MIERCOLES Ť 3 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Las denuncias, por hechos de 1968 a marzo de 2001
Indagará la PGR 300 casos de desapariciones forzadas
Ť Un tercio de las querellas, relacionadas con Guerrero
Ť Discute la Corte amparo de ex dirigentes estudiantiles
GUSTAVO CASTILLO Y JESUS ARANDA
La Procuraduría General de la República (PGR) ha recibido 300 denuncias de presuntas desapariciones forzadas ocurridas entre 1968 y marzo de este año, por lo que integra un grupo especial de investigación para determinar la responsabilidad de cuerpos de inteligencia, seguridad pública, locales y de carácter nacional, en cada uno de los casos; trascendió que entre las indagaciones destacan las que involucran en esos hechos a los generales Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, actualmente presos con cargos de vínculos con el narcotráfico.
Fuentes de la dependencia que solicitaron el anonimato aseguraron que la intención del procurador Rafael Macedo de la Concha es no dejar pasar por alto ningún acto ilícito, por lo que en los próximos veinte días se dará a conocer el avance que han tenido las indagatorias.
En tanto, la primera sala de la Suprema Corte discute el amparo interpuesto por ex líderes del movimiento estudiantil de 1968 contra la negativa del Ministerio Público federal de perseguir los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que tuvieron lugar en octubre de aquel año.
Trascendió que aun cuando el proyecto de dictamen presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero ratifica la validez de la negativa en razón de que los delitos ya prescribieron, algunos de sus colegas plantean que el asunto, además de ser jurídico, tiene importancia social y política para el país, por lo que debe investigarse a fondo si legalmente procede perseguir aquellos actos ilícitos. Incluso se afirma que el único no prescrito es el de genocidio, que sería el resquicio para abrir la investigación correspondiente.
Fuentes del máximo tribunal agregaron que por ser un asunto de importancia nacional, la Corte debe fijar una postura sobre la posibilidad de que se investiguen los delitos que, se alega, tuvieron lugar el 2 de octubre de 1968, o bien que la Corte defina por qué no procede una averiguación de los hechos.
Averiguaciones en la Procuraduría
Las averiguaciones incluyen desapariciones que se imputan a los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Francisco Quirós Hermosillo y que se relacionan con integrantes de la guerrilla surgida en Guerrero en los años 70; asimismo, con la actuación de integrantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de instituciones ya desaparecidas como el Servicio Secreto Mexicano, la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (DIPS) y la Dirección Federal de Seguridad (DFS), entre otras.
Las pesquisas abarcan "toda la República, todos los casos y todas las fechas" que han sido denunciados hasta la fecha. De hecho incluyen las denuncias presentadas recientemente ante la PGR por la presidenta del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, así como los informes recabados en la Sierra de Atoyac de Alvarez, donde se asegura fueron desaparecidas muchas personas por su presunto involucramiento en la guerrilla que dirigió Lucio Cabañas Barrientos.
Funcionarios de la PGR han sostenido encuentros con representantes de otras instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para intercambiar información, analizar las denuncias y deslindar responsabilidades, "en busca de una buena integración de las averiguaciones previas que pudieran derivar de las denuncias presentadas".
Debido a que tan sólo a Guerrero le corresponden más de 100 de las 300 querellas, la dependencia que encabeza Macedo de la Concha trabaja en la integración de un área especial que se dedica a indagar cada caso, así como a "estructurar en una sola liga aquellos que pudieran estar conectados".
Los entrevistados no precisaron cuántas de las denuncias corresponden a desapariciones acontecidas durante 1968, pero "las abarcan desde ese año hasta marzo de 2001", aseguraron. Respecto a Guerrero, las indagatorias de la PGR tienen mayor referencia a sucesos acontecidos durante la década de los 70, cuando grupos rebeldes operaron en esa entidad.
La intención de realizar esas investigaciones, que quedaron inicialmente bajo la responsabilidad de la Subprocuraduría de Procedimientos Penales A, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, se originó a partir del 26 de abril de este año, cuando familiares de Lucio Cabañas Barrientos dieron a conocer la supuesta existencia de un cementerio clandestino.
Los dictámenes periciales realizados por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinaron que los huesos encontrados en el supuesto cementerio clandestino, y que según los denunciantes podrían corresponder a osamentas de campesinos ligados a los grupos guerrilleros, eran en realidad pedazos de huesos de animales.
Sin embargo, esto motivó que la PGR iniciara una serie de indagatorias a partir de denuncias de desapariciones presentadas por habitantes de Guerrero y que hoy suman más de 100 casos, en muchos de ellos, según se pudo conocer, se menciona sobre todo al general Acosta Chaparro.
