Ť Fortalecer capacidad hacendaria y los rubros social y energético, otros ejes

Se busca conciliar cambio y estabilidad, dice Creel

ALONSO URRUTIA, JUAN MANUEL VENEGAS Y RENATO DAVALOS

Luego de varias semanas de discretas negociaciones, finalmente se firmó el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que incluyó una amplia gama de buenas intenciones: desde el fortalecimiento de la capacidad hacendaria hasta el perfeccionamiento del sistema político; desde la revisión integral de la política de seguridad pública hasta el compromiso de asegurar el desarrollo del sector energético.

La clase política, congregada en Palacio Nacional, escuchó la lectura del documento que hiciera el secretario de Gobernación, Santiago Creel. Un acuerdo orientado por cuatro ejes: el político, el social, el económico y la inevitable inclusión de la política exterior ante el entorno internacional, que ayer mismo ensombreció el acto.

Refrendar principios de política exterior

Así, en el ámbito internacional, el acuerdo incluye ''refrendar los principios de la política exterior consagrados en la Constitución, así como promover la democracia, el respeto a los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacionales''.

Se añade que México colaborará en el diseño y aplicación de una política contra el terrorismo y el crimen organizado, en el contexto de los acuerdos internacionales y apegado estrictamente a los principios de la política exterior mexicana.

Creel justificó la firma del documento a partir de varias premisas. Ningún partido tiene la mayoría necesaria en los órganos de representación para decidir el desahogo de la agenda nacional, no sólo en lo referente a las reformas legislativas, sino inclusive en la definición presupuestal.

El acuerdo ''es imprescindible para lograr que nuestra democracia concilie cambio y estabilidad política, pluralidad y eficiencia gubernamental, certidumbre económica y desarrollo social'', dijo.

Creel expresó que parte fundamental del documento es encauzar las diferencias y desahogar las controversias dentro de las instituciones y los canales fijados por la Constitución.

En los considerandos se justifica el acuerdo como fórmula para que el país enfrente ''con éxito los retos planteados por el entorno internacional, caracterizado por nuevas normas, agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los estados, la desaceleración de la economía mundial y, simultáneamente, por el reconocimiento generalizado de las instituciones democráticas''.

Por lo que hace al ámbito político, el acuerdo no precisa objetivos inmediatos. Señala que se buscarán formas más eficientes de gobernabilidad acordes con la nueva realidad, que incluiría el perfeccionamiento del sistema de participación y representación política. Se habla de afianzar políticas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción e impunidad, sobre todo en cuanto a la violación de los derechos humanos.

El documento incluye dos temas que el Ejecutivo ha pretendido impulsar: revisar el marco jurídico de los medios electrónicos, que garantice una relación transparente, y legislar en seguridad nacional.

El capítulo económico sólo enuncia voluntad para alcanzar reformas estructurales. ''Reforzar la capacidad de la hacienda pública para atender demandas sociales'', seguido del señalamiento de ''avanzar en el federalismo hacendario mediante redefinición de atribuciones y responsabilidades''.

Se incluye la promoción de políticas económicas que generan un crecimiento sostenido; políticas de largo plazo para el campo; modernización de la planta productiva y fortalecimiento de la pequeña y mediana empresas, así como la ampliación del papel de la banca.

En cuanto al sector energético, sólo enumera genéricamente objetivos tales como el impulso de políticas de desarrollo al sector -particularmente gas y electricidad-, preservando la rectoría del Estado y el diseño de políticas que garanticen el abasto de energéticos, y que se favorezcan la inversión y la modernización tecnológica.

Se hace referencia expresa a Pemex empresa, estableciéndose que se preservará la propiedad y conducción estatal, revisando además su régimen fiscal.

Asimismo, se prevé la ampliación del gasto social en programas para la atención de grupos vulnerables, además de que se fijarán partidas para dar cumplimiento a las obligaciones del Estado frente a los pueblos indios.

Sobre el entorno internacional se subraya que el país participará en la conformación de un sistema internacional basado en normas que promuevan la estabilidad y la cooperación y proporcione espacios de acción política y diplomática frente a otros países. Incluye la promoción de una política migratoria integral de largo plazo, que establezca condiciones adecuadas de seguridad y respeto hacia los migrantes mexicanos.

Por lo que hace al tema social, el documento incluye 14 puntos que parten del fortalecimiento de las políticas de combate a la pobreza, mediante una mayor inversión pública para el desarrollo.

Refiere que se canalizarán mayores recursos para la ampliación de la infraestructura de los servicios de salud y con ello asegurar la cobertura universal de los servicios básicos. Se enuncia llanamente que se fomentará el acceso universal a la educación pública, laica, gratuita y de calidad.

Punto sobresaliente es el establecimiento de un marco normativo que consolide la seguridad social y los compromisos de desarrollo, al mismo tiempo que se consigna como un objetivo el mejoramiento del sistema de pensiones.'' Se incluye la revisión de la política de seguridad pública, que abarcaría el análisis del marco normativo de prevención del delito, procuración y administración de justicia, sistema penitenciario, reparación del daño y readaptación social.