DOMINGO Ť 7 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Informes de la Secretaría de Desarrollo Social enviados a la Contraloría

Se esfumaron 13 mil 300 mdp destinados al combate a la pobreza en el sexenio de Zedillo

Ť La mayor parte corresponde a la propia Sedeso, Oaxaca y Puebla Ť Ya hay denuncias

JUAN ANTONO ZUÑIGA Y RENATO DAVALOS

Puentes que nunca se construyeron, caminos y carreteras inexistentes, nóminas simuladas, facturas apócrifas, salarios inflados y la carencia total de respaldos contables sobre el uso de recursos, esfumaron 13 mil 300 millones de pesos durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Destinado al combate a la pobreza y a atemperar los efectos de fenómenos naturales en las comunidades marginadas, ese dinero, enviado a las 31 delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social, representa 43 por ciento de los presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión para "combatir la pobreza" entre 1994 y 2000, indican informes de la Sedeso enviados a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).

La mayor parte de esos recursos otorgados, pero sin justificación sobre su uso hasta el momento, corresponden a la Dirección General de Planeación de la propia Sedeso, al estado de Oaxaca, gobernado entonces por Diódoro Carrasco Altamirano, y a Puebla, cuando esta entidad era gobernada por el hoy senador Manuel Bartlett Díaz.

Dinero real fue empleado en obras ficticias, y su destino aún se desconoce.

"Al inicio de la administración -explica un documento sobre la creación de la Comisión de Transparencia en Desarrollo Social- se recibió el sector con 604 observaciones y/o recomendaciones emitidas por los distintos órganos de fiscalización".

A partir de éstas, se han aplicado 26 auditorías a la Sedeso, y del total de las observaciones heredadas a la actual administración gubernamental, 48 por ciento correspondían "a fallas de carácter administrativo". El resto, 314, se refieren a "incumplimiento de metas, programas y objetivos; situaciones que implican responsabilidad penal, falta de documentación soporte, registros no confiables, etcétera".

Por su cuenta, la Sedeso ha aplicado 2 mil 328 encuestas anónimas entre empleados de las 31 delegaciones estatales de esta dependencia, "porque si alguien sabe lo que acontece en cada una de las oficinas de la administración pública federal, es precisamente el personal que labora en ella", explicó un alto funcionario gubernamental. Las encuestas, precisó, han permitido la detección de "irregularidades y actos de corrupción que han derivado en auditorías".

Documentos en poder de La Jornada explican que las auditorías se han aplicado a partir de muestras de obras seleccionadas en algunas entidades de la República.

Al menos en tres casos -Oaxaca, Hidalgo y Guerrero- los resultados han permitido sustentar tres denuncias de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), por un monto conjunto de 14.3 millones de pesos. En los tres casos "existen varios funcionarios presuntamente responsables de los actos señalados".

Las cuentas del gran capitán

De 1994 a 2000, el gobierno federal canalizó 30 mil 800 millones de pesos de los ramos presupuestales destinados a combatir la pobreza. De esa cantidad, las 31 delegaciones estatales de la Sedeso documentaron el uso de 17 mil 500 millones de pesos, ante el reclamo de la nueva administración gubernamental.

Pasado el plazo para la justificación de los 13 mil 300 millones de pesos restantes, el asunto ha sido turnado a la Secodam.

Ambas dependencias han coordinado sus esfuerzos para determinar el destino que tuvo esa cantidad, y en el análisis "nos hemos encontrado con las cuentas del gran capitán", explica un funcionario de la Contraloría allegado a las investigaciones.

"Evidentemente hay corrupción", explica una vez que se le han puesto a la vista los documentos en poder de La Jornada. "Pero es necesario contar con elementos fehacientes, con validez plena ante un tribunal, para proceder a las denuncias penales correspondientes. Y eso lleva tiempo", apuntó.

Por lo pronto, de los 13 mil 300 millones de pesos sin ubicar, 25 por ciento se concentra en dos delegaciones estatales de la Sedeso. La de Oaxaca, con casi 2 mil 276.4 millones de pesos de "obra ejecutada sin comprobación", y la de Puebla, con aproximadamente mil 26.7 millones de pesos en la misma situación.

A estas entidades les siguen, en orden de importancia, los estados de México, Durango, Chiapas y Veracruz, los cuales, junto con la Dirección General de Planeación de la Sedeso, acumulan 8 mil 321.9 millones de pesos en recursos recibidos de la Federación, pero carentes de respaldos sobre su uso. Es decir, 62.6 por ciento de todo el monto volátil.

