VIERNES Ť 12 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť González Sierra y Schietekat Ballesteros realizaron envíos a bancos de Andorra

Detectó PGR paraíso fiscal de funcionarios del IPAB

Ť Presentará el PRI iniciativa de ley para evitar operaciones ilícitas del instituto

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ENRIQUE MENDEZ

Eugenio González Sierra y León Alberto Schietekat, funcionarios del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y de Bancomext, realizaron diversos envíos de dinero desde México a bancos localizados en el principado de Andorra. La Procuraduría General de la República (PGR) ha documentado "desde el momento en que se abrió la cuenta hasta el instante en que más de 16 mil dólares fueron transferidos a un paraíso fiscal".

Fuentes de la dependencia revelaron a La Jornada que la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO) investiga otras transacciones realizadas por ambos funcionarios, ya que se tienen indicios de que el Grupo Financiero GBM Atlántico no fue la única institución a la que le exigieron el pago de 10 por ciento sobre los recursos de financiamientos, créditos, fideicomisos y otros mecanismos que debían ser recuperados a través del IPAB.

"El Grupo Financiero GBM Atlántico no fue el único al que solicitaron dinero, lo hicieron con otras instituciones, pero nadie más ha presentado otras denuncias por hechos similares. Nadie habla, tal vez porque se podría llegar a descubrir que algunas transacciones fueron irregulares y se transfirieron al IPAB", indicaron las fuentes.

Los investigadores, utilizando los mecanismos que les permite la Ley contra la Delincuencia Organizada, intervinieron los teléfonos de Schietekat Ballesteros y de González Sierra, una vez que el representante del Grupo Financiero GBM Atlántico presentó la denuncia de hechos en la que se les señala como los responsables de presionar para el pago de 1.5 millones de pesos a fin de que recuperaran los 15 millones de un fideicomiso.

Las transacciones realizadas por los funcionarios del IPAB y Bancomext fueron "seguidas paso a paso, ellos creían que no se les iba a descubrir, por ello enviaron dinero a Andorra".

El principado, considerado como un paraíso fiscal, es un Estado situado en el corazón de los Pirineos, entre España y Francia. Su extensión es de 468 kilómetros cuadrados y tiene una población de casi 67 mil habitantes. Las principales ciudades más cercanas son, en la parte española, Barcelona (a 185 kilómetros) y Lleida (a 151 km), y en la parte francesa Toulouse (a 187 km) y Perpiñán (a 169 km).

Los resultados de la investigación en gran medida obedecen al trabajo conjunto que la Unidad Especializada en Delitos de Lavado de Dinero (UELD) desarrolló con la UEDO, y mediante el análisis de movimientos bancarios se conoció la apertura de la cuenta a través de la cual se realizaron distintas transferencias y que, según las fuentes, ahora niegan los detenidos.

Sin embargo, la PGR está a la espera de documentos oficiales que muestren otras transferencias de dinero que no han sido reconocidas por González Sierra y Schietekat Ballesteros, pero que están registradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Reacción legislativa

A partir de las "operaciones oscuras" que se han detectado en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el PRI presentará en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que "separe" las actividades de supervisión a los bancos de la recuperación de los activos, informó ayer el diputado David Penchyna Grub.

La viabilidad de la institución, dijo, está en duda no sólo porque el proceso de liquidación de las instituciones de crédito saneadas no ha comenzado, sino porque aun cuando existen sospechas sobre el manejo de las operaciones, en algunos casos no se puede proceder en contra de los funcionarios porque no existe un marco legal adecuado para fincarles responsabilidades.

El legislador priísta atribuyó la facilidad con que se cometen actos de corrupción en el IPAB a la forma en que se constituyó, pues Acción Nacional -resaltó- "forzó" al Congreso para que éste aprobara que un solo organismo se encargara de la venta de la cartera y de la supervisión a las instituciones financieras.

Ese esquema, dijo, permitió que el instituto se constituyera en "juez y parte", y que se cometieran fraudes que hoy "ponen en riesgo lo que se había avanzado en el saneamiento de los bancos", y afirmó que ahora deberán revisarse todas las operaciones para asegurarse que no hay más irregularidades.

A pesar de los presuntos delitos que se han cometido en el instituto, dijo que la Cámara de Diputados no puede dejar de autorizar la entrega de recursos fiscales al sistema bancario, "para proteger a los ahorradores".

Eso sí, insistió, tendrán que imponerse reglas para que el IPAB dé cuentas al Congreso sobre el uso de esos recursos, que "son del pueblo de México.

Asimismo, Penchyna entregó copia de un punto de acuerdo que presentó el 22 de agosto pasado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, en el que resaltaba que a unos meses de que concluya el plazo legal de tres años que se otorgó al IPAB para liquidar las instituciones de crédito saneadas, este proceso no había comenzado.

Tampoco, dijo entonces, ha iniciado el canje de pagarés del Fobaproa y "cada vez existe menos probabilidad de que los bancos opten por este intercambio", y afirmó que actualmente los costos del rescate bancario no han disminuido y que, por el contrario, todo apunta a que se elevarán.

"Al paso y medida de los programas de venta, seguramente se excederá doble o triple el tiempo para realizar (la venta de) los activos que hoy contempla la ley", advirtió.