OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 63

Comentarios aI Programa Nacional de Educación
 
 

Ť Ampliar gasto público y establecer un nuevo pacto educativo, requisitos del PNE

Ť La educación, ¿al margen del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional?

El pasado 28 de septiembre, en ceremonia encabezada por el presidente Vicente Fox en el Palacio de Bellas Artes, se presentó el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006. Por la importancia que tiene este documento en la definición de la política educativa nacional, Observatorio dedicará este comunicado y los próximos dos a su análisis.

A diferencia del Programa de Desarrollo Educativo del sexenio anterior, el PNE ofrece metas específicas para educación básica, media superior, superior y para el nuevo programa de educación para la vida y el trabajo. Dichas metas ?cuyo análisis será tema del próximo comunicado?, así como los objetivos particulares, estrategias y acciones correspondientes, se refieren a los tres propósitos generales del programa: "avanzar hacia la equidad en educación, proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos, e impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación" (PNE: 76).

En el PNE, además, se describen los medios para impulsar estos propósitos, así como las reformas que implican. También se establecen dos requisitos para hacer viable el cambio de enfoque. El primero, de carácter económico, es la ampliación del gasto hasta alcanzar un nivel equivalente a 8 por ciento del PIB, meta que discutimos en el comunicado anterior. El segundo es de naturaleza política y se refiere a la necesidad de lograr "un gran acuerdo nacional" (PNE: 40) en torno a las propuestas del programa y una serie de acuerdos, consensos y pactos que reúnan los intereses de los actores involucrados.

Aunque en el PNE no está descrito en qué consiste el gran acuerdo nacional ni las particularidades de los acuerdos específicos, hay, en cambio, varias indicaciones que permiten apreciar la intención de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en torno a esta variable política.

"El gran acuerdo nacional"

El Presidente, en su alocución en el acto de presentación del PNE, se refirió a este instrumento invocando "el apoyo imprescindible de las maestras y maestros", así como la necesaria colaboración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la responsabilidad de los padres y madres de familia, y de los medios de difusión y las organizaciones de la sociedad civil "para configurar (...) un gran acuerdo nacional en favor de la educación, y estructurar y dejar sentada así la comunidad educativa, en estrecha alianza con la tarea del gobierno."

 En el mensaje del secretario Reyes Tamez Guerra, contenido en el texto del programa, se reitera: "convocamos a los profesores y a las organizaciones; a los padres de familia y los alumnos; a las escuelas e instituciones; a los demás sectores de la sociedad; a los poderes Legislativo y Judicial; y a los gobiernos estatales y municipales del país, a sumarse a un gran acuerdo nacional por la educación, buscando hacer realidad la prioridad de este sector en la agenda pública" (PNE: 12).

Es interesante que, a través de esta convocatoria, el Poder Ejecutivo Federal proponga ampliar la gama de sus interlocutores tradicionales y afirme la necesidad de concurrencia de otros actores (estudiantes, padres de familia, los demás poderes de la Unión y las organizaciones civiles) dentro del tablero de negociaciones que requiere la reforma de la educación.

Existe el riesgo de que una convocatoria de esa naturaleza quede en el plano meramente discursivo si la participación solicitada adolece de medios efectivos para su materialización. Es un riesgo más que aparente.

En el reciente Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional del 7 de octubre, suscrito por el Presidente de la República y los presidentes de los partidos representados en el Congreso, la educación se incluye en la "agenda social" en términos de "fomentar el acceso universal a la educación pública, laica, gratuita y de calidad", propósito contenido en el artículo 3º constitucional y en la Ley General de Educación; pero, a diferencia de otros enunciados políticos y económicos del acuerdo, no se anticipa ninguna estrategia para tal propósito ni tampoco ocupa lugar la educación en el elenco de las "acciones inmediatas" convenidas.

 Así, a pesar de que para el Ejecutivo y también para los partidos políticos la educación es una prioridad, ésta escapa de su "visión estratégica" en la coyuntura. En el camino de obstáculos económicos a la vista, ni siquiera la necesidad de aseguramiento financiero del gasto educativo ha entrado en la discusión de la agenda política. Es preocupante.

Los acuerdos operativos

El PNE propone la necesidad de acuerdos específicos en tres áreas. Primero, en el plano de la relación entre la Federación y los poderes locales; segundo, en el de la participación social para la gestión y; tercero, en cada uno de los "tipos educativos" del sistema.

