MEXICO S.A.

Ť Carlos Fernández-Vega

CONCLUYE LA SEGUNDA semana desde que se hizo público el más reciente "problema" de credibilidad y transparencia en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha dado "luz" sobre la ampliación de sus investigaciones en torno a los presuntos ilícitos cometidos por funcionarios del IPAB y el supuesto arraigo que "en pocos días" practicaría en contra de su secretario ejecutivo, Julio César Méndez Rubio.

LO ANTERIOR NO RESULTA DEL todo sorprendente, dada la clásica tranquilidad con la que opera en algunos casos el aparato que dice procurar la justicia en el país. Lo que sí es digno de llamar la atención es el hecho de que Julio César Méndez Rubio violara la rígida ley de omerta imperante en el instituto, como antes en el Fobaproa, y se animara a dar la cara ante los medios de comunicación para reconocer públicamente que está dispuesto a seguir sacrificándose en aras de la nación, el "saneamiento" bancario y la estabilidad institucional.

LA ABNEGADA OFRENDA del secretario ejecutivo del IPAB, dejando a un lado cualquier consecuencia para él y sus intereses personales, fue registrada por los medios de comunicación: "En primer lugar, sería irresponsable desde mi punto de vista en este momento, que yo presentara mi renuncia por una cuestión que espero sea aislada y que el funcionamiento del instituto ha venido caminando adecuadamente. Mi compromiso aquí sigue siendo con el instituto y con su gente, y por el momento seguiré adelante". Mayor muestra de humildad y entrega, imposible.

EL ALTRUISTA FUNCIONARIO público reconoció, tácitamente, que en su equipo de asesores no sólo participan Juan Orol, sino los eminentes libretistas del Libro Policiaco: "Esperamos que no vayan a descubrirse cadáveres en el clóset", toda vez que las investigaciones de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y, supuestamente, de la PGR en torno a las presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del IPAB, como en el caso de Eugenio González Sierra, ex secretario adjunto Jurídico del instituto, siguen su curso. "No esperamos más implicados, más no lo descartamos", resumió Méndez Rubio.

PERO NO SOLO DIO MUESTRAS de abnegación, sino de capacidad y resultados: de cada peso que el erario público ha destinado al interminable "saneamiento" bancario, el IPAB ha recuperado, como promedio, 17 centavos. La situación, sin lugar a dudas, ha mostrado una contundente mejoría dado que en tiempos del Fobaproa el compromiso gubernamental fue recuperar hasta 30 centavos por peso sacrificado, prácticamente el doble de lo actual. De hecho, el más reciente negocio que concretó el instituto fue la venta de pesos a 1.16 centavos, en el caso de la "desincorporación" de Bancrecer.

LO ANTERIOR NO ARREDRO al secretario ejecutivo del IPAB, quien sostuvo que si los precios pactados en las operaciones de venta fueron bajos "es porque el mercado los validó", exigiendo, por ello, que su ridículo nivel no se impute a "una cuestión de eficiencia". Eso sí, tuvo la cortesía de reconocer el trabajo de conjunto: "Las decisiones han sido colegiadas (léase Junta de Gobierno) y tomadas en el seno del instituto con agentes externos como los bancos y las administradoras de cartera".

CABE RECORDAR QUE LA Junta de Gobierno del IPAB está constituida por el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz; el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez; el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis, y los cuatro vocales "independientes" designados por el presidente de la República (en este caso Ernesto Zedillo) y aprobados por el Senado de la República (en este caso panistas y priístas), a saber, Adalberto Palma Gómez, Carlos Isoard y Viesca, Alejandro Creel Cobián y Humberto Murrieta Necoechea. Los dos últimos personajes mencionados fueron citados a declarar por la Secodam para responder a una denuncia ciudadana presentada en su contra por "conflicto de intereses". El ciudadano denunciante no es otro que el procurador fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.

MÉNDEZ RUBIO REIVINDICO la "eficiencia" y "pulcritud" del IPAB, y dijo que las cosas han marchado bien. Y qué bueno que hizo público el comentario, porque de inmediato salieron en su defensa, con novedosas evaluaciones. Entre los representantes de los grupos financieros que le hicieron el favor al erario nacional de comprarle pesos a centavos, por medio de la generosidad del instituto, se cuenta el Grupo Santander-Serfin y su representante Carlos Gómez y Gómez, ex presidente de la Asociación de Banqueros de México, quien rechazó que el "rescate" bancario se haya puesto en marcha con el inaudito fin de beneficiar a los accionistas de los bancos. Por ello, clarificó el panorama: "Fue para proteger a los ahorradores".

GOMEZ Y GOMEZ, A QUIEN el gobierno salinista le asignó, en marzo de 1992, el otrora Banco Mexicano (Somex) que una vez "rescatado" vendió al hispánico Grupo Santander, lo que automáticamente lo convierte en una persona neutral y sin conflicto de intereses en el tema, consideró que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario "nació en un momento difícil y logró destrabar al país, que se encontraba en un momento muy grave. Si dentro del IPAB hay algún culpable de manejos ilícitos debe de ser castigado con todo el peso de la ley, pero en él hay gente honesta y profesional con gran capacidad; el Instituto ha logrado que el sistema financiero se consolide en un tiempo récord, por lo que no es correcto que paguen justos por pecadores. Santander tiene absoluta tranquilidad sobre las operaciones que hizo con el IPAB y siempre ha tenido una excelente relación".

MIENTRAS LA AUTORIDAD DE "luz" en este caso, si es que realmente la va a dar, declaraciones como las anteriores, en boca de un banquero "saneado" por el erario nacional, se convierten, casi, en un poema.

Las rebanadas del pastel: