Ayer, en el contexto de la conmemoración de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, destacaron tres actitudes contrastadas en el grupo gobernante: la del presidente Vicente Fox, que llamó a honrar el movimiento estudiantil de aquel año, en tanto que es "uno de los antecedentes más importantes de la lucha democrática de los mexicanos"; la del secretario de Gobernación, Santiago Creel, quien anunció una tardía e insuficiente apertura de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) relacionados con la represión gubernamental de hace 33 años, y la del líder de la bancada de senadores panistas, Diego Fernández de Cevallos, quien, como presidente de la mesa directiva del Senado, censuró el debate sobre el 68 en el seno de ese órgano legislativo.

El señalamiento del actual mandatario es sin duda el dato más significativo de la jornada, porque constituye el primer tributo abierto, pleno e inequívoco del poder público a quienes participaron en el movimiento estudiantil brutalmente reprimido hace más de tres décadas por un régimen político autoritario, violento y corrupto. 

Lo dicho ayer por Fox marca un importante giro en el discurso oficial prevaleciente hasta hace poco, en el cual la descalificación rotunda de esa gesta cívica se convirtió, en los últimos sexenios priístas, en un silencio vergonzante y ambiguo.

En cambio, el anuncio de Creel sobre la apertura de archivos del Cisen no aporta nada nuevo y hasta se queda corto respecto de la promesa de campaña foxista de impulsar una comisión de la verdad que se encargara de aclarar la forma en que se gestó la decisión de la masacre en las entrañas del Poder Ejecutivo y de establecer las responsabilidades correspondientes.

En cambio, la determinación anunciada por la Secretaría de Gobernación se limita a poner los documentos del Cisen a disposición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Procuraduría General de la República (PGR). La primera carece de atribuciones para iniciar procedimientos penales en contra de posibles responsables y la segunda renunció a hacerlo argumentando que los delitos habían prescrito. 

A estas alturas, la única fuente documental que podría contribuir en forma decisiva al esclarecimiento de lo ocurrido sería el archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual no ha sido puesto a disposición de la sociedad. De no haber un anuncio de esa naturaleza, cualquier otro por parte del Ejecutivo federal parecería un intento de distracción de la opinión pública.

La nota vergonzosa, finalmente, corrió a cargo de Fernández de Cevallos, quien se empeñó en censurar desde la tribuna del Senado de la República toda referencia al 2 de octubre de 1968. Al actuar de esa forma, el legislador blanquiazul repitió su papel de hacedor de trabajos sucios para el --ahora extinto-- poder priísta. Tal vez la razón de su actitud no sea otra que el notorio y persistente afán por llevar la contra al presidente Fox, pero no deja de sorprender, con todo, que Fernández de Cevallos siga solapando, post mortem, al régimen político que terminó el pasado primero de diciembre.