MIERCOLES Ť 17 Ť OCTUBRE Ť 2001

Ť Se brinda protección a la presunta banda

Indagan explotación laboral de 500 niños indígenas en Veracruz

Ť La denuncia fue interpuesta por comerciantes

ANDRES MORALES CORRESPONSAL

Veracruz, Ver, 16 de octubre. La Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y Protección al Menor inició la averiguación previa 757/2001, por la supuesta explotación laboral de la que serían víctimas más de 500 niños indígenas y un número similar de mujeres, a manos de una banda dedicada al comercio de artesanías en la vía pública.

La investigación al respecto inició a partir de una denuncia que interpuso la Asociación de Comerciantes de Artículos Varios en Puestos Fijos y Semifijos del Puerto de Veracruz, cuyo presidente Mateo Damián Figueroa también acusó a las autoridades municipales de brindar protección a quienes "lucran con la necesidad de los indígenas".

Ivonne Platas, responsable de la agencia del Ministerio Público, señaló por su parte que al momento únicamente se cuenta con el apellido del presunto jefe de la banda de explotadores, Zapot, pues los afectados se han negado a denunciar formalmente la situación. Añadió que no obstante, se elaboraron retratos hablados de personas que estarían involucradas en el ilícito, y la policía ministerial del estado conformó cinco brigadas para localizar a los explotadores.

Desde hace más de un mes, la agrupación de comerciantes porteños denunció ante el alcalde, Ramón Gutiérrez de Velasco, que niños y mujeres indígenas, originarios de Chiapas y Oaxaca, eran utilizados para vender diversos productos en la vía pública.

Pese a que Damián Figueroa y sus agremiados solicitaron la intervención del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la investigación se bloqueó por órdenes del edil. Ante la situación, según Damián Figueroa, "se sospecha que los responsables de la explotación de infantes reciben protección de Gutiérrez de Velasco y otros funcionarios locales".

El dirigente de los comerciantes organizados dio a conocer que la denuncia se presentó este lunes contra quienes resulten responsables. "Los mismos afectados, que en su mayoría no rebasan los 15 años de edad, han denunciado que son objeto de amenazas para cubrir una cuota de venta de artesanías y otros artículos en la vía pública, o de lo contrario se les niega el salario e incluso se les maltrata", aseveró.

Agregó que además de la denuncia penal, se pidió la intervención del DIF estatal para atender a al menos 12 jovencitas que se encuentran embarazadas, "y que probablemente fueron víctimas de abusos sexuales".

Damián Figueroa sostuvo que algunos de los menores, a quienes se trajo en camionetas desde sus estados de origen, pudieron haber sufrido abusos sexuales por parte de los integrantes de la red de explotadores o sus compañeros de trabajo.

"Estamos hablando de que los menores de edad, junto con mujeres y hombres, habitan cuartos en patios de vecindad cercanos al centro histórico, están hacinados y sin condiciones de higiene, según se corroboró en un recorrido previo con personal policiaco", afirmó.