MIERCOLES Ť 17 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Exigen detener la importación del grano; es asunto de seguridad nacional, dicen

La contaminación de maíz transgénico podría expanderse a todo el país: grupos ambientalistas

JOSE GALAN

Organizaciones ambientalistas, indígenas y campesinas exigieron al gobierno de la República detener la importación anual de unos seis millones de toneladas de maíz presumiblemente transgénico, porque la importación de este tipo de semillas debe ser considerada ya como un asunto de seguridad nacional.

Al celebrarse ayer el Día Mundial de la Alimentación, agrupaciones de carácter civil denunciaron que este tipo de maíz, importado de Estados Unidos principalmente por compañías trasnacionales, no atraviesa por algún tipo de supervisión y carece de certificación respecto a lo que se esté haciendo con las harinas obtenidas con ese tipo de maíces, los cuales actualmente son prohibidos en varios países de Asia y Europa.

Además, denunciaron que con el pretexto de la importación de esos granos, compañías extranjeras como Monsanto realizan labores de bioprospección destinadas a saquear la riqueza etnobotánica de nuestro país, mediante la práctica de la biopiratería.

Luego de que en Puebla y Oaxaca se descubrió que maíz natural fue contaminado por granos genéticamente modificados, las organizaciones no descartaron la posibilidad de que este suceso se expanda a toda la República, pues, explicaron, dichas importaciones son para todo el país, y subrayaron que la península de Yucatán podría ser un área de potencial contaminación, ya que todo el grano que se consume allí corresponde al maíz amarillo, especie particularmente utilizada para la transferencia genética.

Ningún control de calidad del producto, denuncian

Miguel Colunga, del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, denunció que las aduanas y puertos mexicanos no tienen control sobre la calidad y la cantidad de las importaciones. No hay, agregó, ninguna normatividad para detectar semillas contaminadas, e incluso gran parte de la importación de alimentos se hace de manera ilegal, es decir, de contrabando, sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.

"Las importaciones de grano proveniente de Estados Unidos ?país que se ha rehusado a separar el maíz transgénico del tradicional?, las cuales ascienden a más de seis millones de toneladas por año, han producido un efecto devastador sobre la agricultura y la vida campesina, ya que el maíz es el principal cultivo del país", agregó el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Ceccam. "Anualmente se producen más de 18 millones de toneladas, absorbe alrededor de 50 por ciento de la superficie cultivable, y a esta actividad se dedican 3.2 millones de campesinos del país."

Aldo González, de la Sierra Juárez de Oaxaca ?uno de los primeros sitios donde se comprobó la contaminación genética del maíz?, afirmó que las declaraciones de funcionarios respecto de que la contaminación no será grave porque no se difundirá rápidamente o porque aumentará la biodiversidad del maíz "son totalmente irrespetuosas y hasta cínicas. Debido a la forma en que se distribuye el maíz importado de Diconsa a través del Programa de Abasto Rural se nos ha contaminado con semillas patentadas".

La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, a través de Víctor Suárez, informó que esa organización se amparó contra el decreto presidencial del pasado 7 de junio que favorece una importación de maíz sin límite ni control, y además está proponiendo una demanda antidumping contra las importaciones del producto proveniente de Estados Unidos.

Andrés Barreda, profesor de la UNAM y miembro del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular (Casifop), dijo que la contaminación transgénica se suma al proceso de privatización del conocimiento indígena y a la biopiratería de recursos genéticos. "Las mismas compañías que dominan el sector de agrobiotecnología, imponiendo patentes sobre la vida ?como Novartis o Monsanto?, son las que han llevado a cabo labores de piratería de recursos y conocimiento en México".

Silvia Ribeiro, del Grupo ETC-RAFI, planteó que "se pone de manifiesto la facilidad para la introducción ilegal de transgénicos y la contaminación de cultivos nativos, así como la deficiencia de las normas de bioseguridad".