Una buena parte de la población mexicana actual no había nacido cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz perpetró, en la Plaza de las Tres Culturas de esta capital, el crimen de Estado que quedó consignado en la historia de la infamia con la fecha de hoy: 2 de octubre. Ese día marcó el punto más alto de la prepotencia, el abuso de fuerza, la impunidad, el autoritarismo y la irracionalidad del extinto sistema político mexicano, el cual, desde entonces, inició un declive lento, pero constante, que culminó el 2 de julio del año pasado, cuando la ciudadanía sacó del Poder Ejecutivo al Partido Revolucionario Institucional.

El movimiento estudiantil de 1968 fue brutalmente aplastado en Tlatelolco, en donde fueron masacrados niños, jóvenes y adultos inocentes, pero las reivindicaciones democratizadoras de la sociedad no pudieron ser contenidas ni con los actos represivos --y fueron incontables los perpetrados en los 32 años subsiguientes-- ni con los intentos --también numerosos-- por desvirtuar, cooptar y corromper las gestas cívicas. La cerrazón de las presidencias priístas produjo, en la década de los setenta, expresiones de desesperación que alentaron movimientos armados, pero no logró evitar que muchos miles de ciudadanos siguieran impulsando la democratización en los sindicatos, en el campo, en los procesos electorales y en los medios de comunicación.

La Tendencia Democrática de Rafael Galván, las luchas de la COCEI en Oaxaca, las luchas del magisterio en contra del charrismo, la organización de los damnificados por los sismos de 1985 en la ciudad de México, el movimiento estudiantil universitario del año siguiente, la conformación de la Corriente Democrática en el partido oficial, la posterior expulsión de sus integrantes y las campañas de Cuauhtémoc Cárdenas y de Manuel Clouthier en 1988, las gestas de Salvador Nava en San Luis Potosí, las marchas campesinas chiapanecas a la capital, entre muchos otros episodios, fueron, a su manera, germinaciones y consecuencias de las movilizaciones estudiantiles y populares del 68. Paralelamente a esas expresiones visibles de descontento político, el descontento social se tradujo, en estas tres décadas, en la conformación de identidades y en reivindicaciones organizadas de mujeres, indígenas, minorías religiosas y sexuales, fenómenos que también han contribuido en forma decisiva a la democratización del país. En el terreno de los medios informativos, la fundación y la consolidación de este diario se inscribe en esa larga lucha por romper la costra de uniformidad y autoritarismo que asfixió al país durante buena parte del siglo pasado.

Hoy es la primera vez que se conmemora el 2 de julio sin que la silla presidencial se encuentre ocupada por un descendiente político y partidista de Gustavo Díaz Ordaz, y ese simple dato permite medir el avance conseguido. Sin embargo, la alternancia no se ha traducido en una democratización del poder público. En su toma de posesión y en su mensaje del pasado 5 de febrero, el presidente Vicente Fox advirtió que México vive el contraste entre una sociedad democrática y una institucionalidad autoritaria y atrasada. Pero a diez meses del nuevo gobierno, ese diagnóstico sigue siendo desoladoramente cierto y la reforma del Estado no ha pasado de ser una promesa de campaña. En tal circunstancia, permanecen vigentes las reivindicaciones que enarbolaron las víctimas --los asesinados, los desaparecidos, los encarcelados, los exilados-- de la represión gubernamental de hace 33 años.