MIERCOLES Ť 3 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Decreta la inconstitucionalidad de las leyes que dieron impunidad a represores

Procesa juez federal argentino al ex dictador Emilio Massera y dispone su prisión preventiva

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 2 de octubre. El juez federal argentino Claudio Bonadío procesó y dispuso prisión preventiva para el ex contralmirante Emilio Massera y otros marinos involucrados en el robo de los bienes de desaparecidos, y decretó la "inconstitucionalidad por nulidad insalvable" de las llamadas leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Esto sienta un precedente invalorable, en coincidencia con la medida similar que to-mara recientemente el juez Gabriel Cavallo, quien había declarado la "invalidez, la inconstitucionalidad y la nulidad" de estas leyes que desde 1987 permitieron la impunidad para los delitos de lesa humanidad de la pasada dictadura militar.

El juez calificó a Massera -quien integrara la primera junta militar de la dictadura (1976-1983) y fue jefe de la Escuela de Me-cánica de la Armada (Esma), donde miles de personas fueron sometidas a terribles tormentos y desaparecidas- como "jefe de una asociación ilícita" y dispuso el embargo de sus bienes de un millón de pesos (dó-lares) en esta causa donde se comprobó la apropiación de bienes de detenidos desaparecidos, entre otros delitos.

En una extensa sentencia (unas 165 páginas) el juez también procesó a otros cinco oficiales de la Esma: Jorge Tigre Acosta como organizador de una asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada y extorsión, y embargó de sus bienes por 500 mil pesos (dólares) a Juan Carlos Rolón, Jorge Radice, Francis, Whamond, Jorge Perrén y Aldo Maver, un civil cuidador de caballos, todos con similares cargos y también embargos de bienes. Quedarán detenidos por esta causa.

Asimismo, Bonadío solicitó la destitución de la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, a la que se propone tomar declaración indagatoria, aunque dispuso la libertad del escribano Arnaldo Dardano, quien sigue bajo proceso ya que se le imputa certificar la firma del secuestrado Conrado Higinio Gó-mez (actualmente desaparecido) en una su-puesta transferencia de caballos de carrera de su propiedad el 28 de enero de 1977.

Precisamente la denuncia fue realizada a principios de 1998 por el hijo de Gómez luego de las declaraciones del ex capitán Alfredo Astiz a la revista Tres Puntos, que confirmaban estos hechos.

Los oficiales de la Esma obligaban a em-presarios y dueños de casas secuestrados a ceder sus bienes a sociedades integradas por sus represores o testaferros.

Además de Gómez, en esta causa se en-cuentran los casos de los empresarios Victorio Cerutti y Horacio Palma -secuestrados en enero de 1977 en operativos casi simultáneos-, propietarios de tierras en Chacras de Coria, provincia de Mendoza, quienes fueron obligados a transferir estos bienes a sus secuestradores.

En la Esma, Cerutti fue obligado a firmar una falsa venta de tierras de unos 12 millones de dólares; a Gómez le quitaron el automóvil, el dinero y los caballos de carrera.

La síndica de la empresa compradora fue la entonces escribana Emilia Marta García, que fue descubierta hace un tiempo ocupando un cargo de jueza.

Los tres empresarios están desaparecidos y ya la Cámara Federal había establecido que este tipo de delitos no podían ampararse en las leyes de Obediencia Debida y son imprescriptibles.

El 16 de septiembre pasado se conoció el estremecedor testimonio de Marcelo Camilo Hernández, ex prisionero de la Esma, quien relató a Bonadío la forma como Massera organizó el saqueo de los bienes de los desaparecidos Cerutti, Palma y Gómez, además de los viajes de negocios de los marinos y las temibles torturas a las que fueron sometidos los desaparecidos mientras estuvieron en aquel infierno.

El relato de Hernández muestra además el tipo de vida perverso que llevaban los marinos, las fiestas a las que concurrían y otros detalles estremecedores.