El juez argentino Rodolfo Canicoba Corral dispuso ayer la prisión preventiva del ex dictador Jorge Rafael Videla, a quien consideró presunto autor de la desaparición de 70 personas en el contexto de la Operación Cóndor, la tristemente célebre conspiración criminal realizada por los regímenes castrenses del Cono Sur en los años setenta y ochenta para internacionalizar la guerra sucia que llevaban a cabo contra sus respectivas sociedades.

El fallo no tiene, ciertamente, nada de novedoso, habida cuenta que, desde el retorno de Argentina a la formalidad democrática, a mediados de la década antepasada, Videla y otros cabecillas de las juntas militares han vivido entre procesos penales y amnistías, entre certificados de impunidad y acciones renovadas de impartición de justicia.

Sin embargo, la noticia adquiere especial relevancia en las inciertas circunstancias mundiales del presente, en las cuales pareciera esfumarse la perspectiva de desarrollar y consolidar los incipientes mecanismos para perseguir, juzgar y sancionar a los responsables de delitos de lesa humanidad. 

La respuesta del gobierno de Estados Unidos a los criminales atentados del pasado 11 de septiembre ha sido, en este sentido, una declaración de guerra no tanto contra el terrorismo, sino contra la legalidad y la justicia internacionales: de golpe, Washington se arrogó la atribución de señalar a los culpables, de procesarlos, perseguirlos y castigarlos, a contrapelo de las soberanías nacionales y de instrumentos bi o multilaterales como tratados de extradición, cortes de justicia internacionales, organismos y acuerdos entre estados.

Aunque esta amenazante actitud no ha ido, por fortuna, más allá de las declaraciones, es claro que la determinación de venganza del gobierno más poderoso del mundo socava el margen de acción de los sectores sociales y gubernamentales que, en el afán de hacer justicia, han transitado con perseverancia y lucidez por los lentos, complejos y exasperantes cauces legales. 

Han conseguido de esa forma poner ante los jueces a genocidas como Augusto Pinochet, Slobodan Milosevic y los antiguos jerarcas militares argentinos. En el caso del ex dictador chileno, el castigo legal no ha podido hacerse realidad; sin embargo, tras los procesos jurídicos contra el viejo ex tirano, el pinochetismo en Chile está políticamente muerto y eso representa un resultado nada despreciable. 

El fallo emitido ayer contra Videla es un signo positivo y esperanzador. En las condiciones actuales es, además, un contrapunto a la presente irracionalidad que amenaza con sustituir la legalidad y los principios de convivencia internacional por la represalia y la ley de la jungla. 
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