VIERNES Ť 27 Ť SEPTIEMBRE Ť 2001

Ť Juez se negó a obsequiar órdenes de aprehensión contra ellos; acusados de tortura

Procurador de Baja California censura a una juez que impidió capturar a funcionarios torturadores

Ť A un tercer implicado en el caso sí se le dictó formal prisión, resalta

JORGE ALBERTO CORNEJO CORRESPONSAL

Tijuana, BC, 27 de septiembre. El procurador de Justicia estatal, Juan Manuel Salazar Pimentel, calificó de "afrenta" a la legalidad y "al Poder Judicial" de Baja California la resolución de la juez cuarta de lo penal de Mexicali, Sara Perdomo Gallegos, quien declaró ilegal la detención de Adán Méndez, ex director de Prevención Social del gobierno del estado, y de Eduardo Rafael Díaz de León, ex director del Cereso de esa ciudad, además de que se negó a obsequiar órdenes de aprehensión en contra de los antiguos funcionarios por el presunto delito de tortura.

De acuerdo con Salazar Pimentel, la juez dictó "resoluciones dispares" al declarar ilegítimo el mencionado arresto, durante el cual se detuvo a un tercer implicado, y legal la aprehensión de otras tres personas relacionadas con supuestos actos de tortura en contra de Ramón Cázares Mendivil y Héctor Manuel Ulivarría García, reos fugados del penal de Mexicali que fueron recapturados. El procurador señaló que al momento de los hechos, los seis cómplices "se encontraban juntos".

Entrevistado por la televisión local, el procurador señaló que la juez decretó formal prisión a Juan Carlos Fonseca Aguilar, empleado del reclusorio capitalino, por la presunta tortura aplicada el pasado 6 de septiembre a Cázares Mendivil y Ulivarría García "en presencia de sus superiores jerárquicos".

Cuando ocurrió el incidente Méndez Castro fungía como director de Prevención Social, y como director del Centro de Readaptación Social de Mexicali, Díaz de León.

"La ley dice que por esa razón y por no haber impedido o por haber permitido que hayan propinado ese sufrimiento (a Cázares Mendivil y Ulivarría García), ese dolor a las gentes que tenían bajo control, por eso se hacen cómplices del delito de tortura, el cual está clasificado por el Código Penal de Baja California como delito grave que no merece la libertad bajo fianza", indicó.

Añadió que la resolución de la juez "estuvo plagada de ilegalidades y es una afrenta a la ley, al propio Poder Judicial y a todos los bajacalifornianos".