Para profundizar la descentralización, se indica, es necesario sumar "la voluntad del gobierno federal, de los ejecutivos estatales, y de las instancias magisteriales" (PNE: 91). Bajo ese esquema ?añade el texto? "los avances del proceso... no pueden establecerse de antemano en forma unilateral, y deberán ser resultado de trabajos participativos..." (ídem); por ello, "a partir de 2003 (se iniciará) la construcción de acuerdos atendiendo a las características específicas del desarrollo educativo de cada estado y los criterios de cobertura, equidad y calidad" (ídem).

La idea de iniciar en 2003 los trabajos de concertación para transferir a los estados las responsabilidades normativas, curriculares, compensatorias y de evaluación, deja entrever que al menos en este sexenio la operación sustantiva de tales funciones continuará regida por la SEP en el esquema federal tradicional y también que se ha optado por una estrategia gradual de cambio en este aspecto decisivo.

En el capítulo sobre la reforma de gestión del sistema educativo, el PNE incluye una serie de iniciativas para promover la participación social en la gestión y para mejorar los mecanismos de coordinación que implican, a su vez, acuerdos entre actores. Se propone la creación inmediata del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, presidido por el titular de la SEP y conformado por las máximas autoridades educativas de los estados y del Distrito Federal.

En segundo lugar, se establece la meta de lograr un "acuerdo conjunto entre la SEP y el SNTE para mejorar la calidad de los procesos y los resultados de la educación" (PNE: 97). A reserva de conocer el contenido de este acuerdo, todo parece indicar que aterrizará las relaciones y negociaciones que el SNTE ha entablado con el nuevo gobierno a lo largo del año y que, por tanto, será un acuerdo trascendental para la operación del programa.

Preocupa, sin embargo, que el mismo pueda sustituir el "gran acuerdo nacional" propuesto por el Ejecutivo y vemos necesario que se aclare a) si el acuerdo por la calidad educativa que se firmará con el SNTE es parte del acuerdo nacional, b) si se trata de instrumentos independientes, o c) si se prevé que a partir del primero se vayan sumando el resto de los actores convocados.

En adición a esta línea política, el PNE propone otros medios de participación social, que implican: restructurar el Consejo Nacional de Participación Social, crear el Consejo Consultivo de Vinculación para la Educación Media Superior, crear un organismo de consulta integrado por especialistas en educación y promover nuevas formas de participación en el nivel local y escolar.

Estas iniciativas, que son plausibles, pertinentes y hasta urgentes, expresan la disposición de la SEP de ampliar la base de consulta para la definición de estrategias, programas y acciones; aunque también reflejan su propósito de conservar sus atribuciones normativas, rectoras y de toma de decisiones.

El nivel de educación superior, formado por universidades públicas ?autónomas la mayoría, aunque no todas?, instituciones de educación superior, sobre todo tecnológicas, a cargo de la SEP o descentralizadas, y gran número de instituciones particulares de distinto tipo y calidad heterogénea, es el ámbito del sistema en que la necesidad de acuerdos resulta más evidente, así lo reconoce el programa al afirmar que "es necesario actualizar el pacto social en torno a la educación superior, de manera que el esfuerzo gubernamental se multiplique a través de la acciones y los compromisos de las instituciones y de los individuos" (PNE: 185).

A diferencia de otras zonas del sistema, en educación superior se requiere la concertación multilateral entre la SEP y los conglomerados institucionales más representativos, tales como la ANUIES y la FIMPES, la creación o reforzamiento de ámbitos en que pacten los gobiernos con las instituciones oficiales, las autónomas y las particulares, así como la concreción de acuerdos específicos en temas que resultan cruciales, como la distribución del subsidio y las becas, las formas de supervisión de la educación superior particular, las formas de evaluación, acreditación y certificación, las normas comunes para el sistema, entre otros.

Precisamente porque el margen de gobierno de la SEP en este tramo del sistema educativo es mucho más reducido, resulta fundamental el despliegue de una capacidad política para concertar intereses y proyectos.

Naturalmente, el sentido de los acuerdos que se perfilan en el PNE está estrechamente asociado con las estrategias y metas del programa, tema al que se dedicará el siguiente comunicado.

 

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