SABADO Ť 6 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť El gobierno pondrá en marcha 15 acciones para atender la desaceleración económica
Fox y partidos firmarán mañana el acuerdo político
Ť Establecerán compromisos para combatir impunidad y violaciones al patrimonio del Estado
ELENA GALLEGOS Y RENATO DAVALOS
El presidente Vicente Fox y las directivas de los ocho partidos representados en el Congreso firmarán este domingo en Palacio Nacional el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, en el que se comprometen a tratar de manera prioritaria el contenido de la reforma del Estado. En ese momento, el gobierno federal echará a andar 15 acciones para atender la coyuntura derivada de la desaceleración económica.
Además, en el acuerdo político se establecerán compromisos concretos para combatir la impunidad, las violaciones al patrimonio del Estado y a los derechos humanos, cuestiones que han generado gran expectativa en la sociedad.
Las medidas que establecerá el gobierno buscarán además garantizar el abasto a los sectores más desfavorecidos, la protección del empleo y la preservación de los servicios del Seguro Social para quienes han perdido sus puestos de trabajo.
La ceremonia se efectuará a las 17 horas en la sede del Poder Ejecutivo. La información que proporcionaron varios de los representantes de los partidos que suscribirán el documento asegura que las partes asumen el compromiso de tratar de manera prioritaria las reformas de la hacienda pública, de los sectores energético, laboral y de comunicaciones, entre otras. También se hará una revisión del sistema político y del federalismo.
El conjunto de definiciones que formarán parte del acuerdo, y que fueron tejiéndose en los últimos 10 meses en un sinnúmero de encuentros entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación y los protagonistas políticos, busca conducir al país a transformaciones políticas, sociales y económicas, y aborda las acciones que habrán de tomarse para que México enfrente incluso las nuevas amenazas de carácter internacional.
El mismo lunes, el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional se hará llegar a las dos cámaras del Congreso de la Unión, porque la intención es que los legisladores debatan ampliamente el contenido del pacto que, según las mismas fuentes, está plasmado en 30 páginas y pone especial énfasis en la necesidad de dar rumbo al cambio e iniciar formalmente el proceso de transición política.
Los informantes precisaron que "de ninguna manera el texto implica la conclusión de las reformas pendientes", y en cambio significa una plataforma para iniciar una intensa discusión a nivel nacional sobre los polémicos temas.
La parte sustantiva del acuerdo no estribará sólo en los consensos a los que puedan llegar el Ejecutivo, los partidos y el Congreso. El espíritu de los compromisos es extender a los distintos grupos sociales la participación y elaboración de las reglas definitivas. Por ello se lanzará una convocatoria para que todas las organizaciones -sindicatos, agrupaciones de productores, campesinos, indígenas, empresarios y ONG, entre otras- puedan adherirse libremente al acuerdo.
En las próximas semanas, además de los debates en las cámaras de Diputados y Senadores, se prevé la apertura de foros deliberativos en los que se espera la concurrencia de los distintos actores sociales.
Es decir, quienes así lo decidan tendrán los canales adecuados para expresar sus puntos de vista sobre los ejes nodales en los que girará la reforma del Estado y podrán participar activamente en los cambios que les conciernan. Por ejemplo, los sindicatos tendrán voz en las enmiendas a la ley laboral.
El propósito final será la convergencia de las propuestas que por una parte hagan el gobierno y las fuerzas políticas, y por el otro el cúmulo de organizaciones que expresarán sus puntos de vista en las mesas de diálogo. La pretensión expresada reiteradamente en los encuentros previos a la redacción del texto que se firmará este domingo es que éste sea una especie de principio de acuerdo que conduzca a un pacto nacional y que "no se constriña a una decisión cupular".
Los partidos que firmarán el acuerdo son: Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT), Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista (PSN) y de Alianza Social (PAS).
El antecedente más reciente de este tipo de acuerdos se registró el 17 de enero de 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo y las fuerzas políticas se comprometieron a una reforma electoral que culminó casi año y medio después.
Sin embargo, en aquella ocasión el compromiso se limitó al aspecto político y fue imposible construir siquiera consensos básicos para avanzar en la reforma del Estado, no obstante que para ello se instalaron mesas de discusión conocidas como las mesas de Barcelona.