MIERCOLES Ť 17 Ť OCTUBRE Ť 2001
Emilio Pradilla Cobos
La coordinación metropolitana en la reforma política
Aún no se conoce públicamente el resultado de la negociación entre PRI, PAN, PRD y Gobierno del Distrito Federal sobre la reforma política para la capital, la cual se ha desarrollado muy discretamente. Sin embargo, de lo que se informa en los medios de comunicación se desprende que un tema en el que no hay avances es el de la coordinación metropolitana, a pesar de su importancia para el futuro de la gestión de la gran metrópoli.
La fragmentación de la ciudad real, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) en diversas administraciones (gobiernos del DF y estado de México, las 16 delegaciones y los 58 municipios mexiquenses conurbados) y el estatuto de excepción aplicado al DF, que mantiene la intervención del Ejecutivo federal y del Congreso de la Unión en temas locales, constituyen un problema nodal para la adecuada administración de una de las ciudades más grandes del planeta. La metrópoli es una unidad socioeconómica, ambiental y territorial cuya gestión pública y organización social se dividen en múltiples entidades autónomas, con pocas instancias y procesos de coordinación, lo que da lugar a que las políticas públicas y los acuerdos sociales sean insuficientes, en tiempos distintos, inconexos, superpuestos o duplicados, ineficaces e ineficientes.
Las partes de este todo comparten múltiples procesos y problemas. Se asientan sobre la misma cuenca del Valle de México, con recursos naturales limitados, hoy sobrexplotados: escasez de agua potable y urbanización de las zonas de recarga del acuífero; dificultad para evacuar las aguas pluviales y negras, y alto costo de las obras necesarias, con la consiguiente contaminación de mantos acuíferos y corrientes superficiales, del suelo y subsuelo, por la insuficiente y deficiente disposición final de desechos sólidos y peligrosos, y escasez de sitios naturales para su depósito final, así como elevada contaminación del aire, sobre todo por el exceso de flujos vehiculares y la ineficiencia del transporte público.
El desplazamiento de población residente del DF hacia los municipios conurbados da lugar a una excesiva y desordenada urbanización en ellos; y el enorme flujo de población itinerante de éstos a la capital, para trabajar formal e informalmente, consumir y delinquir, utiliza su infraestructura (vialidad y transporte, sobre todo) y servicios sociales (educación y salud), beneficiándose de los subsidios respectivos sin que contribuya al erario capitalino. Hay desarticulación y saturación de la vialidad y el transporte metropolitano común, con impacto nocivo sobre el medio ambiente. Se comparte la fase de declinación del crecimiento económico y la desindustrialización acelerada en ambas partes, que les impiden ofrecer empleo productivo a toda la fuerza de trabajo de la metrópoli, con sus efectos de empobrecimiento, informalización y delincuencia, como problemas sociales agudos.
La gran movilidad intrametropolitana del crimen organizado y la delincuencia incidental, en un marco de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con jurisdicciones diferenciadas y legislaciones distintas, dificulta notoriamente el combate al crimen.
Estos y muchos otros temas deberían ser abordados conjuntamente, en forma permanente, para llegar a acuerdos operativos sobre las políticas a aplicar, las inversiones a realizar y los procedimientos de gestión, independientemente de la filiación política o la ideología de los participantes. Toda política o acción aplicada en una parte de la ciudad afecta a la otra, y si éstas son opuestas, producen problemas mayores que los que pretenden resolver.
La Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana y sus comisiones sectoriales constituyen un avance real, pero la ausencia de obligatoriedad para las partes de los acuerdos logrados y las diferencias políticas entre los actores han limitado notoriamente su eficacia y efectividad.
Ante los grandes retos presentes y futuros parece evidente que la reforma constitucional que sustentará la reforma política para el DF debería incluir soluciones efectivas a este problema crucial de la gestión metropolitana. Valdría la pena abordar la posibilidad de crear un gobierno metropolitano dotado de organismos conjuntos de gestión de infraestructuras y servicios públicos, así como un fondo metropolitano de inversión para el desarrollo.
Cabe recordar que hay otras metrópolis mexicanas que enfrentan la misma problemática, quizá en grados menores, que podrían encontrar una salida a partir de la solución aportada para la mayor metrópoli del país. Podría también pensarse en una reforma constitucional que abra el camino de solución a todas las metrópolis, para evitar una situación adicional de excepcionalidad en el caso de la ZMVM. Los actores políticos tienen la respuesta.