SABADO Ť 6 Ť OCTUBRE Ť 2001
Ť Según la Procuraduría jalisciense ''está ubicable''
Agente del MP acusada de plagio de menores huyó, denuncia ONG
VICTOR BALLINAS
La agente del Ministerio Público de Jalisco, María de Lourdes Alvarez González, a quien la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló en la recomendación 20/2001 como responsable del robo de una bebé en 1997, fue cesada de su cargo la semana pasada y está sujeta a investigación por los delitos de robo de infante, abuso de autoridad e incumplimiento de su cargo.
Sin embargo, Juan Manuel Estrada Juárez, de la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, informó que esa agente del Ministerio Público y las servidoras públicas Altagracia Hernández Galván y María Edelmira Vallarta Gómez, empleadas suyas y presuntas cómplices del secuestro de la menor Diana Jazmín, no debieron ser cesadas, ''sino procesadas por los delitos en que incurrieron".
No obstante, abundó Estrada Juárez, Alvarez González sólo fue cesada y se le permitió huir de la justicia, pues "nos consta que ya no vive en el lugar donde radicaba, en el municipio de Mazamitla, Jalisco", por ello, presentó el día 3 una nueva denuncia contra los agentes del Ministerio Público adscritos al área de visitaduría, Mercedes Estela Díaz de Sandy y Eusebio Gutiérrez Flores, a quienes acusa de cometer delitos y obstruir deliberadamente la impartición de la justicia.
En una denuncia de fecha 3 de octubre del 2001, Estrada Juárez solicitó a la Contraloría Interna de esa Procuraduría se "investigue la conducta antisocial (de los funcionarios) al negarse a cumplir con la obligación que la ley le señala e impone". Incluso, en entrevista, aseveró que "la agente Díaz de Sandy fue puesta ahí para obstaculizar la justicia y permitir que Alvarez González escapara''.
Sin embargo, en la PGJE de Jalisco se informó que la agente cesada, en efecto ya no vive en el domicilio registrado, pero "está ubicable" para la investigación. No obstante, reconoció la dependencia, debido a que se ha hecho público su cese y que está sujeta a investigación, "nada garantiza que la ex funcionaria siga ubicable".
En otra denuncia que Estrada Juárez presentó en la PGJE también el 3 de octubre resalta que la recomendación 20/2001 de la CNDH señala los actos de acción, omisión y abuso de autoridad en el robo de menores en que incurrieron María de Lourdes Alvarez González, María Edelmira Vallarta Gómez y Altagracia Hernández Galván, todas ellas funcionarias de la PGJE, en agravio de la madre de la menor robada, María de los Angeles Orta Molina.
Estrada agregó que por ser pública esa recomendación hace plena prueba y adquiere valor legal de conformidad con lo establecido en los artículos 271 y 272 del Código de Procedimientos Penales del estado de Jalisco.
De igual manera Estrada Juárez presentó otra denuncia, la AP/5630/01, contra Guadalupe Morfín Otero en su carácter de presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la cuarta visitadora, María Teresa Medina Villalobos, "por los actos de acción y omisión en que incurrieron en el desempeño de sus funciones".
El abogado sostiene en su denuncia que "tanto Morfín Otero como Medina Villalobos mienten dolosamente al asegurar públicamente que en su mayoría se trataba de niños abandonados. Esto es completamente falso y son meras aseveraciones personales carentes de fundamento legal alguno".