viernes Ť 19 Ť octubre Ť 2001
Silvia Gómez Tagle
Transparencia
Hoy en México se exhibe públicamente un escándalo que ya muchos sospechábamos: la corrupción en el IPAB. Al mismo tiempo que se sigue discutiendo en el Congreso una reforma fiscal, que si bien es indispensable para arrancar los programas de desarrollo, como ha señalado el presidente Fox, también supone que los mexicanos paguemos más impuestos. Y la pregunta que muchos nos hacemos es: Ƒpara beneficio de quién más impuestos?
Un caso de extorsión que ha sido ampliamente documentado por la PGR con métodos sofisticados de espionaje, ha mostrado que Eugenio González Sierra, secretario jurídico adjunto del IPAB, en colaboración con León Alberto Schiatekat, director de Investigaciones de Bancomext, exigieron al Grupo Bursátil Mexicano (GBM) un millón y medio de dólares a fin de ejercer su influencia para que el IPAB aprobara la negociación de su deuda, la cual asciende a 596 millones de pesos. Según fuentes informadas la operación habría sido aprobada de todas maneras porque resultaba benéfica para todas las partes; sin embargo, esto no disminuye la significación del delito cometido por estos funcionarios y pone en evidencia métodos de operación que han prevalecido en esa institución con toda impunidad por muchos años, porque seguramente no fue el primero ni el único.
Otra decisión extremadamente sospechosa del IPAB es la que involucra la venta del complejo turístico Las Hadas en Colima. Este fue adjudicado a la empresa Landmark Organization, en marzo de 2000, por la cantidad de 15 millones 80 mil dólares (cuando en 1974 había costado más del doble). En junio del mismo año, Landmark revendió Las Hadas por 17 millones 160 mil 703 dólares, con lo que la empresa extranjera ganó 2 millones 80 mil 703 dólares, mismos que salieron del país. Hasta la fecha el IPAB se ha negado a proporcionar datos concretos de las ofertas que se recibieron en la supuesta subasta, lo cual hace pensar que prevalecieron intereses personales para aceptar la oferta de Landmark, siendo que sólo tres meses después había compradores dispuestos a pagar sumas más elevadas. ƑPor qué no se informó a todos los inversionistas posibles de esta opción? Una operación de esta magnitud no puede obedecer a una decisión sorpresiva de una empresa y el número de clientes posibles debe ser lo suficientemente limitado como para que los directivos del IPAB pudieran informarles sobre el procedimiento de la subasta.
En el archivo de las operaciones discrecionales del IPAB están las maniobras con las carteras de los pagarés que han sido malbaratadas (como es el caso de pagarés con cargo a los hermanos del presidente Fox). Y las operaciones, mucho más cuantiosas, para los rescates bancarios de Banamex y Bancomer, del Atlántico y Bital, y la venta de los activos de Bancrecer a Banorte, entre muchos otros. Ahora el presidente de la Comisión Nacional de Defensa del Usuario de Servicios Financieros, Angel Aceves Saucedo, considera que el IPAB no es ni eficiente ni eficaz cuando nunca parece haber hecho gran cosa.
Hay que recordar que fue Carlos Medina Plascencia y el también panista, hoy presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Fauzi Hamdan, junto con Francisco José Paoli Bolio, los responsables de que el Congreso haya aprobado la creación del IPAB a partir de una legislación que elaboró y redactó un grupo de diputados priístas (Dionisio Meade y Jorge Steffan, entre otros) el primer semestre de 1999, intentando corregir u ocultar los errores del Fobaproa, y poner a salvo los intereses del gobierno de Zedillo y de los empresarios e inversionistas beneficiados en ese sexenio.
Por cierto, hay que hacer justicia. El PRD ha sido el partido que más insistentemente ha denunciado estas irregularidades desde el sexenio anterior.
Los hechos que han salido a la luz pública en estas semanas evidencian la complicada red de complicidades que ha existido en el manejo del rescate bancario que viene del sexenio anterior, pero que involucra a políticos y funcionarios actuales, así como a la misma Secretaría de Hacienda, por lo que es indispensable la intervención directa del Congreso de la Unión, donde están representadas todas las fuerzas políticas, con el fin de promover una revisión a fondo tanto de las decisiones del pasado, como dar transparencia a los proyectos para el futuro. Estos proyectos pueden involucrar, entre otras cosas, los fondos para el retiro de más de 25 millones de asalariados: 460 mil millones de pesos al cuarto bimestre de 2001 (La Jornada, 14/10/01, p. 21).
Es impostergable que Vicente Fox lleve a sus últimas consecuencias las investigaciones de la PGR sobre el IPAB y los antecedentes del rescate bancario, a fin de garantizar transparencia en las decisiones que involucran a las instituciones bancarias y las finanzas públicas, antes de pretender que los mexicanos depositemos nuestra confianza en el gobierno y estemos dispuestos a aceptar nuevos impuestos.