VIERNES Ť 28 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001
Ť Líder de la UGOCP afirma ser dueño de la finca
Policías de Oaxaca ocupan rancho disputado por obreros y campesinos
VICTOR RUIZ Y ANGELES MARISCAL CORRESPONSALES
Agentes de las policías Preventiva y Ministerial de Oaxaca ocuparon el rancho Vista Hermosa, en el municipio de Soyaltepec, luego de que integrantes del Comité Regional Obrero Campesino Urbano de Tuxtepec (CROCUT) abandonaron la propiedad, al ser advertidos de que serían desalojados por la fuerza.
El secretario de Protección Ciudadana del gobierno del estado, Heliodoro Díaz, dijo que la ocupación policiaca ocurrió la noche del miércoles, seis días después de que el CROCUT tomó la finca. Añadió que la policía resguarda el rancho para entregarlo a autoridades federales, y que éstas lo reintegren a quienes acrediten su propiedad.
Margarito Montes, líder de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (UGOCP), dijo que la invasión de su rancho fue parte de una campaña de hostigamiento en su contra, "emprendida por el gobierno federal y narcotraficantes". En apoyo al CROCUT, del cual forman parte, concesionarios del servicio urbano de transporte en Tuxtepec realizan paros escalonados desde el miércoles.
Montes sostuvo que César Toimil, quien encabezó al grupo armado que ocupó el rancho, "recibe armamento y financiamiento de las bandas de narcotraficantes".
Resaltó que desde agosto pasado, la UGOCEP ha sido hostigada, cuando "arrancamos en Cuilapan de Guerrero con la declaración del sur, y he señalado que en menos de 40 días secuestran a mi esposa y a mi hijo, y luego los dejan tirados en la carretera". El dirigente consideró que las diversas agresiones en su contra tienen que ver con su participación en el Acuerdo del Congreso Agrario Permanente del 8 de agosto, "pero sobre todo en el ámbito de la negociación en torno al presupuesto, la reforma fiscal, la modificación del TLC y el cambio de la Alianza para el Campo".
Exigen a Salazar Mendiguchía no
intentar desalojos en Montes Azules
Representantes de 16 organizaciones sociales exigieron al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, que suspenda "cualquier intento de desalojo" de los 21 asentamientos ubicados en la reserva ecológica Montes Azules. Argumentaron que detrás de la demanda de desalojo que impulsaron los lacandones el pasado día 12 "están los intereses de multinacionales que en épocas anteriores han beneficiado a esta etnia con millonarios apoyos".