SABADO Ť 13 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Se habrían sustraído claves de información de los expedientes del Fobaproa

Investigará PGR cuentas en el exterior vinculadas con ex directivo del IPAB

Ť Detectadas, ocho en otras naciones, una de las cuales se encontró en Islas Caimán
Ť Di Costanzo asegura que las indagaciones se extenderán a la administración de Vicente Corta

ISRAEL RODRIGUEZ J.

La Procuraduría General de la República amplió las líneas de investigación sobre las cuentas en el extranjero que pudieran estar vinculadas con acciones ilícitas cometidas por ex funcionarios del IPAB y Bancomext. Los primeros indicios han identificado ocho depósitos en varios países, uno de ellos en Islas Caimán.

Asimismo, los primero indicios demuestran que diversos sobres y claves de la información contenida en los expedientes del extinto Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa) fueron sustraídos. Los contactos para realizar las presuntas actividades ilícitas eran triangulados por una persona que utilizaba un nombre falso y ofrecía el acceso a la junta de gobierno del IPAB para ayudar a la restructura de los pasivos emproblemados.

De acuerdo con Mario Di Costanzo, ex secretario de la Comisión para Investigar el IPAB en la pasada Legislatura, informó que las investigaciones que realizan las autoridades judiciales se remontarán hasta la administración de Vicente Corta como titular del IPAB y a Paulo Diez, ex secretario jurídico del mismo organismo.

Comparecencia ante el Senado

Hasta este viernes, según el instituto, el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez, o alguno de los vocales no habían recibido un citatorio formal por parte de la Unidad Especializada de Combate a la Delincuencia Organizada (UEDO) ni de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo para comparecer; sin embargo, los funcionarios deberán presentarse a explicar los presuntos ilícitos ante el Senado de la República el próximo 24 de octubre.

Fuentes cercanas a la investigación no quisieron revelar más detalles de las cuentas bancarias encontradas en otros países, ni los montos de éstas, por lo delicado de la investigación, pero señalaron que las indagatorias serán exhaustivas. Debido al hermetismo con que se está realizando la investigación, las autoridades no quisieron confirmar ni desmentir dicha información extraoficial.

Sin embargo, el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona, afirmó acerca de los casos de Eugenio González Sierra y León Alberto Shietekat -funcionarios del IPAB y de Bancomext, respectivamente, acusados por una empresa privada de ser responsables de cohecho, que este acto "me parece demasiado elaborado, demasiado proceso y demasiadas personas como para que fuera una estrategia de un solo tiro".

Reyes Orona aseguró: "no vamos a dejar de abordar todas las líneas posibles, porque sí, yo creo que no puede haber tanta gente, tanto esquema preparado para una sola operación por ese monto".

El funcionario de la Secretaría de Hacienda reveló que la investigación se inició en la Procuraduría Fiscal cuando algunas personas, cuyos nombres omitió, denunciaron a los funcionarios, molestas por la forma en que se habían acercado a ellas pretendiendo, supuestamente, vender algún tipo de acceso a la junta de gobierno del IPAB.

En ese sentido, lo que se hizo inmediatamente fue "ponernos en contacto tanto con la Procuraduría General de la República como con la Procuraduría Fiscal de la Federación para tratar de elaborar y de engarzar todos estos elementos, que nos puedan conducir a la posible o presunta responsabilidad de quienes trataban o trataron de traficar con el servicio público".

Por otro lado, este martes, Jesús Ortega, presidente de la fracción perredista en el Senado de la República, solicitará formalmente que el procurador fiscal de la Federación comparezca ante el pleno legislativo para explicar los hechos.

Mano negra

En entrevista radiofónica, Gabriel Reyes confirmó que dentro del IPAB hubo "mano negra" debido a que se perdían los sobres y las claves del Fobaproa y había pláticas en cenáculos oscuros; entonces la "mano negra" eran los funcionarios presumiblemente implicados.

Las investigaciones tratan de determinar, indicó el fiscal considerado por algunos como de Hierro, "si sólo era ese tránsito hacia la junta de gobierno o si pudiera haber algunas otras personas que también trataran de aportar elementos técnicos o de información a ese órgano colegiado para inducirlo al error y concluir en una resolución favorable a los intereses de cierta persona".

El funcionario adelantó que se "citará a comparecer a todos los que sea necesario citar, donde estén y quienes sean".