Pero, indicaron los informantes, en muchos de los casos ha sido difícil reunir evidencias, testimonios que soporten jurídicamente las imputaciones, aunque "el Ministerio Público tiene la consigna del procurador Macedo de llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias, bajo la advertencia de que no se solapará ningún acto ilícito".
El 68 y la Corte
Por lo que se refiere a 1968, la PGR recibió el 3 de octubre de 1998 (al cumplirse 30 años y un día de la masacre en Tlatelolco) una denuncia presentada por Tomás Cabeza de Vaca contra el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y otras autoridades como presuntos responsables de homicidio, genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.
El Ministerio Público federal determinó que la persecución de esos actos ilícitos había prescrito y por lo tanto el expediente debía ir al archivo (consulta del no ejercicio penal), pues según la autoridad los delitos habían sido vigentes hasta cumplirse 30 años de cometidos.
Los denunciantes, que eran integrantes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), apelaron de la decisión del Ministerio Público y presentaron ante el juez primero de distrito en materia penal un recurso de amparo, el cual les fue concedido para "efectos", esto es, que obligaba a la PGR a investigar aun cuando no ejercitara acción penal contra los implicados.
En respuesta a los ordenamientos judiciales, el Ministerio Público señaló que no tenía ningún caso investigar si, de acuerdo con el Código Penal de 1968, los delitos presuntamente cometidos ya habían prescrito.
Los denunciantes fundaron su demanda de amparo en que el delito de genocidio es imprescriptible de acuerdo con ordenamientos internacionales aceptados por el gobierno mexicano, y el asunto fue turnado a un tribunal de alzada bajo el número de expediente 00968/1999-00.
El tribunal decidió enviar el recurso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera el más alto tribunal el que decidiera sobre el caso, correspondiendo a la ministra Olga Sánchez Cordero conocer del caso.
Desde 1999 el asunto fue turnado a la primera sala de la Suprema Corte bajo la ponencia de la ministra Sánchez Cordero; de acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, el proyecto resolutivo plantea que los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad ya prescribieron, en razón de que la averiguación previa se presentó ante la PGR precisamente el 2 de octubre de 1998, cuando fenecía el término legal de 30 años para interponer una denuncia de ese tipo.
Sin embargo, hay ministros que se oponen a esa resolución y han planteado que la Procuraduría General de la República abra una averiguación previa y, con base en ésta, se determine si procede consignarla o no ante un juez federal. Lo que resulta inaceptable, se dijo, es que con un "carpetazo" el Ministerio Público federal señale que no investigó los hechos porque ya habían prescrito, sin fundamentar ni motivar su decisión.
La Suprema Corte deberá estar a la altura para resolver este "parteaguas" en la vida política, social y jurídica del país, y fijar una postura al respecto, por lo que resultaría inadmisible enviar el caso a un tribunal colegiado, como se ha planteado en las discusiones privadas que han sostenido los ministros de la primera sala, comentaron las fuentes.
Los órganos implicados
La Dirección Federal de Seguridad (DFS) fue creada en 1947 como un órgano dependiente de la Presidencia de la República con la misión de vigilar, analizar e informar sobre asuntos relacionados con la seguridad de la nación. Esta institución se transformó en la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) en 1967, y tenía como objetivo estudiar, vigilar y analizar los problemas de orden político y social y proporcionar los informes correspondientes a la Secretaría de Gobernación.
Para 1977 un reglamento interno de Gobernación estableció funciones adicionales para la DGIPS: realizar las investigaciones y análisis sobre problemas de índoles política y social, organizar la documentación producto de las labores de investigación, establecer un centro de documentación y realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de relevancia nacional. En 1985 se creó la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISN), la cual fusionó las labores de la DGIPS y la DFS. Su objetivo era establecer mecanismos de inteligencia. El 13 de febrero de 1989, la DGISN se convirtió en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En todos los casos, un grupo de agentes, ajenos a la PGR, se dedicó a reunir información política y en la práctica se convirtían en entes dedicados al espionaje político al servicio del Ejecutivo en turno. Estuvieron involucrados en acciones contra los movimientos de izquierda y la guerrilla urbana y rural en las décadas de los sesenta y setenta.
Entre los personajes políticos al frente de esos organismos figuran Fernando Gutiérrez Barrios (1964-1970), Javier García Paniagua (1977-1978), Miguel Nazar Haro (1978-1982) y José Antonio Zorrilla Pérez (1982-1985), este último juzgado y condenado por delitos contra la salud y acusado de participar en el asesinato de Manuel Buendía.