En su comparecencia del pasado martes 25 ante el Legislativo, en el marco de la glosa del primer Informe de gobierno del presidente Vicente Fox, el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, expuso una alarmante descripción de los sistemas de procuración e impartición de justicia en el país y puso en el centro de la atención pública dos de las expresiones más exasperantes y ofensivas de tales sistemas: la impunidad imperante, que difícilmente puede conciliarse con la vigencia de un estado de derecho --92 por ciento de las averiguaciones previas quedan inconclusas o no se traducen en alguna medida de procuración de justicia--, y la existencia de escandalosos e inaceptables privilegios económicos ante el Ministerio Público y ante los tribunales: las cárceles, dijo, "están llenas de pobres e indefensos, mientras los ricos, bien defendidos, se burlan a diario de nosotros".

El primer señalamiento alude a un vicio estructural y añejo de la procuración de justicia. El enorme rezago de las averiguaciones previas, el vasto volumen de órdenes de aprehensión que no se cumplen, los casos que se archivan, congelan o traspapelan en las procuradurías estatales y en la General de la República no son un secreto para nadie, sino realidades dolorosas e indignantes. 

El segundo se ha puesto de manifiesto en tiempos recientes en diversos procesos contra varios presuntos delincuentes acaudalados que, invariablemente, consiguen amparos y libertades bajo fianza --los ex banqueros Isidoro Rodríguez y Carlos Cabal Peniche, el político priísta Oscar Espinosa y el propietario de antros Alejandro Iglesias Rebollo, entre otros--, mientras que cualquier ciudadano carente de recursos para contratar un bufete de abogados suele acabar en prisión por acusaciones mucho menos sólidas que las formuladas a los imputados de delitos "de cuello blanco".

Gertz Manero señaló que otra preocupante disfunción de la procuración e impartición de justicia es la desprotección en la que quedan las víctimas de ilícitos desde el inicio mismo de los trámites judiciales, así como la falta de relación entre la penalización de los delitos y la reparación de los daños.

Asimismo, el funcionario refirió varias deficiencias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especialmente las relacionadas con la incapacidad para utilizar equipos adquiridos de manera discrecional durante el gobierno anterior y que, por fallas de planeación, se encuentran almacenados.

No debe omitirse el dato significativo de que, a diferencia de lo ocurrido con otras comparecencias en curso, la de Gertz Manero no dio lugar a impugnaciones relevantes, acaso porque su percepción de los problemas parece exenta de triunfalismo, autocomplacencia y arrogancia.

En su parte propositiva, la intervención del secretario de Seguridad Pública planteó la necesidad de reformar a fondo las normas vigentes --incluso algunos preceptos constitucionales-- para avanzar en la construcción de un real Estado de derecho y colocar al estado en posición de derrotar la inseguridad, delincuencia y impunidad.

Cabe esperar que el debate al respecto comience a la brevedad y suscite el interés de la sociedad, la cual, a fin de cuentas, es la víctima de la inseguridad, el desbarajuste judicial, la corrupción y la inoperancia de los actuales sistemas de seguridad, procuración e impartición de justicia.