VIERNES Ť 28 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Estuvo oculta dos años en Chicago con nombre falso
Detienen a dueña de locales que provocaron explosiones en Celaya
Ť Presunta responsable de homicidio culposo Ť Murieron 71 personas al estallar juegos pirotécnicos en septiembre de 1999
GUSTAVO CASTILLO Y MARTIN DIEGO REPORTERO Y CORRESPONSAL
La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a Angélica Vargas Bocanegra, propietaria de los locales donde se almacenaron los artificios pirotécnicos que provocaron las explosiones en Celaya, Guanajuato, el 26 de septiembre de 1999, que causaron la muerte de 71 personas.
Tras dos años de haber permanecido oculta en Chicago, Estados Unidos, bajo el nombre de Josefina Ortega, fue ubicada a través de indagatorias de la Policía Judicial Federal, y con apoyo de autoridades estadunidenses se le detuvo la madrugada del miércoles, y ayer fue trasladada a México y recluida en el penal de Celaya.
De manera oficial, la PGR dio a conocer que agentes de migración de Estados Unidos detuvieron a Angélica o Angelina Vargas Bocanegra, por su presunta responsabilidad en los delitos de almacenamiento de materiales explosivos (artificios pirotécnicos) y homicidio culposo.
El juez quinto de distrito, con sede en Celaya, libró el 7 de octubre de 1999 y el 16 de febrero de este año órdenes de aprehensión contra la propietaria de los giros comerciales Abarrotes Angeles, Abarrotes Amézquita, Abarrotes La Moderna y Abarrotes García, en los cuales se almacenaron varias toneladas de material explosivo.
El 26 de septiembre de 1999, en varios locales comerciales aledaños a la central camionera y al mercado El Dorado de la ciudad de Celaya ocurrieron explosiones que inicialmente dejaron un saldo de 55 personas muertas y 402 lesionadas.
La PGR inició cinco averiguaciones previas por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como ejercicio indebido del servicio público, causa por la que se detuvo a María de los Angeles Vargas, José Alvarez Vargas, Olegario Martín González y Emilio Salazar Fernández, además de cuatro funcionarios del municipio de Celaya, como presuntos responsables de haber otorgado permisos para la venta de material pirotécnico en giros comerciales. Tras las explosiones, autoridades militares y civiles decomisaron más de ocho toneladas de explosivos que fueron localizados en distintos comercios de esa ciudad. Cuando llegó al reclusorio de Celaya, la detenida sólo exclamó: "déjenme en paz, quiero estar sola, váyanse al carajo".