Los informes indican que las delegaciones estatales de la Sedeso han hecho un esfuerzo por documentar el uso de los recursos recibidos. La del estado de Veracruz, gobernado por Miguel Alemán Velasco, redujo 70.1 por ciento el monto sin comprobación, y la de Chiapas, entidad gobernada por Pablo Salazar Mendiguchía, lo disminuyó 69.3 por ciento.

Pero otras entidades sobresalen por la lentitud con que las delegaciones de Sedeso han logrado justificar los gastos realizados. De ellas, Oaxaca mantiene 90 por ciento "de la obra ejecutada sin comprobación"; Puebla, con 73 por ciento en el mismo caso; estado de México, con 83.5 por ciento, y Durango, con 83.1 por ciento.

La Dirección General de Planeación de la Sedeso aún no puede comprobar el uso que se le dio a 38.4 por ciento de los recursos recibidos.

Para muestra... un botón

Con base en la evaluación financiera y comentarios consignados en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1999, se seleccionó a Oaxaca para auditar el presupuesto asignado al Programa de Empleo Temporal, mediante el ramo 26 de combate a la pobreza.

A partir de los montos asignados se seleccionó una muestra de 27 de las 5 mil 948 obras reportadas en la cuenta pública. Para efectos prácticos, también se consideró la cercanía geográfica de los municipios donde se aplicaron los recursos con la capital del estado.

"Al verificar si las obras se ejecutaron de acuerdo con lo programado, se determinó que seis de éstas no habían sido ejecutadas, comprobándose la salida de dinero con nóminas que, se presume, fueron elaboradas únicamente con ese propósito", señalan los especialistas que llevaron a cabo la "auditoría número 14".

Puntualizan: "sobre el particular, se elaboraron los dictámenes técnicos correspondientes, los cuales se remitieron a la Dirección General Jurídica, presentándose denuncia de hechos ante la PGR por un monto de 3.5 millones de pesos".

E informan: "existen varios funcionarios presuntos responsables de los actos señalados". Pero en el documento que posee La Jornada no figuran los nombres. Sin embargo, Miguel Angel Cuéllar ha permanecido desde hace cinco años, cuando Carlos Rojas era titular de la Sedeso, al frente de la delegación de esta dependencia en Oaxaca. Se ignora si está entre los "presuntos responsables".

Bajo un procedimiento similar, en el estado de Hidalgo se realizó otra auditoría. Sólo que en ella "se seleccionaron para su revisión 15 proyectos de obra por un importe de 12 millones 769 mil 200 pesos, correspondientes a las aportaciones federales, y un millón 872 mil 100 pesos, de aportación estatal".

Uno de los resultados arrojados por la auditoría fue el siguiente: "se determinó que, al 31 de diciembre de 1999, las entidades y dependencias ejecutoras no habían comprobado la totalidad del gasto del Programa de Empleo Temporal, y no se había reintegrado a la Tesorería de la Federación el saldo de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos".

En la verificación física de las obras, señalan los documentos, "se identificó que en siete casos no se cumplieron las especificaciones técnicas autorizadas inicialmente, y que las 15 obras realizadas presentaron deterioro por falta de mantenimiento".

Más: "las nóminas mediante las cuales se pagó la mano de obra, se presume que son apócrifas". Abundan: "Además se comprobó que en algunos casos el apoyo económico para los participantes rebasó el jornal máximo establecido en las Reglas de Operación de los Programas del Ramo General 26".

También se presentó el dictamen técnico a la Dirección General Jurídica, la cual "promovió denuncia de hechos ante la PGR por un monto de 5.1 millones de pesos". E igualmente "existen varios funcionarios (como) presuntos responsables de los actos señalados".

En la auditoría aplicada al Programa de Empleo Temporal en Guerrero, a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999, se seleccionó una muestra de 11 obras "con base en la importancia relativa de los montos asignados". En los 11 casos "se efectuaron pagos por jornales que rebasaron los montos establecidos en las reglas de operación", y además, "se comprobaron gastos mediante facturas apócrifas". El monto implicado es de 5.7 millones de pesos, hay denuncia de hechos ante la PGR y "existen varios funcionarios (como) presuntos responsables de los actos señalados".

Las vías de enriquecimiento por medio de corrupción en el manejo de los recursos destinados al combate a la pobreza han sido múltiples. Las medidas preventivas, sin embargo, avanzan en su estructuración mediante ideas llevadas a la práctica que empiezan a dar resultados. La Sedeso ya ha programado "aplicar encuestas semestrales en todo el sector" de desarrollo social.