Ť Se requiere para consignarlo por ejercicio indebido

Por ignorancia negó un juez orden de aprehensión contra Espinosa: PGR

Ť El defensor del ex regente descarta que la petición proceda, porque en la solicitud de extradición sólo se incluyó peculado

GUSTAVO CASTILLO GARCIA Y ANGEL BOLAÑOS

Autoridades de la Procuraduría General de la República indicaron que por desconocimiento del derecho internacional el juzgado quinto de distrito en materia penal rechazó la solicitud de orden de aprehensión en contra de Oscar Espinosa Villarreal.

La defensa del ex secretario de Turismo afirmó que las acusaciones por ejercicio indebido del servicio público no procederán, pues el gobierno mexicano no pidió a la Corte de Nicaragua que incluyera en la sentencia de extradición de Espinosa Villarreal la posibilidad de enjuiciarlo por otros ilícitos.

La juez Olga Sánchez Contreras rechazó en días pasados la solicitud de la PGR, lo que obligó a una nueva consignación, esta vez ante el juzgado sexto de distrito, para que se cumplan los requisitos legales que permitan a las autoridades mexicanas mediante la cancillería instaurar en Nicaragua un nuevo juicio de extradición (como se llama de manera técnica) en contra del ex funcionario, según el subprocurador de la PGR Gilberto Higuera Bernal.

Higuera Bernal, subprocurador A de Procedimientos Penales, señaló: "se trató de una decisión que respetamos, pero no abandonaremos esta lucha jurídica, pues existen elementos que indican que debe ser llevado ante los tribunales; la culpabilidad o no de Oscar Espinosa Villarreal compete determinarla a los jueces; nosotros haremos la parte que nos corresponde".

Puntualizó que una vez que se obtenga la orden de aprehensión contra Espinosa Villarreal, las autoridades mexicanas iniciarán este nuevo juicio de extradición, "porque cuando solicitas una extradición tienes que presentar una orden de aprehensión, porque si no, qué sentido tendría la extradición".

Confió en que pronto la PGR contará con los mandamientos judiciales; sin embargo, el ex secretario de Turismo y ex regente de la ciudad de México no puede ser detenido por delitos cometidos antes del 8 agosto (fecha en que regresó a México) sin que la Suprema Corte de Justicia de Nicaragua lo autorice.

Lo anterior debido a que en todos los acuerdos en materia de extradiciones del mundo se asienta que cuando se concede la extradición de un presunto delincuente, no podrá ser detenido y llevado a juicio por delitos cometidos antes de su repatriación hasta en tanto las instancias que autorizaron su envío no certifiquen que se trata de acusaciones por hechos criminales y no de carácter político.

Otro cargo

Oscar Espinosa Villarreal enfrenta un juicio en el fuero común, ya que está acusado por peculado por un monto de 420 millones de pesos, imputaciones que originaron su fuga de México en agosto del año 2000 y posterior juicio de extradición en Nicaragua.

Al ex funcionario federal se le señala ahora como presunto responsable de haber utilizado de manera indebida 1.5 millones de pesos del presupuesto de la Secretaría de Turismo para viajes personales y haber otorgado de manera ilegal (sin licitación) el contrato de una obra relacionada con el proyecto de la mariposa monarca por un monto de 400 mil pesos.

Al respecto, el defensor Alonso Aguilar Zinser señaló: ''hemos reiterado de manera enfática que de acuerdo con la sentencia de extradición dictada por la SCJ de Nicaragua y por el texto del tratado de extradición, Espinosa no puede ser juzgado, sancionado o detenido por hechos distintos al cargo de peculado.

"En los términos en que fue dictada la sentencia ?señaló?, quedó excluida la posibilidad de solicitar la anuencia del gobierno de Nicaragua para hechos distintos a los que fueron materia de esa extradición, ya que no le fue pedida a la Corte nicaragüense esa posibilidad.''

Se suspende audiencia

En el juzgado cuarto penal, con sede en el Reclusorio Norte, se suspendió la audiencia del proceso en contra de Oscar Espinosa Villarreal al no presentarse tres de los cinco testigos, quienes realizaron las auditorías a los ejercicios presupuestales de 1996 y 1997 del DDF, en el caul se detectó el peculado en los cuales presuntamente incurrió el ex funcionario por más de 420 millones de pesos.

Ayer acudieron a la diligencia los contadores Fernando Ortiz Marín y Yolanda Razo Soriano, que continúan prestando sus servicios en la Contraloría General del Gobierno de la ciudad, mientras Roberto Muñoz Leos, Manuel Ascencio González y Antonio Flores Ortiz, quienes trabajan ahora en la Secretaría de la Contraloría del gobierno federal, no fueron notificados, por lo que la defensa pidió que se soliciten a la dependencia sus domicilios a efecto de volverlos a citar.