MIERCOLES Ť 17 Ť OCTUBRE Ť 2001
Alejandro Nadal
Wall Street, capital para el terror
Hace unos días el gobierno estadunidense adoptó medidas para socavar las bases financieras de organizaciones sospechosas de estar ligadas al terrorismo internacional. Las disposiciones fueron tomadas al calor de la nueva guerra contra el terrorismo, pero no cambian la raíz del problema.
La política de Washington sobre paraísos fiscales continúa respaldando un sistema que facilita el lavado de dinero y el tránsito de recursos que pueden usar organizaciones terroristas.
En abril pasado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propuso la adopción de una serie de medidas regulatorias sobre prácticas fiscales dañinas. Las medidas están contenidas en un memorándum de entendimiento del Grupo de Acción Financiera (Gafi) de la OCDE.
El memorándum del Gafi busca reducir la evasión de impuestos cuando coexisten prácticas bancarias irresponsables y regímenes fiscales como los de los paraísos fiscales. Algunas de las prácticas que facilitan la evasión de impuestos, como el secreto bancario, simplifican las maniobras de lavado de dinero y el traslado de fondos usados por organizaciones delictivas. Además, prácticas como no preguntar por el origen de fondos y mantener el anonimato de los depositantes y sus clientes, allanan el camino para el movimiento de fondos como parte de delitos financieros.
En Estados Unidos varios estados mantienen un régimen regulatorio digno de un paraíso fiscal y sus prácticas bancarias son deficientes. Por eso muchas empresas rusas han establecido subsidiarias en estados como Delaware para después depositar dinero en el Citibank de Nueva York y el Commercial Bank de San Francisco. Entre 1991 y 2000, más de mil 400 millones de dólares fueron depositados electrónicamente en 236 cuentas de esos dos bancos. Delaware se jacta de ser muy atractivo para el inversionista. El Departamento de Justicia sospecha que ha sido muy exitoso en atraer depósitos de dudosa procedencia. Los estados de Alaska, Colorado, Montana y Nevada mantienen regímenes similares.
La OCDE busca aumentar la transparencia para reducir la evasión de impuestos y hacer más difícil el lavado de dinero. Las medidas que propone hubieran obstaculizado las operaciones que desembocaron en los atentados del 11 de septiembre.
Pero en el extraño mundo del capital financiero, hasta la OCDE se convierte en enemigo de la libertad. En Estados Unidos se movilizaron organizaciones para defender la libre movilidad de los capitales. La organización más activa mantiene una página electrónica (www.freedomandprosperity.org) marcada por una belicosa retórica en contra de la OCDE. Hasta un editorial del Wall Street Journal (4/4/01) comparó el memorándum del Gafi con el Protocolo de Kioto, como si la OCDE fuera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos.
A finales de abril, el secretario del Tesoro, Paul O'Neill rechazó la iniciativa de la OCDE. Resulta irónico que el propio O'Neill haya sido ahora el encargado de aplicar las medidas del gobierno estadunidense congelando fondos de organizaciones vinculadas al terrorismo. Esas medidas son tardías e insuficientes, en parte porque el rechazo al memorándum de entendimiento de la OCDE sigue en pie. Ni aun después del 11 de septiembre se pudo anteponer el interés nacional al de los capitales de corto plazo en su búsqueda de mayores ganancias. El lavado de dinero florece con este flujo de capitales.
Según el Fondo Monetario Internacional, las operaciones de lavado de dinero oscilan entre 2-5 por ciento del PIB mundial, y pueden superar 1.7 billones de dólares. Los mercados accionarios, de derivados y de futuros son clave para reciclar estos fondos e introducirlos a los circuitos financieros normales. Ahora es más fácil recurrir a estos mercados gracias a las transacciones electrónicas. Mercados como el del oro, con gran desarrollo en las plazas de Sudáfrica y los Emiratos del Golfo, también ofrecen terreno fértil para este tipo de operaciones.
Es muy difícil detectar los movimientos de fondos ligados a prácticas delictivas. Pero mientras se rechace la posibilidad de regular el movimiento de capitales, esa tarea será imposible. Tanto Wall Street como la City en Londres han demostrado una hipocresía extraordinaria al quejarse sobre las redes financieras de organizaciones terroristas, y oponerse, al mismo tiempo, a cualquier control sobre flujos de capital.
Estados Unidos rechazó los protocolos de verificación sobre armas biológicas y ahora sufre terrorismo con ántrax. Rechazó la convención sobre minas antipersonales, y sus tropas encontrarán ese peligro en Asia central. Estados Unidos también repudió los controles sobre traslado de fondos de organizaciones delictivas y enfrenta una amenaza terrorista que sería inconcebible sin esos recursos financieros.
El gobierno mexicano, por su parte, da la espalda a la Constitución y prefiere apoyar la ofensiva militar estadunidense en Afganistán.