LUNES Ť 8 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť León Bendesky

Qué hacer

La fuerte desaceleración de la economía durante el curso del año está exponiendo una serie de contradicciones que se habían podido mantener por debajo de la mesa, pero hoy se hacen cada vez más visibles porque tienen que ver con el modo mismo en que funciona la economía. El escenario que se había proyectado para el primer año de este gobierno admitía que no se podría crecer al mismo ritmo de 2000, cuando el producto se elevó 7 por ciento. En el presupuesto federal se estimó una tasa de crecimiento de 4.5 por ciento con la expectativa de que hacia el último tercio del sexenio se alcanzarían tasas ofrecidas de 7 por ciento anual. Por las razones que se conocen, es decir, el comportamiento de la economía estadunidense y la enorme dependencia mexicana, la perspectiva oficial del crecimiento se redujo hasta 2.5 por ciento y de ahí ha ido para abajo, y ahora se prevé que en este año será de apenas 0.3 por ciento o incluso de valor negativo, pues todavía falta que transcurra el cuarto trimestre.

La situación política del mundo después del 11 de septiembre, tal y como hoy se aprecia, no es favorable para una pronta recuperación. La incertidumbre cancela, o cuando menos pospone, las acciones que revitalizan los mercados, sobre todo las del sector privado, aunque hay un debate abierto sobre lo que debe hacer el gobierno.

Una forma en que se están manifestando las contradicciones con respecto a la gestión de la economía se aprecia en las posiciones e intereses de un amplio segmento del empresariado, que tienden a enfrentarse con el contenido y aplicación de las políticas gubernamentales. Se dice que el gobierno no hace lo suficiente para enfrentar la mala situación económica y que lo que hace es perjudicial. Se demandan acciones de emergencia que vayan más allá de lo que se ofrece y hay conflictos que aparecen por distintas partes, como el asunto de las cuotas del Seguro Social que fueron mal calculadas. Hay nerviosismo y no mucho espacio de encuentro mientras las posturas de cada una de las partes tienden a ir en direcciones contrarias.

Parte del ejercicio de gobernar consiste en administrar lo que ya está en curso, como puede ser la ejecución del presupuesto y de los numerosos programas que existen en diversas áreas. Pero hay situaciones que exigen una acción especial tanto en forma y tiempo para responder a las condiciones adversas que se enfrentan, sobre todo de manera inesperada. Estas son verdaderas ocasiones que no se pueden dejar pasar, sino a costo alto, pero para poderlas aprovechar se requiere una estrategia concebida para hacer frente a los conflictos que se generan. La actual situación económica del país es una de esas ocasiones y el gobierno no halla cómo hacer algo de modo efectivo al respecto. Eso puede deberse a varios factores, no necesariamente excluyentes. Puede ser que la decisión del gobierno de no cambiar el curso de la gestión económica se deba a que no quiere hacer nada, o no puede o simplemente no se sabe qué hacer.

Tomemos el diagnóstico que hizo recientemente el gobernador de Banxico, quien auguró tiempos difíciles debido a la reducción de las exportaciones, los menores flujos de financiamiento y su mayor costo y los efectos negativos sobre el turismo y la aviación, además de las menores remesas de los trabajadores mexicanos desde Estados Unidos. Este listado no es completo y no puede fijarse un horizonte para que terminen sus repercusiones, aunque es suficiente para lo que estamos discutiendo. Según ese mismo planteamiento, la economía mantiene su fortaleza, pues a pesar del mal entorno externo aún no se han alterado los equilibrios internos, o sea, que no ha resurgido la inflación, y el tipo de cambio y los intereses están más o menos estables. Lo que no se dice es si esas condiciones pueden prevalecer indefinidamente y a qué costo. La posición oficial sigue sosteniendo que la fortaleza de la economía está en la estabilidad macroeconómica. Es evidente que ella no estorba, al contrario, pero no es igualmente claro que no pueda tocarse para intervenir en una condición especial como la actual.

Apuntemos sólo algunas cuestiones. ƑCuál es la base de la estabilidad económica que tanto se defiende y que no tolera la menor perturbación? La posición fiscal está en los huesos y no hay margen de acción; la monetaria está igualmente restringida, pues cualquier alteración puede desatar de nuevo la inflación. Esa no es, por tanto, una condición muy sólida ya que no hay recursos para hacer prácticamente nada. Al contrario, los fondos públicos se reducen y se comprometen, aun los niveles de gasto ya previstos, excepto, por supuesto, pagos de intereses, empezando por los que hace el IPAB a los bancos intervenidos en la crisis de 1995. Al parecer es por esta razón que no se quiere hacer nada, no porque haya estabilidad, sino porque es sumamente precaria y hay demasiados compromisos adquiridos. Puede ser que el gobierno no quiera hacer nada porque considere que lo que hace es lo mejor y lo único posible, como sostienen Hacienda y Banxico, o bien, que no pueda hacer nada, porque no tiene con qué, como añadió el secretario de Economía en un momento de realismo político. También puede ser que no se sepa qué hacer, y no por falta de conocimientos o de capacidad, sino porque hay convicción de que la sociedad debe administrarse como la cuenta de ahorros de una familia o el libro de contabilidad de una empresa más bien pequeña. Esas comparaciones suelen hacerse muy a menudo desde el gobierno, pero no son afortunadas ni válidas.

Nadie pide remedios mágicos; en la economía nadie cree en ellos y el gobierno es incapaz de generarlos. No necesitamos un gobierno milagroso, sino de uno que actúe con eficacia, legitimidad, y que deje de ver su pobreza como virtud; requerimos de acuerdos claros en los cuales las demandas de distintos sectores de la sociedad, que pueden ser muy válidas, se expresen en formas eficaces de participación y compromiso.

México necesita cada vez de modo más urgente de un nuevo contrato social por encima de los pactos políticos que se promueven. La pasividad del gobierno y los jaloneos de los grupos de interés significan un costo más alto en términos monetarios y financieros y, también, en cuanto a la cohesión política del país.