamos frente a casos de impunidad absoluta. Ocurren dos robos de bebés, se registran, se denuncian y las investigaciones no avanzan. Pero no sólo eso, uno de ellos es cometido por la agente del Ministerio Público María de Lourdes Alvarez González, quien se apropió ilegalmente de una menor y la averiguación estaba frenada''.

El segundo visitador tuvo a su cargo la recomendación 20/2001, que la CNDH envió la semana pasada al gobierno y al Congreso jaliscienses, para que se investigaran ''procesos irregulares de adopción internacional que ocurrieron en esa entidad''.

Evidentes irregularidades

Es evidente que hay irregularidades en los procesos de adopción, señaló Plascencia, pero ''a pesar de que la CEDH las detectó no dio cuenta de ellas al gobernador para que se investigaran los procesos de adopción. Al menos eso no consta en los expedientes que se revisaron''.

La CEDH constató que hubo robos de dos bebés y no pidió que las averiguaciones previas se llevaran a efecto. No dio seguimiento y sí en cambio propuso conciliación ante la PGJE para investigar a los funcionarios y sancionarlos administrativamente. El robo de infantes, apuntó, ''es un delito grave'' y quizá ahí tengamos diferencias con la comisión estatal, pero ese ilícito no puede ser considerado como menor.

Además, la investigación que la comisión jalisciense llevó a cabo -explicó Plascencia- consta de más de 4 mil hojas. Se revisaron los expedientes radicados en la Procuraduría estatal en donde hubo denuncias por irregularidades en los trámites de adopción; querellas contra tres padres por maltrato, mismas que no fueron acreditadas por la parte acusadora, y el juez dictó absolución a los acusados; el Registro Civil también podría tener responsabilidad, pues ahí consta que algunos de los niños contaban con acta de nacimiento y no obstante ello se les volvió a registrar argumentando que no tenían padres.

Se tuvo acceso a la investigación de la CEDH, a las conciliaciones que propuso, a las denuncias de los padres; se comprobó que ''algunos de los menores salieron de los albergues para ser entregados en adopción cuando aún no se cumplían los requisitos, aunque el Consejo Estatal de la Familia lo niega, eso está acreditado''.

El visitador precisa: ''Miente la comisión jalisciense cuando dice que los menores sufrían maltrato. Eso no está acreditado por los jueces. La CEDH señala que no está probado que los menores tenían padres, y por otro lado afirma que los padres maltrataban a los menores.''

Lo que se observó como constante, agrega, es que la propia comisión estatal ''se apartó de los principios rectores que su ley y reglamento interior de trabajo le imponen, al no considerar que los servidores públicos involucrados vulneraron el estado de derecho y la convivencia social, ante lo cual debió poner en práctica los mecanismos tendientes a lograr que las garantías de seguridad jurídica y de procuración de justicia que se les vulneraron a los afectados les fueran resarcidas, y en cambio, sometieron los casos a la amigable conciliación''.

Recordó el segundo visitador de la CNDH: ''Para nosotros no pasó desapercibido que se investigó por parte de la CEDH, que en efecto se documentaron irregularidades tanto en ministerios públicos como en el Registro Civil y en el Consejo Estatal de la Familia y el DIF locales, pero no se actuó en consecuencia''.

Plascencia concluyó que no obstante la condescendencia hacia la PGJE por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ''no existe constancia dentro del expediente que ese órgano remitió a la Comisión Nacional del cumplimiento de la Procuraduría, y hasta la fecha no hay manifestación de si se cumplió o no''.