JUEVES Ť 27 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Presenta Durante denuncia por "calumnias y difamaciones" que la tuvieron presa
En el caso Stanley la PGJDF ha procedido con estricto apego a la ley, señala Bernardo Bátiz
Ť El encarcelamiento de implicados fue decisión del juez, recuerda el diputado Ensástiga
ANGEL BOLAÑOS, BERTHA TERESA RAMIREZ Y ELIA BALTAZAR
A ocho meses de la sentencia con la que obtuvo su libertad, Paola Durante Ochoa presentó en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal una denuncia "en contra de quien resulte responsable" por las "calumnias, difamaciones y falsas acusaciones" que, dijo, la tuvieron presa durante más de un año, acusada de participar en el homicidio del comediante Francisco Stanley.
El procurador Bernardo Bátiz señaló que su antecesor en la PGJDF, Samuel del Villar, procedió con estricto apego a la ley en el caso de Paola Durante, toda vez que la "actuación de la Procuraduría se dio con base en declaraciones que la señalaban directamente a ella" en un plan para asesinar a Stanley.
En breve entrevista, dijo que fue un juez y no la Procuraduría capitalina quien dictó formal prisión a la edecán. "Ella estuvo en prisión, efectivamente, porque así lo dispone la ley, ya que había quien la señalaba, pero que después se retractó", explicó. Recordó que además de los testimonios de Gabriel Valencia López, cocinero de los hermanos Luis y Jesús Amezcua Contreras, había otros indicios y en cumplimiento del deber la Procuraduría inició primero la averiguación previa y luego consignó ante el juez, quien dictó el auto de formal prisión.
Por su parte, el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, dijo que cualquier denuncia que se presente ante la PGJDF será atendida. El mandatario local agregó que es muy importante la presión que se haga desde los medios de comunicación; "es muy importante la fuerza de la opinión pública para que, independientemente del procedimiento legal, siempre haya una atención, un seguimiento de la sociedad y obligue a las autoridades a actuar con rectitud y apego a la legalidad".
El abogado de la edecán, Juan Luis Montero, consideró que las irregularidades en que supuestamente incurrió la Procuraduría en la investigación fueron consecuencia de la politización del caso, por una "guerra" iniciada por Televisión Azteca contra la PGJDF, "y de ahí surgió todo".
Señaló que en la denuncia que entregó en la Fiscalía para Servidores Públicos de la dependencia se alude a varios ex funcionarios, como el ex procurador Samuel del Villar, los ex subprocuradores Hugo Vera y Mauricio Tornero, el ex fiscal Fernando Castro y el comandante de la Policía Judicial Rafael Tuxpan.
No se refirió sin embargo a Valencia López, que acusó directamente a Durante Ochoa y se retractó meses después; al juez Rafael Guerra, que dictó el auto de formal prisión, ni a otros testigos, como Jaime López Cortés, Víctor Manuel López y Luis Jesús Tejeda Ortega, quienes vincularon a la edecán con los hermanos Amezcua.
A pregunta expresa, dijo que primero espera que se investigue qué fue lo que pasó al interior de la dependencia; en todo caso, manifestó, será la Procuraduría la que finque responsabilidades. Desestimó los desgloses de las investigaciones que en su momento la PGJDF envió a la PGR sobre vínculos de la edecán con narcotraficantes que, consideró, fueron sólo "medios intimidatorios" contra su cliente.
En declaraciones al Ministerio Público de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, Paola Durante admitió haber conocido a Rafael Rojo de la Vega y José Luis Patiño Esquivel, este último ex comandante de la Policía Judicial Federal, considerado operador del cártel de Juárez en Cancún, Quintana Roo, donde trabajó dehostess en el restaurante Angus, después de haber laborado en la discoteca Medusas de la ciudad de México.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gilberto Ensástiga, advirtió que es necesario diferenciar las funciones del Ministerio Público y de la Procuraduría capitalina y la decisión que en su momento tomó el juez. "El MP fundamentó la averiguación previa en la investigación que tenía a su cargo y la hizo llegar al juez. Pero la decisión de consignar y otorgar un auto de formal prisión corresponde al juez, cuyo criterio es absolutamente autónomo".
Para el legislador, el MP cumplió con su responsabilidad al integrar el expediente de pruebas y entregarlo al juez, y eso de ninguna manera implica irresponsabilidad de esta representación social.
"El tiempo que permanecieron en prisión quienes en su momento fueron implicados en los hechos dependió de la decisión de un juez, y por eso considero que no procedería ninguna responsabilidad hacia los funcionarios de la PGJDF", dijo el legislador.
Dada la controversia que hubo en torno del caso Stanley, Gilberto Ensástiga expresó: "espero que esta denuncia nada tenga que ver con un interés de tipo político o publicitario, para continuar con la confrontación que en su momento hubo con la PGJDF y que involucró a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a Televisión Azteca".